PP y PSOE propondr¨¢n destituir a los cargos municipales de Batasuna

Gobierno, PP y PSOE acordaron ayer en la Comisi¨®n T¨¦cnica del Pacto Antiterrorista nuevas medidas para asfixiar pol¨ªticamente a Batasuna. Populares y socialistas decidieron proponer la modificaci¨®n de la Ley Electoral Vasca para que Batasuna deje de percibir subvenciones de las instituciones de Euskadi. Tambi¨¦n propondr¨¢n la destituci¨®n de los concejales del brazo pol¨ªtico de ETA de cualquier tipo de responsabilidad municipal.

Los representantes de ambos partidos quieren evitar lo sucedido en Orio (Guip¨²zcoa, la localidad de donde era concejal la ¨²ltima v¨ªctima de ETA, Juan Priede), donde un concejal de Batasuna preside una comisi¨®n municipal. En otras localidades, presiden incluso empresas municipales.

Estaban Gonz¨¢lez Pons, del Grupo Popular, se?al¨® que la destituci¨®n de los cargos locales de Batssuna y la eliminaci¨®n de cualquier posible subvenci¨®n son medidas 'previas y preparatorias de la futura disoluci¨®n' de dicho partido por decisi¨®n judicial.

Adem¨¢s de estas dos nuevas medidas, la Comisi¨®n T¨¦cnica del Pacto Antiterrorista -representada ayer por el secretario de Estado de Organizaci¨®n Territorial, Gabriel Elorriaga; el portavoz del PP en el Senado, Esteban Gonz¨¢lez Pons; la responsable municipal del PP, Ana Romero; y Carlos Urquijo, en nombre del PP vasco; as¨ª como V¨ªctor Garc¨ªa, por el Partido Socialista de Euskadi, y ?lvaro Cuesta, de la Ejecutiva Federal del PSOE- tambi¨¦n acord¨® proponer en el Parlamento vasco la modificaci¨®n de su ley electoral para que los interventores municipales puedan estar empadronados en otras circunscripciones.

Esta posibilidad tambi¨¦n se incluir¨¢ en la ley electoral general.

Reuni¨®n el d¨ªa 10

S¨®lo dos cuestiones importantes quedaron pendientes para una nueva reuni¨®n de la Comisi¨®n T¨¦cnica, prevista para el 10 de abril: la creaci¨®n del Fondo P¨²blico de Ayuda a los Concejales y los supuestos de disoluci¨®n de una corporaci¨®n municipal por parte del Consejo de Ministros.

Populares y socialistas estuvieron ayer de acuerdo en la creaci¨®n de un fondo para sufragar los gastos de seguridad de los ediles en el Pa¨ªs Vasco, pero dejaron sin cerrar una posible reforma de la ley de Financiaci¨®n de Pertidos que permita la existencia de donaciones privadas de car¨¢cter finalista, destinadas a sufragar los gastos de seguridad de los concejales amenazados, y regule sus efectos fiscales.

En cuanto a la suspensi¨®n de una corporaci¨®n municipal por parte del Consejo de Ministros, ambos partidos est¨¢n de acuerdo en aplicarla en los siguientes supuestos: que el ayuntamiento d¨¦ cobertura al terrorismo con su actuaci¨®n; que exalte a los terroristas o sus actuaciones; que humille a las v¨ªctimas o a sus familiares; o que se impida el normal trabajo de los concejales.

Aunque a¨²n tiene que redactarse el texto definitivo, la previsi¨®n es que sean las diputaciones las que se hagan cargo de la gesti¨®n de un ayuntamiento disuelto por estas circunstancias hasta que se celebren las siguientes elecciones municipales ordinarias.

Asimismo, los partidos firmantes del Pacto Antiterrorista presentar¨¢n dos proposiciones de ley en el Congreso para plasmar otras tantas iniciativas: La personaci¨®n de los ayuntamientos como acusaci¨®n particular en los procedimientos penales derivados de delitos o faltas cometidas contra concejales de las fuerzas pol¨ªticas democr¨¢ticas; y la modificaci¨®n de la Ley Electoral para incluir entre las causas de inelegibilidad la condena, aun no siendo por sentencia firme, por un delito de amenazas a un concejal o su familia o por delito contra sus bienes.

Populares y socialistas tambi¨¦n acordaron modificar la legislaci¨®n electoral y local para que, cuando se agote la lista de candidatos suplentes a un Ayuntamiento como consecuencia de las amenazas, la diputaci¨®n correspondiente pueda designar concejales a otras personas propuestas por los partidos afectados.

Asimismo se garantizar¨¢ la confidencialidad del registro de intereses de los ediles por el procedimiento de que las diputaciones sean sus depositarias.