Ley de Partidos

Una reforma de la Ley de Partidos con el ¨²nico apoyo del PP es un paso atr¨¢s respecto a la situaci¨®n actual. La actitud del Gobierno, empujando al PSOE a quedar fuera del consenso, trabaja en esa direcci¨®n. Y si el PSOE queda fuera, ello ser¨¢ una invitaci¨®n a que tampoco la aprueben los nacionalistas catalanes. Si tal fuera el resultado, la iniciativa no habr¨ªa servido para legitimar pol¨ªtica y jur¨ªdicamente la eventual ilegalizaci¨®n de Batasuna, y en cambio se habr¨ªa abierto una brecha entre los firmantes del Pacto Antiterrorista.

En su dictamen sobre el texto del Gobierno, el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) se dividi¨® siguiendo la linea de puntos marcada por los partidos, y con tanta precisi¨®n, que el vocal elegido por acuerdo entre el PP y el PSOE se abstuvo y el elegido a propuesta de CiU vot¨® en blanco. Sin embargo, es posible que no se trate s¨®lo de la influencia de los partidos sobre los jueces y juristas del Consejo, sino tambi¨¦n de la asunci¨®n por los partidos de las divergencias existentes entre asociaciones judiciales. Lo l¨®gico hubiera sido que el Consejo allanara el camino hacia el consenso despejando las dudas procedimentales: f¨®rmulas que salvaran las objeciones planteadas sobre los aspectos instrumentales, como el de qui¨¦n est¨¢ capacitado para instar la ilegalizaci¨®n de un partido o qu¨¦ tribunal debe decidir sobre la misma. Es lo que hicieron, con acierto, en relaci¨®n a otros aspectos m¨¢s sustantivos de la ley, como la eliminaci¨®n de ciertas expresiones ambiguas (o demasiado intencionadas) en la delimitaci¨®n de los motivos concretos de ilegalizaci¨®n. Si hab¨ªa dudas, debieron haber consensuado una posici¨®n com¨²n sobre esos aspectos de procedimiento, que no afectan a la constitucionalidad del texto.

M¨¢s complicado es el problema suscitado por la retroactividad de la ley. La Constituci¨®n garantiza 'la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras (...) o restrictivas de derechos individuales'. Es un principio que no afecta s¨®lo a la cuesti¨®n del cambio de nombre, sino a si cabe instar la ilegalizaci¨®n de una formaci¨®n sobre la base de su trayectoria anterior a la promulgaci¨®n de la ley que se aplica. Los juristas no son un¨¢nimes y convendr¨ªa extremar las cautelas para evitar el riesgo de una declaraci¨®n de inconstitucionalidad; parece m¨¢s prudente considerar que la trayectoria anterior ser¨¢ un elemento a apreciar por los jueces, pero que la iniciativa de instar la ilegalizaci¨®n deber¨¢ basarse en actuaciones posteriores a la promulgaci¨®n de la norma. Ning¨²n juez podr¨ªa dejar de considerar el dato de que m¨¢s de 400 detenidos por su vinculaci¨®n a ETA lo hubieran estado tambi¨¦n a HB.

Ser¨ªa deseable que el Consejo de Estado se tomase el asunto con m¨¢s calma que el del Poder Judicial. Las prisas del Gobierno, trasladadas al CGPJ, han resultado negativas, y un elemento contrario al consenso. Las objeciones de los juristas pr¨®ximos al PSOE, asumidas por ese partido, no cuestionan el acuerdo de principio sobre los objetivos que persigue la ley y el modelo elegido para plasmarla. No es poco coincidir, pero el Gobierno no lo valora convenientemente. Al exhortar a los socialistas a abandonar sus 'vacilaciones y contradicciones' y dejar de 'poner pegas a lo ya acordado', el ministro Acebes parece dar por supuesto que no puede haber otro modelo que el suyo, y que aceptar el modelo supone asumir la literalidad del articulado del borrador. El tono de Aznar, el domingo, diciendo que el problema es que los socialistas 'se arrugan', revela una mentalidad sectaria que no vacila en poner en peligro el acuerdo de fondo existente.

Ese acuerdo es pol¨ªtico. Consiste en dar por cerrado el periodo en el que se confiaba en la posibilidad de que HB entrara en raz¨®n y se integrara en la normalidad democr¨¢tica, o al menos que tomase distancias respecto a ETA. Fue esa confianza, compartida por muchos jueces, lo que determin¨®, tanto o m¨¢s que las consideracionmes jur¨ªdicas, el rechazo por los tribunales de la denegaci¨®n administrativa de la inscripci¨®n de HB en el Registro de Asociaciones Pol¨ªticas. Ello se produjo en 1986, tras varios a?os de juicios y recursos, en los que el fiscal general ya intent¨® oponerse a la legalizaci¨®n de HB invocando que sus objetivos o su actividad eran contrarios a las normas b¨¢sicas de la Constituci¨®n.

Lo que comparten ahora el PP y el PSOE es que, agotada la esperanza de integraci¨®n de Batasuna, ha llegado el momento de explorar otras v¨ªas de impedirle la utilizaci¨®n fraudulenta de la legalidad para actividades il¨ªcitas. Pero ese objetivo requiere un consenso amplio, como corresponde a la ley reguladora de los partidos. El PP parece empe?ado en proporcionar pretextos para su ruptura a fin de quedarse a solas con la bandera de la firmeza. Es sectario y peligroso. Aunque pueda resultarle electoralmente rentable.