Europa frente a las mafias

Como gran cuesti¨®n pol¨ªtica del futuro, las opciones ideol¨®gicas y pol¨ªticas progresistas plantean la creaci¨®n de estructuras institucionales de control de lo que la globalizaci¨®n tiene de salvaje y de redistribuci¨®n suficiente de la riqueza, con miras a la consecuci¨®n de un suelo b¨¢sico de bienestar a todo ser humano. Sin acabar con la radical y creciente segmentaci¨®n econ¨®mica se antoja imposible la eliminaci¨®n de cualquier desorden global, singularmente la derivaci¨®n precisa en que consiste el crimen organizado. En cualquier caso, desde esa ideolog¨ªa la funci¨®n sist¨¦mica de reequilibrio econ¨®mico pertenece a la pol¨ªtica. ?Qu¨¦ le corresponde a ese entramado de sujetos y organizaciones que llamamos justicia? Algo de extrema importancia, si advertimos la clara vinculaci¨®n que existe entre el capital financiero y la gran delincuencia organizada.

Como ha destacado parte de la sociolog¨ªa cr¨ªtica, la econom¨ªa criminal global constituye la expresi¨®n m¨¢s acabada del desorden de la globalizaci¨®n. El desbarajuste llega al terrible extremo de que ni siquiera podemos calcular el -en cualquier caso enorme- monto de la masa monetaria que mueve de un modo u otro. Sin embargo, sabemos que es suficiente como para poner al borde del abismo a la mayor parte de los Estados desarrollados. Esa econom¨ªa se estructura en organizaciones mafiosas de tipo empresarial, con una acusada base nacional y/o ¨¦tnico-cultural, y se articula a nivel mundial mediante una red de alianzas estrat¨¦gicas entre organizaciones an¨¢logas. Conocemos tambi¨¦n que su campo de actuaci¨®n viene determinado por cualquier actividad prohibida, razonablemente o no, susceptible de beneficio, singularmente el tr¨¢fico de drogas, de armas y material nuclear y de seres humanos. Por su parte, el blanqueo de capitales dota de sentido a la mafia al conectarla con la sociedad legal y a partir de ella con las instituciones p¨²blicas. Cuando ello ocurre ya no hay posibilidad de respuesta : s¨®lo se puede acabar con el crimen cuando todav¨ªa es detectable como tal.

En efecto, el asalto a las instituciones leg¨ªtimas es la primera de las tareas de la criminalidad organizada, que dedica a la corrupci¨®n pol¨ªtica uno de sus cap¨ªtulos fundamentales de gasto por una simple cuesti¨®n de supervivencia. Ello es muy preocupante en los pa¨ªses con sistemas sociales e institucionales desarrollados y estables, pero es decisivo en los del segundo o tercer mundo, donde acaba con las instituciones democr¨¢ticas emergentes, a¨²n d¨¦biles. Estos mismos pa¨ªses padecen con mayor rigor los desajustes producidos por los enormes flujos del dinero mafioso, un capital de circulaci¨®n r¨¢pida, presto por naturaleza a aceptar inversiones de fuerte riesgo y por ende especialmente desestabilizador. La deslegitimaci¨®n del poder p¨²blico, si ¨¦ste es incapaz de r¨¦plica, es directamente proporcional a la del orden social, econ¨®mico y jur¨ªdico que se supone deber¨ªa asegurar. Dir¨ªase que la econom¨ªa ilegal, la sociedad civil negra, es el mayor aliado t¨¦cnico del neoliberalismo.

?Qu¨¦ recetas son razonables frente al tipo de delincuencia aqu¨ª considerada? Invertir en integraci¨®n y desarrollo en el mundo es invertir en seguridad. Ese principio debe estar en la vanguardia de cualquier pol¨ªtica progresista. Junto a ello, el acercamiento de la socialdemocracia a la gran delincuencia ha dejado, afortunadamente, de minusvalorar el nivel policial y judicial de respuesta al crimen global organizado. Si la Uni¨®n Europea puede llegar a ser el paradigma pol¨ªtico con el que contestar los dislates de la mundializaci¨®n, el conocido tercer pilar de su ordenamiento (Justicia e Interior) est¨¢ llamado a articular de modo decisivo la respuesta democr¨¢tica a la delincuencia global. Pero, en la disyuntiva respecto a la profundidad del compromiso con el tercer pilar, la tesis de la simple cooperaci¨®n entre los Estados, conservando cada uno de ellos la soberan¨ªa total en las cuestiones del sistema penal, como ocurre en la actualidad, me parece claramente insuficiente para afrontar con posibilidades de ¨¦xito la lucha contra el crimen.

La integraci¨®n comunitaria, y por lo tanto la cesi¨®n de soberan¨ªa por parte de los Estados hacia la Uni¨®n Europea, es la respuesta adecuada no s¨®lo por una cuesti¨®n morfol¨®gica o por una raz¨®n de tama?o, sino porque es la manera sustantiva de crear una legislaci¨®n penal ¨²nica que elimine los vac¨ªos y diferencias legales tan aprovechados por las mafias. Adem¨¢s, s¨®lo la integraci¨®n optimiza la suma de esfuerzos al nivel b¨¢sico de la informaci¨®n, an¨¢lisis y tratamiento de la criminalidad, y ¨²nicamente ella racionaliza adecuadamente el gasto p¨²blico en esta materia. Hablar de puesta en com¨²n de pol¨ªticas de tanto alcance implica considerar seriamente una Constituci¨®n espec¨ªfica para Europa.

La elaboraci¨®n de una Constituci¨®n europea, con su consiguiente sistema de derechos y libertades fundamentales y de garant¨ªas de los mismos, es una necesidad no muy sentida por los europeos, probablemente porque todos los pa¨ªses de la UE tienen sus propias Constituciones democr¨¢ticas, con las que sus ciudadanos ven razonablemente bien cubiertas sus necesidades de tutela de derechos. Sin embargo, desde un punto de vista general, estrat¨¦gico si se quiere, una Constituci¨®n propia dotar¨ªa a la Uni¨®n Europea de una fuerza ¨¦tica y pol¨ªtica relevante en sus relaciones internacionales, sobre todo a la hora de pedir a cualquiera de sus actores, particularmente a EE UU, que acomoden a la tradici¨®n del garantismo democr¨¢tico cualquier respuesta leg¨ªtima al terrorismo y a la criminalidad global. A los efectos aqu¨ª considerados, un estatuto espec¨ªficamente europeo de derechos fundamentales es adem¨¢s el antecedente l¨®gico de cualquier regulaci¨®n penal en com¨²n. Porque el derecho penal tutela en negativo los bienes y valores que la Constituci¨®n describe en positivo.

Construir un sistema penal europeo significa comunitarizar al menos la legislaci¨®n relativa al paquete de delitos ya referidos en el actual Tratado de la Uni¨®n Europea (terrorismo, narcotr¨¢fico, tr¨¢fico de armas y seres humanos, corrupci¨®n y fraude). Los sistemas legales del continente y los anglosajones han alcanzado el suficiente grado de madurez como para permitirlo. La legislaci¨®n com¨²n tendr¨ªa que ir acompa?ada de la potenciaci¨®n de Europol en el nivel policial y de la daci¨®n, al menos, de competencia de enjuiciamiento casacional al Tribunal de la Uni¨®n Europea en los delitos indicados, y con arreglo a una proyecci¨®n territorial concreta del principio de subsidiariedad que articula el reparto objetivo de competencias en la UE. Es hora de que, mediante un avance c¨ªvico y pol¨ªtico, hagamos el armaz¨®n institucional de lo que puede y debe ser la respuesta democr¨¢tica europea a la gran delincuencia organizada.

Jos¨¦ Antonio Alonso es vocal del Consejo General del Poder Judicial.