El impacto de la reforma del paro se extiende a los despedidos y los jornaleros del campo

La reforma del desempleo elaborada por el Gobierno tiene su mayor impacto en tres colectivos: los parados que reciben prestaci¨®n, los despedidos con fallo judicial improcedente y los jornaleros del campo de Andaluc¨ªa y Extremadura por la desaparici¨®n paulatina del PER. Las medidas que les afectan son las que han tenido un mayor rechazo de los sindicatos, que las consideran un recorte de derechos. Pese a las discrepancias entre las centrales y el Ejecutivo, la intenci¨®n de Trabajo es proseguir el di¨¢logo. La pr¨®xima semana les convocar¨¢ de nuevo para que presenten alternativas y no se limiten a las cr¨ªticas.

El documento, titulado Medidas de reforma de la protecci¨®n del desempleo y de la Ley B¨¢sica de Empleo, persigue, a juicio del Gobierno, incentivar la b¨²squeda de un puesto de trabajo, pero va m¨¢s all¨¢, ya que endurece las condiciones que se exigir¨¢n a los parados para mantener su prestaci¨®n y reduce los costes del despido para las empresas. Las medidas con m¨¢s rechazo sindical y con un mayor impacto en n¨²mero de afectados son:

Eliminaci¨®n de los salarios de tramitaci¨®n. Su desaparici¨®n afecta a los trabajadores despedidos que recurren a los jueces para que determinen si la rescisi¨®n de su contrato es improcedente. Se trata de una antigua demanda de los empresarios por el coste que les supone seguir abonando los salarios mientras se produce el fallo judicial. Ahora las empresas est¨¢n obligadas a pagar al trabajador durante 60 d¨ªas y, si la sentencia se retrasa (la media est¨¢ en cuatro meses), el periodo restante lo abona el Estado, que asume la responsabilidad por la demora de la justicia. La anulaci¨®n de ambos pagos ahorra dinero a las empresas y a la Administraci¨®n, en una cantidad que el a?o pasado supuso 80.000 millones de pesetas para cada parte, seg¨²n c¨¢lculos de los sindicatos.

Ayudas al despedido. Esa merma de ingresos para los trabajadores con despido improcedente tendr¨¢ impacto en un colectivo que en los ¨²ltimos cinco a?os ha oscilado entre 100.000 y 200.000 personas. Como compensaci¨®n por la p¨¦rdida de los salarios de tramitaci¨®n, la prestaci¨®n de paro entrar¨¢ en vigor desde el d¨ªa siguiente al que se produce el despido para quienes hayan cotizado m¨¢s de doce meses, ya que un contrato menor no da derecho a cobertura.

Oferta adecuada. La reforma modifica las condiciones que se exigen a los parados para mantener su prestaci¨®n. La consideraci¨®n de qu¨¦ es una oferta 'adecuada' de empleo, que ahora corresponde al parado, pasar¨¢ a ser decidida por los servicios p¨²blicos de empleo. El Gobierno redefine ese concepto y, adem¨¢s de la profesi¨®n habitual como ahora, lo extiende a cualquier otra profesi¨®n que se ajuste a las aptitudes f¨ªsicas y formativas del trabajador; en contrato indefinido o temporal, a tiempo completo o parcial; con un salario que puede ser inferior a la prestaci¨®n de paro; y situado en un radio inferior a 50 kil¨®metros de la residencia y/o no superior a tres horas de desplazamiento, y con un gasto que no llegue al 20% del salario.

Retirada de la prestaci¨®n. La no aceptaci¨®n de esas ofertas consideradas 'adecuadas' conllevar¨¢ la retirada de la prestaci¨®n por tres meses; el segundo rechazo, por seis meses, y el tercero, la p¨¦rdida total del derecho. El colectivo potencial para aplicar esos criterios son los 900.000 parados con ayudas, que estar¨¢n obligados a aceptar pr¨¢cticamente cualquier oferta que les hagan los servicios de empleo. Seg¨²n reconoce la Administraci¨®n, el Inem recibe una parte muy peque?a de las ofertas de empleo (el 15%), y con condiciones y salarios muy precarios, ya que las empresas recurren a otras v¨ªas para encontrar nuevos trabajadores.

Desaparici¨®n paulatina del PER. El r¨¦gimen especial agrario vigente en Andaluc¨ªa y Extremadura no admitir¨¢ nuevas incorporaciones ni a los jornaleros que no hayan sido beneficiarios en los tres a?os anteriores, ni a los sancionados, lo que supone la desaparici¨®n paulatina del PER. Ese sistema tiene 230.000 beneficiarios, los que han acreditado 35 peonadas en un a?o, y reciben una prestaci¨®n de seis meses, que en total supone 4.724 euros brutos para los mayores de 60 a?os y 2.363 euros para menores de 52 a?os.

Nuevo sistema contributivo. Junto a la desaparici¨®n paulatina del PER se crear¨¢ un sistema contributivo al que se ir¨¢n incorporando en un periodo transitorio los eventuales agrarios de Andaluc¨ªa y Extremadura que queden fuera del PER, adem¨¢s de los jornaleros del resto de Espa?a (200.000 personas). Ese colectivo debe empezar a cotizar por desempleo y acceder¨¢ a la cobertura si re¨²ne un a?o de cuotas en los seis a?os anteriores, unas condiciones muy dif¨ªciles de alcanzar a juicio de las centrales.