La sentencia abre la v¨ªa a nuevas reclamaciones

La diputada Margarita Uria, del PNV, interpret¨® ayer que la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la reclamaci¨®n de la familia de Normi Menchaca abre la puerta a que el Ministerio del Interior apruebe la indemnizaci¨®n a familias de otras v¨ªctimas. Entre esos casos, Uria recuerda el de las cinco v¨ªctimas mortales, obreros todos ellos, tras una manifestaci¨®n celebrada el 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

Otro caso que podr¨ªa ser revisado a ra¨ªz de esta sentencia de la Audiencia Nacional es el de las dos v¨ªctimas de la violencia de ultraderecha en la concentraci¨®n de Montejurra de mayo de 1976. 'Estos casos', vaticina Uria, 'se aprobar¨¢n en la misma direcci¨®n'. La diputada del PNV estima que deber¨ªa aprobarse una proposici¨®n de ley para revisar otros casos ya sentenciados en contra de los solicitantes de indemnizaci¨®n o incluso no presentados. Estos casos corresponden a muertos al final de la dictadura y al comienzo de la transici¨®n que todav¨ªa no han sido tenidos en cuenta por la Ley de V¨ªctimas del Terrorismo que es aplicable desde 1968.

Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, se?al¨® ayer tras conocer la sentencia: 'Nos gustar¨ªa que este caso sirviera para que por fin la Ley de V¨ªctimas se aplique con el mismo esp¨ªritu con el que recibi¨® el respaldo un¨¢nime de todos los partidos. Es decir, que se utilice sin mirar de qu¨¦ parte o en qu¨¦ momento hist¨®rico cayeron las v¨ªctimas. Que nuestro reconocimiento sea para todas'.

Hace unos meses, Interior aprob¨® una indemnizaci¨®n a favor de la familia de Josu Muguruza, diputado de HB que muri¨® asesinado por ultraderechistas en Madrid en noviembre de 1989, por 23 millones de pesetas. Interior hab¨ªa denegado la indemnizaci¨®n en un principio con el argumento de que la Audiencia Nacional sentenci¨® que el diputado de HB no fue asesinado por una banda armada, requisito que seg¨²n la Comisi¨®n de Evaluaci¨®n era imprescindible para beneficiarse de la Ley. La familia de Muguruza recurri¨® la decisi¨®n y el ministerio pidi¨® asesoramiento al Consejo de Estado, que apoyo la concesi¨®n de la indemnizaci¨®n de 23 millones de pesetas a dicha familia.