El recelo ciudadano frena el plan de antenas de telefon¨ªa
Las compa?¨ªas s¨®lo han podido instalar la mitad de las antenas previstas para 2001. El despliegue de la red UMTS est¨¢ en peligro y 5.000 antenas corren riesgo de ser desmanteladas. Las operadoras se encuentran en serios apuros para mantener su red de antenas. La alarma social causada por su presunta nocividad ha originado la proliferaci¨®n de normativas (estatales, auton¨®micas y municipales) divergentes o incluso contradictorias que dificultan la instalaci¨®n de nuevas estaciones.
'La situaci¨®n es muy seria', afirmaba el consejero delegado de Vodafone, John de Wit, la pasada semana en el Congreso. 'Si se sigue adelante con la implantaci¨®n de determinadas ordenanzas, habr¨¢ municipios que se quedar¨¢n sin cobertura', se?al¨® Belarmino Garc¨ªa, consejero delegado de Amena.
Las tres compa?¨ªas de telefon¨ªa instalaron el a?o pasado el 42,5% de las antenas que ten¨ªan proyectadas, seg¨²n los representantes del sector. 'El despliegue se ha frenado radicalmente', seg¨²n Berlamino Garc¨ªa, una situaci¨®n 'de par¨¢lisis sin parang¨®n en nuestro entorno. Est¨¢ resultando imposible conseguir algunas licencias', seg¨²n el directivo de Amena.
Un total de 41 municipios de la Comunidad Valenciana, Valencia capital entre ellos, bloquearon el a?o pasado la concesi¨®n de licencias. Paterna (54.7000 habitantes) no concedi¨® ninguna licencia en 2001. Actualmente tramita varias conforme a una ordenanza aprobada a principios de a?o, m¨¢s restrictiva que el Real Decreto de septiembre que lo regula en el ¨¢mbito nacional.
Ante esta situaci¨®n, los consejeros delegados de las tres operadoras se presentaron la semana pasada, por voluntad propia, ante la Comisi¨®n de Ciencia y Tecnolog¨ªa del Congreso 'para ofrecer a voces su colaboraci¨®n', en palabras de una diputada, para pedir una normativa homog¨¦nea nacional. Una legislaci¨®n 'lo m¨¢s clara, coherente y armonizada posible', seg¨²n Javier Aguilera, consejero delegado de Telef¨®nica. '?Qu¨¦ van a pensar los ciudadanos cuando tienen normativas diversas e incluso opuestas?', dejaba en el aire.
Castilla Le¨®n, Castilla-La Mancha, Catalu?a y Navarra (en tr¨¢mite) tienen normas propias, en algunos casos m¨¢s estrictas que la del Ministerio de Ciencia y Tecnolog¨ªa.
Castilla-La Mancha establece unos niveles para las radiaciones electromagn¨¦ticas entre 40 y 80 veces m¨¢s bajos que el Ministerio. La ley 'se aprob¨® como consecuencia de una demanda social a la que el Estado no respondi¨® adecuadamente', explica Luis Herrera, Director de Telecomunicaciones en la comunidad.
Unas 5.000 antenas, de las 30.000 instaladas, corren el riesgo de ser desmanteladas, seg¨²n las operadoras. Montar una nueva es dif¨ªcil: s¨®lo dos de cada 10 contratos que se proponen a comunidades vecinales son rubricados, algunos de los cuales son anulados posteriormente por los tribunales, como en Erandio, Madrid y Hospitalet de Llobregat.
El consejero delegado de Vodafone, John de Wit, anunci¨® una de las ¨¢reas en las que el problema puede ser grave: la red de telefon¨ªa m¨®vil de tercera generaci¨®n (UMTS). 'El futuro pr¨®ximo es el matrimonio de Internet y las comunicaciones m¨®viles', en opini¨®n de De Wit. 'No habr¨¢ acceso a Internet m¨®vil sin infraestructuras y sin antenas'. La tecnolog¨ªa UMTS requiere un nuevo despliegue de antenas, tres veces m¨¢s que las 30.000 actuales.
Para desplegarlas tendr¨¢n que lidiar con los representantes de municipios y comunidades aut¨®nomas, cuya reacci¨®n era explicada por un diputado: 'El alcalde se debe a la opini¨®n p¨²blica, no a un empresario'.
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