Aznar quiere imponer su criterio
El presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, mantiene que el Pacto Antiterrorista, que suscribi¨® hace 16 meses junto a Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero a iniciativa de los socialistas, no es troceable. Por eso, el PP y el Gobierno entienden que el PSOE no puede enmendar ahora un texto legal, el redactado por el Ejecutivo sobre la reforma de la Ley de Partidos Pol¨ªticos, cuyo principal objetivo es ilegalizar a Batasuna.
La nueva fractura entre populares y socialistas surge en plena ofensiva del PP, tras el nombramiento del nuevo secretario general del PSE, Patxi L¨®pez.
Los socialistas ponen reparos, aunque defienden la necesidad de la norma. Diego L¨®pez Garrido, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional y portavoz socialista ante la Comisi¨®n Constitucional del Congreso, califica de 'frivolidad' la actitud del PP de exigir que se diga s¨ª a todo el anteproyecto.'
L¨®pez Garrido, que cuenta con llevar la direcci¨®n socialista en la tramitaci¨®n de esta ley, se muestra favorable a 'reformar la regulaci¨®n preconstitucional de los partidos pol¨ªticos con atenci¨®n hacia Batasuna, en un momento en que el fen¨®meno del terrorismo est¨¢ tan presente'.
Consenso necesario
El diputado socialista considera que 'se trata de una ley cuasi constitucional, porque fija las reglas del juego democr¨¢tico (como el Reglamento del Congreso o la Ley Electoral), por lo que hace falta recurrir al consenso'.
En cuanto al texto del anteproyecto gubernamental, L¨®pez Garrido cree 'necesario introducir mejoras para que sea constitucional y, adem¨¢s, se sume el m¨¢ximo posible de partidos'.
Entre las modificaciones que desean introducir los socialistas figura que s¨®lo el Ministerio Fiscal pueda 'instar la ilegalizaci¨®n de Batasuna' y se suprima la legitimaci¨®n de 50 diputados, 50 senadores y el Gobierno.
Sin el acuerdo del PSOE, el Pacto Antiterrorista sufrir¨ªa una de sus crisis m¨¢s importantes. Sin embargo, el PP apenas quiere hacer variaciones en el articulado, al que es probable que propongan sugerencias el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, a los que se ha remitido el anteproyecto.
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