El juez prolonga la prisi¨®n hasta el lunes a Gil y a cuatro de sus colaboradores en el Ayuntamiento de Marbella
Del Olmo levanta las incomunicaciones y decreta fianzas para dos de los siete imputados
El juez Juan del Olmo acord¨® ayer mantener en prisi¨®n incondicional, aunque ya no incomunicados, a Jes¨²s Gil y a cuatro de sus seis colaboradores, si bien esta situaci¨®n desaparecer¨¢ previsiblemente el pr¨®ximo lunes, en cuanto declaren algunos testigos a los que el juez hab¨ªa citado y no se presentaron. Del Olmo mantiene encarcelado a Gil para que las pruebas sobre la presunta malversaci¨®n de 30 millones de euros en el Ayuntamiento de Marbella 'gocen de la adecuada verosimilitud, veracidad y credibilidad, al impedir que dichas testificales puedan ser alteradas o manipuladas'.
Seg¨²n el auto del titular del juzgado n¨²mero 6 de la Audiencia Nacional, las declaraciones de los testigos que faltan 'agotar¨ªan las diligencias urgentes y necesarias que este juzgado central de instrucci¨®n se ha visto obligado a realizar en tan corto espacio de tiempo'.
Del Olmo a?ade que cuando est¨¦n 'presentes todos los testigos en dependencias de este juzgado desaparecer¨¢ la raz¨®n de la prisi¨®n provisional incondicional mantenida en los t¨¦rminos que ahora se justifican'.
A las cinco de la tarde de ayer, el juez levant¨® la incomunicaci¨®n de todos los presos por la presunta malversaci¨®n de 30 millones de euros (unos 5.000 millones de pesetas) del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1995, pero resolvi¨® mantener en prisi¨®n incondicional al alcalde de la localidad y presidente de Atl¨¦tico de Madrid, Jes¨²s Gil; a su ex abogado Jos¨¦ Luis Sierra; al gerente de la empresa municipal Contratas 2000, Jos¨¦ Luis Jim¨¦nez; al contable de varias empresas marbell¨ªes, Manuel Castel, y al gerente de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca.
Por el contrario, Eduardo Gonz¨¢lvez, contable de Planeamientos 2000, una de las empresas vinculadas a Contratas 2000, y Francisco Javier Herrera, empleado de la misma compa?¨ªa, podr¨¢n salir en libertad provisional en cuanto depositen la fianza de 150.000 euros (unos 25 millones de pesetas) decretada por Del Olmo. Los familiares de estos dos imputados recibieron entre l¨¢grimas y abrazos la noticia de la liberaci¨®n.
En cambio, el catedr¨¢tico Horacio Oliva, abogado de Jes¨²s Gil, visiblemente afectado por la decisi¨®n judicial, no pudo reprimirse cuando fue abordado por los periodistas: 'Me parece una barbaridad muy grande; qu¨¦ quiere usted que le diga'. Oliva indic¨® que en ese momento, las ocho de la tarde, sal¨ªa para la c¨¢rcel de Alcal¨¢- Meco para informar personalmente a su cliente: 'El recurso ya est¨¢ presentado', a?adi¨®.
Previamente, a las cinco de la tarde, el juez hab¨ªa levantado la incomunicaci¨®n a los siete imputados que se encuentran en prisi¨®n.
Del Olmo justifica su decisi¨®n de enviar a prisi¨®n incondicional e incomunicada a los imputados, los pasados d¨ªas 16 y 17, para 'asegurar las fuentes de prueba, cuya pr¨¢ctica pod¨ªa verse gravemente alterada o manipulada'.
Seg¨²n el juez, esta pruebas eran b¨¢sicamente declaraciones de testigos cuya comparecencia era ineludible. El resultado de estos testimonios ha sido 'clarificador', seg¨²n el juez, que se?ala que el 'inicial y urgente estudio' de los documentos encontrados en los registros 'permite aventurar un entramado que ha venido a corroborar extremos iniciales de la querella presentada'.
Del Olmo insiste en que ha debido acordar otras diligencias urgentes e inmediatas a ra¨ªz de las pruebas testificales y la documentaci¨®n obtenida de uno de los registros a uno de los nuevos querellados. Por eso afirma que la medida 'estricta y rigurosa' de la prisi¨®n incondicional e incomunicada es 'proporcional y justificada'.
El juez agrega que en el momento actual restan por practicarse diligencias de investigaci¨®n que no se han podido efectuar ante la incomparecencia de los testigos citados, lo que le lleva a practicarlas manteniendo el secreto de las actuaciones, aunque ya no la incomunicaci¨®n de los imputados.
El juez decreta la libertad bajo fianza de Eduardo Gonz¨¢lvez y Francisco Javier Herrera porque el riesgo de obstrucci¨®n en la labor judicial 'se ve restringido hasta extremos que hacen no justificable la prisi¨®n provisional'.
En cuanto a Gil y los dem¨¢s imputados, el juez aprecia que aparecen 'en un nivel m¨¢s elevado, relevante y de estructuraci¨®n de las actividades, dado el grado de presunta responsabilidad adoptado en la organizaci¨®n y toma de decisiones'. As¨ª, 'dado el grado de conocimiento y relaci¨®n con los testigos pendientes', cree procedente mantener la prisi¨®n incondicional hasta que declaren los testigos que no se presentaron. A tenor de la fianza impuesta a los menos responsables, la de Gil podr¨ªa ser espectacular, seg¨²n evaluaban ayer fuentes jur¨ªdicas.
Malversaci¨®n de 30 millones de euros
El sumario que ha llevado a Jes¨²s Gil y Gil a la c¨¢rcel por segunda vez en sus 12 a?os como alcalde de Marbella se refiere al supuesto desv¨ªo de cerca de 30 millones de euros (unos 5.000 millones de pesetas) de las arcas del consistorio entre 1991 y 1995. En 1999, Gil ya pas¨® 20 d¨ªas en el penal de Alhaur¨ªn de la Torre (M¨¢laga), de donde sali¨® debido a su enfermedad coronaria. En aquella ocasi¨®n los jueces lo implicaban en el caso de las camisetas -contrat¨® por 450 millones de pesetas el patrocinio del ayuntamiento en las camisetas del Atl¨¦tico de Madrid sin que el acuerdo pasara por el pleno-, por el que finalmente ha sido inhabilitado durante 28 a?os. Cesar¨¢ en cuanto se ejecute la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo. Ahora afrontra el caso Marbella. Seg¨²n la denuncia que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n present¨® el 8 de febrero de 2001 en la Audiencia Nacional, Gil y varios de sus colaboradores urdieron un plan para detraer dinero de las arcas municipales 'con el objeto de enriquecerse personalmente, y vali¨¦ndose del puesto que ocupaba como alcalde desde 1991'. Para ello, personas de la '¨ªntima confianza' del regidor marbell¨ª se hicieron con el control de varias sociedades mercantiles inactivas (Cantera Nasok, Dintak, Contratas Peninsulares y Contratas El Plant¨ªo). A nombre de esas empresas emitieron facturas a empresas municipales de Marbella por obras y servicios que nunca se realizaron, pero que fueron abonadas. A juicio de la fiscal¨ªa, los imputados incurrieron en delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y falsedad documental. Pese a que el mismo d¨ªa que se present¨® la querella de Anticorrupci¨®n el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco orden¨® el registro por sorpresa del Ayuntamiento y de las oficinas privadas de Gil, posteriormente se inhibi¨® en favor de los juzgados de Marbella. La juez decana de la ciudad, Mar¨ªa Luisa de las Heras, rechaz¨® el asunto y, en junio de 2001, lo envi¨® al Supremo, lo que evit¨® que el caso se viera afectado por el robo de los sumarios ocurrido un mes despu¨¦s en tres juzgados de Marbella. Finalmente, el Tribunal Supremo resolvi¨® en enero pasado que instruyera el caso la Audiencia Nacional porque afectaba al 'tr¨¢fico mercantil y a la econom¨ªa p¨²blica' y porque los hechos se hab¨ªan cometido en dos jurisdicciones, Madrid y M¨¢laga.
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