El fiscal pide siete a?os de c¨¢rcel para S¨¢enz de Santamar¨ªa por un aborto

El ginec¨®logo Germ¨¢n S¨¢enz de Santamar¨ªa present¨® ayer una querella por presunta prevaricaci¨®n continuada contra la juez y el fiscal que le acusan de un delito de aborto ilegal, juicio que se ver¨¢ el pr¨®ximo martes en la Audiencia Provincial de M¨¢laga. El m¨¦dico sustenta su denuncia en la supuesta existencia de una treintena de irregularidades procesales como la vulneraci¨®n del derecho a la defensa o de la obligaci¨®n de fundamentar las resoluciones judiciales. La fiscal¨ªa pide para Santamar¨ªa 7 a?os de c¨¢rcel y 10 de inhabilitaci¨®n por un aborto practicado en 1999 a una joven de 16 a?os sin el consentimiento de sus padres. El ginec¨®logo arremeti¨® contra quienes pretenden poner 'un burka judicial' a las mujeres para que no ejerzan sus derechos.

La querella se dirige contra la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de M¨¢laga, Mar¨ªa Teresa Guerrero, y el fiscal adscrito al juzgado, Fernando Bentabol. Entre sus argumentos sostiene que Santamar¨ªa y otro ginec¨®logo tambi¨¦n encausado no fueron citados como imputados al comienzo del proceso y que muchos recursos han sido resueltos sin la preceptiva fundamentaci¨®n jur¨ªdica, vulnerando as¨ª su derecho a la defensa.

El m¨¦dico -que ya fue encarcelado de forma preventiva en tres ocasiones por delitos de aborto y desacato- tendr¨¢ que volver a sentarse el martes en el banquillo de los acusados, justamente por esta causa. Por ser reincidente, el ministerio p¨²blico le pide 7 a?os de c¨¢rcel y 10 de inhabilitaci¨®n profesional. Para el otro ginec¨®logo, Polidio A. C. -quien no se ha sumado a la querella- el fiscal, solicita cinco a?os de prisi¨®n e igual tiempo de inhabilitaci¨®n. La joven que cometi¨® el aborto no est¨¢ imputada.

Muchacha de 16 a?os

El aborto que origin¨® la causa fue practicado por ambos facultativos en M¨¢laga, en marzo de 1999, a una chica que entonces ten¨ªa 16 a?os y estaba en su segundo mes de gestaci¨®n. Ella dio su consentimiento, pero carec¨ªa de la autorizaci¨®n paterna. La interrupci¨®n del embarazo lleg¨® a conocimiento de las instancias judiciales a ra¨ªz de la denuncia que la joven present¨® poco tiempo despu¨¦s contra su compa?ero en un juzgado de Roquetas de Mar (Almer¨ªa), donde viv¨ªa la pareja, por malos tratos. En represalia, el acusado denunci¨® que la menor hab¨ªa abortado sin autorizaci¨®n de sus padres. De oficio, se abri¨® otra investigaci¨®n por el aborto que se remiti¨® a M¨¢laga, dado que la cl¨ªnica donde se hab¨ªa practicado estaba en esta ciudad.

Seg¨²n Bentabol, Santamar¨ªa cometi¨® un delito de aborto porque 'al ser menor, el consentimiento de la joven no vale, deber¨ªan haberlo dado los padres'. El ginec¨®logo sostuvo ayer que la ley s¨®lo exige la autorizaci¨®n de la embarazada, que la chica hab¨ªa estado en numerosas ocasiones acogida por la Junta, que estaba emancipada y conviv¨ªa con un hombre mayor de edad, situaci¨®n que sus padres conoc¨ªan. Adem¨¢s, record¨® una sentencia de la Audiencia Provincial de M¨¢laga por un caso similar en la que, en 1992, se reconoci¨® la capacidad de consentimiento a una emancipada de 16 a?os que abort¨®.

Santamar¨ªa lament¨® que un caso de malos tratos -cuya denuncia se desconoce c¨®mo acab¨®- haya terminado en un juicio por aborto, tras lo que tach¨® a algunos miembros del Poder Judicial de 'mamporreros de los torturadores de mujeres'. Para el m¨¦dico, que tiene dos causas pendientes por el mismo delito en C¨®rdoba y Granada, la acusaci¨®n 'es una muestra del talibanismo judicial practicado por aquellos que quieren poner a las mujeres un burka mediante el uso de las leyes para que no puedan ejercer sus derechos'.

El fiscal dijo ayer que no hubo irregularidades y que si se hubiera producido alg¨²n error, se habr¨ªa anulado el proceso. La juez no pudo ser localizada.