EE UU facilitar¨¢ la transferencia de tecnolog¨ªa militar a Espa?a
Washington y Madrid cooperar¨¢n en materia de contraespionaje
Estados Unidos se compromete a reducir 'las barreras innecesarias o desproporcionadas al flujo de tecnolog¨ªas e informaci¨®n t¨¦cnica' de car¨¢cter militar hacia Espa?a, seg¨²n la Declaraci¨®n de Principios para el Desarrollo de la Cooperaci¨®n en Materia de Equipamiento e Industria de Defensa firmada por el jefe del Pent¨¢gono, Donald Rumsfeld, y su hom¨®logo espa?ol, Federico Trillo-Figueroa.
Facilitar la transferencia de tecnolog¨ªa militar de EE UU a Espa?a, el acceso de las empresas espa?olas a los contratos del Pent¨¢gono y la entrada de capital estadounidense en las empresas espa?olas de Defensa son los tres objetivos, m¨¢s o menos expl¨ªcitos, del documento firmado el 10 de abril en Madrid por Trillo-Figueroa y el 4 en Washington por Rumsfeld.
El texto no es jur¨ªdicamente vinculante, pero sirve como marco pol¨ªtico e impulso para posteriores acuerdos t¨¦cnicos y comerciales. Su importancia se deduce del hecho de que sea una traducci¨®n casi textual del documento firmado en febrero de 2000 por EE UU y el Reino Unido, su principal aliado.
Algunos puntos, como la seguridad de los suministros o la armonizaci¨®n de los controles a la exportaci¨®n de armamentos, se inspiran en la Letter of Intent (LOI) suscrita en 1998 por los ministros de Defensa de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Espa?a y Suecia, lo que da idea del inter¨¦s de EE UU por no quedar al margen de la construcci¨®n a¨²n incipiente de una industria europea de Defensa. Madrid es la segunda capital europea, tras Londres, que firma un texto as¨ª con el Pent¨¢gono.
La declaraci¨®n compromete a Washington a 'tomar las medidas necesarias para garantizar que las empresas espa?olas, cuando desarrollen sus actividades en los Estados Unidos, reciban un tratamiento no menos favorable que las empresas estadounidenses cuando desarrollen sus actividades en Espa?a'. Este compromiso no pone a las empresas espa?olas en igualdad de condiciones con las americanas, pero obliga a aplicar el principio de reciprocidad y permitir¨¢ al Gobierno de Madrid exigir que no se vete a sus compa?¨ªas por razones pol¨ªticas, como en el pasado.
Ambas Administraciones se proponen 'eliminar o mitigar las disposiciones legales y reglamentarias, pol¨ªticas y pr¨¢cticas que requieran o favorezcan la participaci¨®n de la industria nacional en sus adquisiciones de defensa'. La piedra de toque de estas intenciones ser¨¢ la compra de 45 aviones de patrulla mar¨ªtima por la Guardia Costera de EE UU, un contrato que podr¨ªa suponer para CASA-EADS m¨¢s de 600 millones de euros.
La transferencia de tecnolog¨ªa militar, a la que Washington ha puesto siempre trabas, incluso con sus aliados, como comprob¨® Espa?a cuando compr¨® los cazas F-18 en los a?os ochenta, lleva aparejada una serie de medidas para evitar su filtraci¨®n a terceros.
Los dos Gobiernos compartir¨¢n informaci¨®n 'en materia de contraespionaje, seguridad p¨²blica y proliferaci¨®n de armamentos; de seguridad industrial; de lucha contra el espionaje econ¨®mico; y de infracciones de los controles sobre la exportaci¨®n'. Se trata de garantizar medidas de seguridad 'suficientes y adecuadas' para poder 'agilizar la transmisi¨®n de informaci¨®n clasificada'.
Los dos pa¨ªses se proponen tambi¨¦n 'mejorar los procedimientos para la exportaci¨®n a terceros pa¨ªses de bienes producidos conjuntamente', como las fragatas espa?olas de Izar vendidas a Noruega con el sistema de combate Aegis de la estadounidense Lockheed Martin.
Adem¨¢s, se comprometen a 'no imponer por razones de seguridad restricciones innecesarias o desproporcionadas respecto de la propiedad o la gesti¨®n de sus empresas' y a 'fomentar la mayor libertad posible en las inversiones transfronterizas en la industria de defensa'. Un p¨¢rrafo que parece justificar a posteriori la venta de la empresa p¨²blica Santa B¨¢rbara a General Dinamycs.
Insumisi¨®n sin pena
El pleno del Congreso aprob¨® ayer por unanimidad el proyecto de ley que modifica el C¨®digo Penal com¨²n y el militar para despenalizar la insumisi¨®n. El PP acept¨® una enmienda de CiU para que los procesos contra 4.000 j¨®venes pendientes de sentencia se archiven de oficio, igual que los antecedentes de los ya condenados. La oposici¨®n recrimin¨® al Gobierno su tardanza en solucionar este problema, ya que el servicio militar obligatorio desapareci¨® el pasado 31 de diciembre. Por su parte, el ministro de Justicia, ?ngel Acebes, asegur¨® que la reforma es 'oportuna' y que la tramitaci¨®n urgente y en lectura ¨²nica del proyecto permitir¨¢ su entrada en vigor en unos 20 d¨ªas. Hasta entonces, si el Gobierno no lo remedia, seguir¨¢n en prisi¨®n siete insumisos.
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