?Un juez con antecedentes penales?

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe decidir hoy sobre la solicitud del ex juez Javier G¨®mez de Lia?o, condenado por prevaricaci¨®n continuada en la instrucci¨®n del caso Sogecable, de reingreso inmediato en la carrera judicial en aplicaci¨®n del indulto del Gobierno, sin esperar a la cancelaci¨®n de sus antecedentes penales. En la controversia jur¨ªdica y judicial suscitada sobre el alcance del indulto ha existido unanimidad al menos sobre un punto: los antecedentes penales de cinco a?os correspondientes al delito por el que fue condenado ni han sido ni pod¨ªan haber sido borrados.

Ello impedir¨ªa al juez volver a la carrera antes de que tales antecedentes se extingan. As¨ª lo sostuvieron en su d¨ªa los 14 magistrados de la Sala Penal del Supremo -entre ellos Adolfo Prego de Oliver, ahora vocal del Consejo a propuesta del PP- y as¨ª lo mantienen en un informe remitido al CGPJ dos de las tres asociaciones judiciales. Sin embargo, la conservadora, mayoritaria en el Consejo, defiende el reingreso inmediato en la carrera aunque sea con antecedentes. Ello producir¨ªa la insoportable anomal¨ªa de un juez que ejerciera su potestad sin que se hubieran cancelado sus antecedentes como prevaricador.

Conscientes del obst¨¢culo que esos antecedentes todav¨ªa vivos representan para la pretensi¨®n de Lia?o, el presidente del Consejo del Poder Judicial y la mayor¨ªa de vocales afines al PP han intentado salvarlo con la ayuda de variados informes jur¨ªdicos. Pero ninguno de ellos, incluso los favorables al reingreso inmediato de Lia?o en la judicatura, se han atrevido a defender de manera clara e inequ¨ªvoca que la fuerza expansiva del indulto del Gobierno alcance tambi¨¦n a borrar los antecedentes penales del delito continuado de prevaricaci¨®n cometido por el ex juez.

En la controvertida y forzada aplicaci¨®n del indulto del Gobierno a Lia?o se ha retorcido el derecho hasta l¨ªmites incre¨ªbles. El Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n -un ¨®rgano sin relevancia constitucional y cuya exclusiva funci¨®n es delimitar los conflictos surgidos entre la Administraci¨®n y el Poder Judicial- se situ¨® por encima del Tribunal Supremo, y el Gobierno, por encima de la Ley (de Indulto), haciendo que el concedido a Lia?o alcanzara no s¨®lo a la pena pendiente de cumplimiento -quince a?os de inhabilitaci¨®n especial-, sino a la ya ejecutada -la p¨¦rdida de su condici¨®n de magistrado-, que el Supremo hab¨ªa considerado expresamente como no indultable.

Pero parec¨ªa existir un punto que no se podr¨ªa franquear en un Estado de derecho: que el sistema judicial tuviera en su seno a un juez en ejercicio con antecedentes penales, que juzga y dicta sentencias sin haber superado los plazos legalmente previstos para su rehabilitaci¨®n.

Con su indulto a Lia?o -una especie de amnist¨ªa encubierta-, el Gobierno ha pretendido dar cobertura legal a esa aberraci¨®n jur¨ªdica. Pero ni siquiera el Tribunal de Conflictos, complaciente con el Gobierno en un ejercicio del derecho de gracia similar al de los tiempos de Franco, se atrevi¨® a ir tan lejos. Se abstuvo de dar por borrados los antecedentes penales de Lia?o y decidir su reingreso inmediato en la carrera judicial.

El Consejo General del Poder Judicial habr¨¢ de pronunciarse hoy. ?Se atrever¨¢ su mayor¨ªa de vocales afines al PP a retorcer una vez m¨¢s el derecho para dar satisfacci¨®n al Gobierno? Si lo hace habr¨¢ convalidado la hip¨®tesis que parec¨ªa imposible, por extravagante, de un ex juez que vuelve a la funci¨®n jurisdiccional, de la que se sirvi¨® para delinquir, sin haber limpiado enteramente los antecedentes penales propios de su actuaci¨®n prevaricadora.

?Qu¨¦ pensar¨¢n de ello los justiciables que caigan en sus manos?