Espa?a acumula en el Tribunal Europeo diez denuncias por infracciones ecol¨®gicas

Espa?a no es un pa¨ªs especialmente perezoso a la hora de trasponer normas europeas, ambientales, pero s¨ª es el que acumula m¨¢s denuncias por incumplirlas. El Tribunal de Justicia de la UE tramita en la actualidad diez denuncias contra el Estado espa?ol, entre las que destaca una por la mala calidad de las aguas de ba?o. Grecia fue el primer pa¨ªs en ser sancionado hace dos a?os, por el p¨¦simo estado del vertedero Kouroupitos, en Creta, y Espa?a podr¨ªa ser el segundo en tener que pagar una sanci¨®n: 45.600 euros diarios hasta que se solucionase el problema.

En la reciente Cumbre de Barcelona de mediados de marzo se ha recordado que los Quince se hab¨ªan comprometido a tener adaptada a su legislaci¨®n nacional el 98,5% de las normas comunitarias. Espa?a es uno de los seis Estados que cumplen ese objetivo, pero acumula m¨¢s de 700 procedimientos por el incumplimiento de esas mismas normas, en su mayor¨ªa ambientales. Diez de ellos son denuncias formales planteadas por la Comisi¨®n ante el Tribunal de Luxemburgo.

Un portavoz comunitario calcula que una de cada cinco quejas medioambientales que se plantean en la UE se dirigen contra Espa?a. 'Hay otros pa¨ªses, como Portugal, que apenas genera denuncias, aunque su situaci¨®n medioambiental no sea mejor. Quiz¨¢ hay en Espa?a una mayor sensibilidad o una desconfianza hacia las autoridades que no se da en otros pa¨ªses'.

La Comisi¨®n Europea investiga el cumplimiento de los deberes de los Estados mediante encuestas anuales y a trav¨¦s de las quejas que formulan organizaciones ecologistas y particulares. Cuando el incumplimiento est¨¢ fundamentado inicia procedimientos de infracci¨®n. Si en el curso de este tr¨¢mite no se rectifica, la Comisi¨®n lleva el caso al Tribunal de Justicia, donde se acumulan diez denuncias contra Espa?a. ?stas son las m¨¢s graves:

- Mala calidad de las aguas de ba?o. Espa?a super¨® el plazo de trasposici¨®n y despu¨¦s incumpli¨® la legislaci¨®n comunitaria sobre calidad de aguas de ba?o continentales, que establece, entre otros, l¨ªmites a la presencia de bacterias fecales. El caso se arrastra desde 1986. Hace cuatro a?os, el tribunal conden¨® a Espa?a por este asunto. En mayo del a?o pasado la Comisi¨®n comprob¨® que Espa?a hab¨ªa mejorado pero concluy¨® que s¨®lo el 79,2% de las aguas interiores cumplen los requisitos legales. De ah¨ª que presentara una nueva denuncia para que aplicara una sanci¨®n, que est¨¢ estudiando el tribunal. Hasta la fecha, la UE s¨®lo ha aplicado en una ocasi¨®n la posibilidad vigente desde el Tratado de Maastrich (1993) de multar a un pa¨ªs. Grecia fue condenada en julio de 2000 a pagar 20.000 euros diarios por el vertedero de Creta. A mediados del a?o pasado, una vez puesto en marcha un plan de tratamiento de residuos, se levant¨® la sanci¨®n. Durante el a?o pasado, Espa?a ha progresado en la aplicaci¨®n de medidas correctoras, lo que quiz¨¢ le salve de la multa.

- Vertidos irregulares. Siete vertederos est¨¢n bajo la lupa del tribunal. En febrero de 2001, y tras varios avisos, la Comisi¨®n denunci¨® a Espa?a por el estado de los vertederos de Torreblanca (M¨¢laga), Cap de Barberia (Formentera), Las C¨¢rcavas (Madrid), San Lorenzo de Tormes y Priaranza del Bierzo (Le¨®n), Sa Roca (Ibiza) y El Campello (Alicante). Incumpl¨ªan la norma que fija los requisitos de las instalaciones y la eliminaci¨®n de residuos. El de las C¨¢rcavas ha sido ya clausurado por el Ayuntamiento de Madrid.

- Evaluaci¨®n del impacto medioambiental. Espa?a, como otros cinco pa¨ªses de la UE, no ha adaptado a tiempo 'el instrumento jur¨ªdico principal de medio ambiente', que es la directiva sobre evaluaci¨®n de las repercusiones de determinadas obras p¨²blicas y privadas en el medio natural. La directiva de 1985 fue modificada en 1997. Espa?a ha esperado hasta mayo pasado a publicar una ley que recogiera estos cambios, tras un conflicto interno entre el ex secretario de Estado, Benigno Blanco y Dolores Carrillo, ex directora de Calidad Ambiental. Pese a la puesta al d¨ªa, el procedimiento de infracci¨®n sigue su curso.

- Ferrocarril de velocidad alta en Tarragona. La denuncia se present¨® en enero de 2001 por considerar que Espa?a no hab¨ªa estudiado las repercusiones ambientales de la l¨ªnea de velocidad alta entre Valencia y Tarragona a la altura de Oropesa, seg¨²n establece la directiva de impacto ambiental antes mencionada.

- Aguas residuales urbanas. Las administraciones central y auton¨®micas deber¨ªan haber clasificado las masas de agua afectadas por procesos eutr¨®ficos (exceso de nutrientes y fitoplancton) o las contaminadas por aguas residuales. Ten¨ªa que haber aplicado, adem¨¢s, el tratamiento de depuraci¨®n adecuado. Tal incumplimiento movi¨® a la Comisi¨®n Europea a denunciar el caso en abril del a?o pasado.

- Control de la contaminaci¨®n. Espa?a ha descuidado una de las leyes m¨¢s importantes, la de IPPC (Prevenci¨®n y Control Integrados de la Contaminaci¨®n). El pasado d¨ªa 7 de marzo, el Tribunal de Justicia conden¨® a Espa?a por haber superado en tres a?os el plazo previsto para adaptar a la legislaci¨®n espa?ola esta norma, que ten¨ªa que estar aprobada en noviembre de 1999. Y la Comisi¨®n anunci¨® una nueva denuncia si la situaci¨®n persist¨ªa. La ley se encuentra en tramitaci¨®n parlamentaria y se prev¨¦ su aprobaci¨®n despu¨¦s del verano. De ser as¨ª, el proceso no continuar¨ªa.

Las otras denuncias ante el Tribunal Europeo contra Espa?a se refieren al incumplimientos de las directivas sobre PCB, el contenido de CO2 en fuel y el el uso confinado de microorganismos modificados gen¨¦ticamente. Otros procedimientos que no han llegado al nivel de denuncia se han abierto por no aplicar programas para reducir 99 sustancias peligrosas contenidas en bater¨ªas y acumuladores y no evaluar el impacto de la incineradora de La Palma. Tambi¨¦n hay procedimientos de infracci¨®n por el vertedero de Zuazo, la mala calidad del agua potable en Alicante y Catalu?a, la caza de aves migratorias o la transformaci¨®n de regad¨ªos en Villaf¨¢fila (Zamora). El Ministerio de Medio Ambiente ha rehusado hacer comentarios.