Impunidad
De nuevo, la Fiscal¨ªa del TSJ de Andaluc¨ªa sorprende por su apuesta a favor de la modificaci¨®n de determinadas leyes. La semana pasada se conoc¨ªa que se hab¨ªa pronunciado a favor de la modificaci¨®n parcial de la Ley de Extranjer¨ªa, en un intento de proteger a las madres inmigrantes. Esta semana, como si se tratara de una Memoria por entregas, se conoce que reclama una regulaci¨®n legal para el mobbing. Son planteamientos llamativos. Sin embargo, aun siendo llamativos por su apuesta a favor de cambios de contenido social, resulta m¨¢s sorprendente que admita, aun con ciertas justificaciones, que existe impunidad en materia de siniestralidad laboral.
Esta sinceridad, en un tiempo en el que quienes tienen cargos de responsabilidad siempre est¨¢n cantando las alabanzas de su buen hacer, permite una actuaci¨®n que puede corregir esta situaci¨®n.
Es posible, tal como se reconoce en la Memoria, que la convivencia de distintos cuerpos normativos -civil, administrativo y penal- que dan diversas respuestas en los casos de incumplimiento de las normas de prevenci¨®n, sea un factor que no ayude a frenar el avance de la siniestralidad. Tambi¨¦n la falta de un protocolo de actuaci¨®n y el hecho de que la Inspecci¨®n de Trabajo mantenga una doble dependencia entre Ministerio de Trabajo y Junta de Andaluc¨ªa.
En cualquier caso, se deba a unas u otras circunstancias, lo que est¨¢ claro es que la Fiscal¨ªa dice que hay impunidad. Un reconocimiento que implica que el derecho penal sancionador imprescindible para frenar las altas cotas de accidentes laborales no est¨¢ siendo eficaz. Una realidad que tambi¨¦n han puesto de relieve los agentes sociales con motivo de la celebraci¨®n del D¨ªa Internacional de la Seguridad en el Trabajo.
No s¨¦ si este reconocimiento es bastante para justificar una comparecencia en el Parlamento, donde la Fiscal¨ªa explique las razones que impiden la aplicaci¨®n de la ley y aporte soluciones. En cualquier caso, sean o no bastantes, no est¨¢ mal recordar que el art¨ªculo 17.2 del Estatuto de Autonom¨ªa responsabiliza a la comunidad andaluza de la ejecuci¨®n de la legislaci¨®n laboral y de la prevenci¨®n de riesgos profesionales. Una responsabilidad que se compadece mal con la impunidad penal.
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