El acuerdo de EE UU con Espa?a sobre servicios secretos no ir¨¢ al Parlamento

Los acuerdos que regular¨¢n la intervenci¨®n en Espa?a de los servicios de investigaci¨®n criminal de EE UU y las medidas de protecci¨®n de la fuerza estadounidense en territorio espa?ol no formar¨¢n parte del nuevo convenio bilateral de Defensa y, en consecuencia, no pasar¨¢n por el Parlamento, al contrario que los m¨²ltiples canjes de notas y anejos que acompa?an al tratado vigente. El documento que hoy firmar¨¢n en La Moncloa el secretario de Estado de EE UU, Colin Po-well, y el ministro de Asuntos Exteriores espa?ol, Josep Piqu¨¦, consta de 54 art¨ªculos, tres disposiciones adicionales y una final.

Aunque la renegociaci¨®n del convenio con EE UU se present¨® como una 'revisi¨®n t¨¦cnica', las reformas acordadas han sido 'sustanciales en contenido y extensi¨®n', seg¨²n el propio Piqu¨¦.

El articulado del convenio, cuya vigencia se prorroga al menos hasta el 2010, sufre numerosas modificaciones y al mismo se le a?aden una declaraci¨®n de principios sobre cooperaci¨®n en equipamientos e industria de Defensa, suscrito por el responsable del Pent¨¢gono, Donald Rumsfeld, y por su hom¨®logo espa?ol, Federico Trillo-Figueroa, y una nota verbal sobre asuntos laborales. Esta ¨²ltima prev¨¦ la constituci¨®n de una comisi¨®n mixta, que en un plazo de seis meses intentar¨¢ resolver el conflicto planteado por los 1.200 trabajadores espa?oles de la base de Rota (C¨¢diz).

Lo parad¨®gico es que, si esta comisi¨®n llega a un acuerdo de fondo sobre relaciones laborales, habr¨¢ que modificar el anejo 8 y reformar por tanto el convenio que se firma hoy. Razones de oportunidad pol¨ªtica, seg¨²n fuentes gubernamentales, han aconsejado no esperar seis meses, aunque la vigencia del actual tratado llegaba hasta mayo de 2003.

Este asunto ha quedado, sin embargo, eclipsado por la inclusi¨®n en el convenio, a petici¨®n de EE UU, de una serie de medidas derivadas de la situaci¨®n posterior a los atentados del 11-S.

La m¨¢s pol¨¦mica de ellas es la autorizaci¨®n para que operen en Espa?a el Servicio de Investigaci¨®n Criminal Naval (NCIS) y la Oficina de Investigaciones Oficiales de la Fuerza A¨¦rea.

Seg¨²n el nuevo art¨ªculo 17 del convenio, ambos servicios podr¨¢n investigar 'en conjunci¨®n con sus hom¨®logos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia espa?oles sobre asuntos de inter¨¦s com¨²n que afecten a personal o bienes de EE UU'.

Piqu¨¦ y Trillo-Figueroa intentaron el lunes disipar los recelos de la oposici¨®n asegurando que dichos servicios actuar¨¢n con escrupuloso respeto a la soberan¨ªa espa?ola. Los diputados tendr¨¢n que dar un 'voto de confianza al Gobierno', en palabras del portavoz de Coalici¨®n Canaria Luis Mardones, pues las 'normas reguladoras' sobre la actuaci¨®n de estos servicios figurar¨¢n en un acuerdo aparte, aun por negociar, que no pasar¨¢ por el Parlamento. Quien no dar¨¢ ning¨²n voto de confianza es IU, que ayer calific¨® de 'absolutamente inconstitucional' el acuerdo.

Aunque el NCIS est¨¢ desde hace a?os en Espa?a (agentes destinados en Rota realizaron una operaci¨®n antidroga en Gibraltar en 1993), hasta ahora carec¨ªa de cobertura legal para actuar fuera de las bases o sobre personas distintas a los propios marineros estadounidenses.

Esta agencia, que cuenta con 1.600 agentes y dirige un civil pese a su car¨¢cter militar, es a la vez un servicio investigaci¨®n policial, un centro de contrainteligencia y una unidad de protecc¨ª¨®n, lo que resulta dif¨ªcilmente encajable en el marco legal espa?ol.

La actuaci¨®n de estos servicios, que recopilar¨¢n informaci¨®n sobre posibles atentados contra las fuerzas norteamericanas, se completar¨¢ con un acuerdo sobre normas y procedimientos de protecci¨®n, centrado en las visitas de buques y aeronaves de EE UU, que ya est¨¢ acordado y en breve firmar¨¢n los dos departamentos de Defensa. Tampoco pasar¨¢ por el Parlamento.