Un juez de Bilbao investiga una estafa de 600.000 euros a varios inversores

Algunos clientes fueron ampliando el capital invertido progresivamente, dadas las ganancias obtenidas con las primeras entregas. El nivel econ¨®mico de los estafados es medio alto y entre ellos hay comerciales, industriales y alg¨²n profesor. Tambi¨¦n result¨® perjudicada una familia que invirti¨® lo ¨²nico que ten¨ªa, los 18.030 euros que recibi¨® el padre como indemnizacion tras ser despidido.

La tapadera bajo la que se realizaban las operaciones son supuestas sociedades con nombre respetable y visos de solvencia, Inmobiliaria Gran V¨ªa y Financiera Gran V¨ªa. Ninguna de las dos consta en el Registro Mercantil, pero ambas razones comerciales eran utilizados en sus operaciones financieras por C. F. G., quien tambi¨¦n alteraba ligeramente su segundo apellido seg¨²n las circunstancias. La supuesta estafa se prolong¨® desde finales de 1999 hasta hace un par de meses, cuando cerca de 20 clientes interpusieron denuncias al dejar de percibir intereses y no poder tampoco recuperar su inversi¨®n.

El inicio del proceso judicial no impidi¨® que el presunto estafador prosiguiera su captaci¨®n de clientes. La semana pasada todav¨ªa se pod¨ªan leer sus anuncios en algunos peri¨®dicos. El implicado argument¨® en su declaraci¨®n ante el juez que instruye el caso que hab¨ªa contratado la publicidad para un a?o, seg¨²n han informado medios relacionados con el caso. Lo ¨²nico que alter¨® cuando se destap¨® el supuesto fraude fue el lugar de la cita con los clientes. La vivienda del n¨²mero 2 de la Gran V¨ªa fue sustituida por hoteles de Bilbao.

Cantidades reinvertidas

Los denunciantes, seg¨²n consta en sus escritos, se?alan que C. F. G. se aprovechaba de la confianza que en ¨¦l ten¨ªan depositados los clientes y que ¨¦ste consigui¨® que fueran ampliando las cantidades de dinero invertidas, sin tener ninguna intenci¨®n de devolver las mismas en las condiciones pactadas.

Por ejemplo, J. T. V. realiz¨® una primera inversi¨®n por un importe de 6.010 euros en febrero de 2000. El supuesto estafador le garantiz¨® la devoluci¨®n de la cantidad invertida a trav¨¦s de la entrega de un tal¨®n nominativo contra su cuenta de la Caja Laboral por el importe principal de 6.010 euros y el abono de los intereses pactados. El cliente renov¨® su inversi¨®n original en septiembre, ampli¨¢ndola en otros 6.010 euros, bajo la promesa de un inter¨¦s superior al inicialmente pactado. En garant¨ªa de devoluci¨®n del dinero original se le entregaron dos nuevos talones por 6.010 euros cada uno. A d¨ªa de hoy, el denunciado le adeuda m¨¢s de 16.000 euros.

La forma de actuar ha sido id¨¦ntica en todos los casos. En el primer a?o, la financiera cumpl¨ªa escrupulosamente con el pago de los elevados intereses pactados, siempre muy por encima de los habituales en el mercado. De esta forma se ganaba la confianza del cliente a quien, una vez llegaba el vencimiento del tal¨®n entregado para la devoluci¨®n del dinero invertido, convenc¨ªa para renovar la inversi¨®n con una rentabilidad m¨¢s alta. Para ello, entregaba un nuevo tal¨®n como garant¨ªa de devoluci¨®n del primero y recuperaba as¨ª el tal¨®n primitivo. Asimismo, consegu¨ªa que los talones que supuestamente compon¨ªan la inversi¨®n principal no fuesen nunca presentados al cobro, ya que los entregaba a sabiendas de que no hab¨ªa fondos, seg¨²n consta en la investigaci¨®n judicial.

Entre 300 y 400 talones

En los documentos mercantiles se puede apreciar que los talones est¨¢n firmados por la esposa del denunciado, M. D. A. M., quien presuntamente estaba al corriente de la operaci¨®n, seg¨²n la investigaci¨®n. Sin embargo, en su declaraci¨®n ente el juez, neg¨® tal extremo y asegur¨® que lo desconoc¨ªa, a pesar de haber firmado entre 300 y 400 talones.

El abogado de un grupo de denunciantes ha solicitado una indemnizaci¨®n de 180.000 euros, lo que ha sido asumido por la Fiscal¨ªa. El otro representante legal, que defiende los intereses de seis clientes supuestamente estafados, prev¨¦ pedir 90.000 euros por el mismo motivo. El denunciado ha declarado ante el juez que tanto ¨¦l como su familia son insolventes y que no puede hacer frente a las cantidades reclamadas ni tampoco a las indemnizaciones.