La 'venta' del Protocolo de Kioto

El Protocolo de Kioto ha descendido del altar de la ciencia a las cuentas empresariales, que es donde se va a cocer su aplicaci¨®n. Su aterrizaje ha convulsionado a los sectores identificados como los principales emisores de los gases que provocan el efecto invernadero, el aumento de la temperatura y una mayor frecuencia e intensidad de las cat¨¢strofes naturales.

Los c¨¢lculos m¨¢s optimistas cifran en m¨¢s de 1.650 millones de euros (el 0,1% del PIB) el coste anual de aplicar el Protocolo de Kioto en Espa?a. Sectores como el energ¨¦tico, las cementeras, la metalurgia, las papeleras o el cer¨¢mico han asumido ya que ser¨¢n los primeros de la fila en cambiar su modelo de producci¨®n, porque son los que m¨¢s emiten CO2, el mayor responsable (70%) del efecto invernadero.

Aplicar este protocolo en Espa?a costar¨¢ al menos 1.650 millones de euros, el 0,1% del PIB

El transporte y la agricultura generan el 52% de las emisiones de CO2 en Espa?a, pero, al resultar tan compleja la identificaci¨®n de las fuentes unitarias de esas emisiones, tanto Naciones Unidas como la UE han preferido empezar por lo m¨¢s f¨¢cil, las grandes instalaciones fabriles que queman combustibles f¨®siles.

Los plazos para reducir esas emisiones se echan encima, as¨ª como el desarrollo de mecanismos que disminuyan la contaminaci¨®n. Uno de estos mecanismos son los incentivos fiscales, y el otro es el acceso a un mercado donde puedan adquirir y vender los excedentes de emisiones sobre las cuotas que el Estado les asigne.

La UE deber¨ªa aprobar antes de que finalice este a?o una directiva reguladora de ese comercio. El borrador que ahora se discute ha generado tanta pol¨¦mica que siete de los 15 Estados de la UE han solicitado una reserva de estudio, o, lo que es lo mismo, su aplazamiento. Espa?a no lo ha hecho porque no quedar¨ªa bien hacerlo mientras ocupa la presidencia y dirige los trabajos de su redacci¨®n. Pero con toda seguridad lo har¨¢ cuando concluya su turno presidencial porque as¨ª lo ha pedido la CEOE, seg¨²n Rodolfo Gij¨®n, jefe de estudios de asuntos industriales de la patronal y coordinador de los sectores industriales que participan en los tres grupos creados por la CEOE y la Oficina del Cambio Clim¨¢tico. Aunque el calendario corre a toda prisa, nadie conf¨ªa en que la directiva est¨¦ lista para fin de a?o. Todos quieren estudiar cu¨¢nto les va a costar y c¨®mo se hace el reparto de ese coste.

Sobre la base del inventario nacional de emisiones, el Estado tiene la obligaci¨®n de otorgar derechos de emisiones a cada instalaci¨®n industrial mediante una distribuci¨®n de la carga concedida a Espa?a por el Protocolo de Kioto, que es para el periodo 2008-2012 un 15% m¨¢s de lo que se emit¨ªa en 1990, 226.057 toneladas equivalentes de CO2. Las previsiones se?alan que se ha superado en casi 29 puntos las emisiones de 2000.

Todos est¨¢n ansiosos por conocer c¨®mo se har¨¢ el reparto de la carga, que deber¨¢ estar decidido para junio del 2004, y poder estrenar el comercio de emisiones en enero de 2005. ?Se otorgar¨¢n topes absolutos a cada instalaci¨®n? ?Por sectores? ?Por comunidades aut¨®nomas? Cualquiera de las opciones implica consecuencias econ¨®micas trascendentales. Un ejemplo: una cementera obsoleta que tiene concedido un permiso de emisi¨®n de 300 toneladas de CO2 tiene dos opciones si se plantea seguir creciendo: o compra m¨¢s derechos de emisiones, que en Espa?a se calcula costar¨¢n entre 5 y 30 euros la tonelada, o cierra la f¨¢brica y vende sus derechos con los que financia otra planta en un pa¨ªs en desarrollo. Si opta por esta alternativa, todos los operarios espa?oles se ir¨ªan al paro.

Varios pa¨ªses se entrenan en el ejercicio de compraventa de derechos de emisiones. El Reino Unido, con clara voluntad de que Londres se convierta en la bolsa europea y mundial del comercio de emisiones, iniciar¨¢ ese mercado en abril. En discrepancia con la directiva europea que lo hace vinculante, su mercado excluye al sector energ¨¦tico y ser¨¢ voluntario. Ya se han apuntado 46 de las mayores empresas. Holanda ha puesto en marcha un modelo de mercado propio, igual que Dinamarca. El que no corre vuela. De hecho las grandes empresas espa?olas afectadas est¨¢n integradas en las organizaciones europeas que hacen lobby sobre la directiva y mentalizan a sus ejecutivos para lo que se les viene encima.