'Es el avance jur¨ªdico internacional m¨¢s importante desde 1945'
Juan Antonio Y¨¢?ez es embajador jefe de la delegaci¨®n espa?ola para la Corte Penal Internacional. Negoci¨® el estatuto y sus desarrollos posteriores. Es uno de los diplom¨¢ticos de inteligencia m¨¢s fina del servicio exterior espa?ol. Asesor para Asuntos Internacionales de Felipe Gonz¨¢lez en los primeros a?os de los Gobiernos socialistas, fue posteriormente embajador ante la ONU antes de ocupar su puesto actual.
Pregunta. ?Le sorprende la rapidez con que se han conseguido las 60 ratificaciones necesarias para poner en marcha la Corte Penal Internacional?
Respuesta. No del todo. Hab¨ªa razones para suponerlo as¨ª: la importancia de los compromisos que supone suscribir un tratado como el Estatuto de Roma, potenciales complicaciones constitucionales o legales en muchos pa¨ªses e incluso la actitud reservada u hostil de pa¨ªses importantes, como Estados Unidos. Sin embargo, en este caso creo que han jugado otros factores, como el sentimiento cada vez m¨¢s extendido, sobre todo a partir de lo vivido en los Balcanes y en el centro de ?frica, de que existe una necesidad acuciante en el plano internacional de hacer frente juntos a comportamientos b¨¢rbaros e inaceptables para una conciencia civilizada. Pero adem¨¢s se ha ido desarrollando una alianza muy eficaz entre Gobiernos comprometidos con ese proyecto -y en primer lugar, la UE-, diversas instituciones internacionales y una amplia coalici¨®n de ONG.
'Lo que me parece importante es que la comunidad internacional disponga de los medios para perseguir y castigar conductas inaceptables'
'Con esta corte se pone en marcha una instituci¨®n judicial de car¨¢cter permanente y de alcance potencialmente universal'
P. ?Qu¨¦ cambia?
R. El Estatuto de Roma de 1998 supone el avance m¨¢s importante en el orden jur¨ªdico internacional desde la Carta de San Francisco, que cre¨® las Naciones Unidas en 1945. Con la diferencia de que entonces se trataba ante todo de organizar las relaciones entre los Estados; ahora la ambici¨®n es mayor, porque se trata de proteger a personas y a pueblos contra agresiones brutales, como el genocidio, los cr¨ªmenes de lesa humanidad o los graves cr¨ªmenes de guerra. Con esta corte se pone en marcha una instituci¨®n judicial de car¨¢cter permanente y alcance potencialmente universal.
P. ?Est¨¢ la CPI generando expectativas desmesuradas?
R. Es posible. Aunque el estatuto entre en vigor el pr¨®ximo 1 de julio, habr¨¢ que elegir los magistrados y fiscales y poner en marcha todo lo necesario en La Haya, de tal manera que la nueva instituci¨®n pueda comenzar a funcionar dentro de un a?o. Incluso entonces entrar¨¢ en un periodo de rodaje antes de que se pueda decir que est¨¦ plenamente operativa. Lo que me parece importante es que, incluso desde ahora, la perspectiva de la pr¨®xima creaci¨®n de la corte est¨¢ ya ejerciendo una influencia considerable en numerosos pa¨ªses, que est¨¢n poniendo al d¨ªa sus legislaciones y sus mecanismos judiciales para dotarse de los medios para combatir los cr¨ªmenes de trascendencia internacional. Eso se corresponde con lo que pretende el estatuto, puesto que la corte s¨®lo entrar¨¢ a conocer asuntos determinados si no hay un Estado cuyos tribunales sean competentes y est¨¦n genuinamente dispuestos a ocuparse de ellos.
P. ?Es mejor la CPI que la jurisdicci¨®n universal proclamada por algunas leyes nacionales, como en B¨¦lgica o en Espa?a?
R. Son v¨ªas alternativas, ambas con asiento en el derecho internacional, y que deber¨ªan ser compatibles y complementarias. Puede haber casos en que la corte no sea competente y s¨ª lo sean los tribunales de determinados Estados, y a la inversa. En la pr¨¢ctica, va a depender mucho de los asuntos concretos, de qu¨¦ instancia tendr¨ªa en cada caso mejor acceso a las pruebas o mayores probabilidades de disponer de los sospechosos o acusados para llegar al juicio. Y tambi¨¦n de otro factor: cu¨¢l ser¨ªa la jurisdicci¨®n que mejor ser¨ªa aceptada por los pa¨ªses afectados de una u otra manera por el caso. La ventaja de la CPI es que ser¨¢ una instituci¨®n internacional, que en principio deber¨ªa ser vista como independiente e imparcial.
P. ?Cree que disuadir¨¢ a los criminales o dictadores, futuros Pinochet o Milosevic? ?O que se resistir¨¢n a¨²n m¨¢s a ceder el poder sabiendo que les espera un juicio por cr¨ªmenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio?
R. Es muy dif¨ªcil saber con certeza el efecto disuasorio de las normas penales, incluso en el ¨¢mbito interno. Aunque el consenso de la gran mayor¨ªa de los pa¨ªses es que si se dotan de sistemas penales es porque consideran que sirven para algo. La cosa se complica a¨²n m¨¢s con megal¨®manos sin escr¨²pulos que son en ¨²ltima instancia los responsables de los delitos de los que se ocupar¨¢ la futura corte. Evidentemente, para ellos la conquista y el disfrute del poder es el alfa y omega de su comportamiento, y todo lo dem¨¢s son consideraciones de orden secundario. Lo que me parece importante es que la comunidad internacional disponga de los medios para perseguir y castigar conductas inaceptables para un m¨ªnimo orden mundial y que las v¨ªctimas tengan una esperanza de que alg¨²n d¨ªa se les har¨¢ justicia.
P. ?De qu¨¦ sirve un tratado que no quiere Estados Unidos, ni China ni India ni la mayor parte de los pa¨ªses ¨¢rabes?
R. El Estatuto de Roma ha sido firmado por 139 Estados, incluyendo Estados Unidos, varios pa¨ªses ¨¢rabes y muchos otros pa¨ªses que a¨²n tienen dudas o problemas en ratificarlo. Eso quiere decir que, al menos, comparten sus principios y la necesidad de que exista una instituci¨®n como ¨¦sa, aunque todav¨ªa no est¨¦n dispuestos a asumir las obligaciones que implica el estatuto. Aunque la ausencia de varios de esos pa¨ªses, y en particular de EE UU, en la fase inicial de la vida de la corte va a detraer de su universalidad y de su eficacia. Pero esperamos que la din¨¢mica que se pone en marcha, que creo irreversible, as¨ª como la solidez y solvencia de las actuaciones de la corte, les convenza de la conveniencia de sumarse lo antes posible.
P. ?Puede Espa?a, como presidencia del Consejo de la UE, hacer algo m¨¢s para impulsar esta causa?
R. A partir de junio de 2001 contamos con una posici¨®n com¨²n que articula una pol¨ªtica de la UE en cuanto tal en favor del estatuto y de la puesta en marcha de la CPI. Espa?a fue de los primeros pa¨ªses en abogar por concertar esa pol¨ªtica com¨²n, y ahora nos corresponde ponerla en pr¨¢ctica en una serie de planos: gestiones constantes ante terceros pa¨ªses, actuaci¨®n en la Comisi¨®n Preparatoria de la CPI que se re¨²ne en Nueva York, apoyo a los preparativos concretos que est¨¢n en marcha en La Haya para albergar a la corte dentro de pocos meses... Siempre se puede hacer m¨¢s, pero nos estamos empleando a fondo en lograr el objetivo que perseguimos. Partimos con una gran ventaja: la firmeza en las convicciones y la unanimidad de las fuerzas pol¨ªticas con representaci¨®n parlamentaria, que se ha manifestado sin fisuras a todo lo largo del proceso y en la ratificaci¨®n del estatuto.
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