Reforma apresurada

La reforma del subsidio de desempleo que el Gobierno ha presentado a los sindicatos incurre en una confusi¨®n ya habitual entre las intenciones gen¨¦ricas -reformar para mejorar su eficacia y paliar el fraude- y su aplicaci¨®n pr¨¢ctica y pol¨ªtica. Convencido, no sin raz¨®n, de que el sistema actual desincentiva a muchos parados para que busquen activamente ocupaci¨®n, el Ministerio de Trabajo ha elaborado una casu¨ªstica -disparatada en algunos de sus pormenores- sobre las condiciones en las que un parado est¨¢ obligado a aceptar una oferta de empleo, so pena de perder el subsidio total o parcialmente.

As¨ª, est¨¢ obligado a aceptar un trabajo hasta un radio de 50 kil¨®metros de su domicilio, que requiera hasta tres horas de desplazamiento y un gasto de hasta el 20% del salario, con contratos temporales o a tiempo parcial, con un salario inferior a la prestaci¨®n y en cualquier profesi¨®n que se ajuste a las aptitudes del trabajador. El primer rechazo llevar¨¢ aparejado el recorte de la prestaci¨®n en tres meses y el tercero provocar¨¢ la p¨¦rdida total del derecho. El proyecto incluye la desaparici¨®n paulatina del PER en Andaluc¨ªa y Extremadura y la eliminaci¨®n del salario de tramitaci¨®n.

Son condiciones dr¨¢sticas. ?Lo es el problema? Puesto que en la legislaci¨®n actual ya se establece que el subsidio de desempleo puede retirarse en caso de rechazo de ofertas, la reforma propone en realidad una ampliaci¨®n de las condiciones en las que el trabajador est¨¢ obligado a aceptar la oferta del Instituto Nacional de Empleo (Inem). El riesgo de una relaci¨®n tan puntillosa, que concede un poder pr¨¢cticamente discrecional al Inem, es que se convierta en un mero pretexto para reducir la estad¨ªstica de parados sin que sirva de forma efectiva para estimular a los desempleados a que acepten un puesto de trabajo.

La adopci¨®n de medidas tan radicales s¨®lo podr¨ªa plantearse si se garantizara la neutralidad de quien decida si el puesto de trabajo que se ofrece al parado se ajusta a sus aptitudes. El borrador nada dice del reforzamiento de estas garant¨ªas, y si en algo falla este Ejecutivo es en el garantismo de sus decisiones. En estos momentos, la supresi¨®n del salario de tramitaci¨®n no es una idea afortunada: si el Gobierno quiere flexibilizar las condiciones laborales debe pensar m¨¢s en c¨®mo agilizar la tramitaci¨®n administrativa de los expedientes antes que en suprimir su coste salarial; porque lo que realmente constituye un grave obst¨¢culo no es el salario que se paga en los despidos improcedentes durante su tramitaci¨®n, sino la incertidumbre jur¨ªdica y los prolongados periodos de arbitraje y decisi¨®n.

Una inconsecuencia m¨¢s reside en la obsesi¨®n por transmitir la idea de que el Gobierno aplicar¨¢ la reforma pase lo que pase y que s¨®lo tendr¨¢ en cuenta las propuestas que encajen con su marco general. La prestaci¨®n por desempleo es una pieza maestra del sistema de protecci¨®n social y no puede ser reformada por imposici¨®n unilateral. Adem¨¢s, el Gobierno no est¨¢ acuciado por urgencias presupuestarias -de hecho, el Inem tuvo un super¨¢vit de 3.000 millones de euros el a?o pasado- ni el mercado laboral sufre de estrangulamientos graves que justifiquen tanta premura.