Una decisi¨®n lamentable

Implacablemente, los Estados Unidos de George Bush van desentendi¨¦ndose de aquellos compromisos internacionales de envergadura que no encajan con su papel hegem¨®nico o comprometen sus intereses pol¨ªticos, econ¨®micos o militares, se trate del tratado bal¨ªstico ABM, del protocolo medioambiental de Kioto o del acuerdo sobre minas antipersonas. En este multilateralismo a la carta de la Casa Blanca, que hace o¨ªdos sordos al coro de rechazo que suscita, le ha tocado el turno a la Corte Penal Internacional, creada en Roma en 1998, de la que Washington se acaba de desvincular a todos los efectos, adoptando el ins¨®lito procedimiento de revocar su firma de adhesi¨®n.

La corte es un tribunal permanente -a diferencia de los establecidos para la antigua Yugoslavia o Ruanda- que juzgar¨¢ a individuos por cr¨ªmenes de guerra, genocidio, de lesa humanidad y de agresi¨®n. Pretende ser un instrumento contra los peores excesos, llamado a acabar con la impunidad y los refugios de que han venido gozando con demasiada frecuencia tiranos de toda laya. Han ratificado su estatuto 66 pa¨ªses, 6 m¨¢s de los necesarios para su entrada en vigor el pr¨®ximo 1? de julio, entre ellos todos los de la Uni¨®n Europea excepto Grecia. Quiere decirse que el nuevo tribunal global, que tendr¨¢ su sede formal en La Haya a partir del a?o pr¨®ximo, goza de buena salud y echar¨¢ a andar seg¨²n lo previsto. Pero la ausencia entre sus miembros de la ¨²nica superpotencia, rompiendo as¨ª EE UU una tradici¨®n de d¨¦cadas en la persecuci¨®n de criminales de guerra, supondr¨¢ una seria merma en su eficacia, adem¨¢s de un p¨¦simo ejemplo para terceros.

Desvincul¨¢ndose por completo de las obligaciones del tratado, Bush ha ido m¨¢s lejos que su predecesor, Clinton, que firm¨® in extremis el estatuto de la corte en diciembre de 2000, aunque, ante la presi¨®n del Pent¨¢gono, recomend¨® al Senado que no fuese ratificado. Los motivos alegados ahora por el secretario de Estado, Powell, para justificar su abandono definitivo son los mismos que se esgrimieron entonces: b¨¢sicamente, que el pa¨ªs m¨¢s poderoso del mundo, que se presenta a s¨ª mismo como adalid de los derechos humanos, teme que sus soldados, diplom¨¢ticos o pol¨ªticos se vean eventualmente forzados a responder de sus actos ante un tribunal que no controla. Algo, por otra, parte muy improbable, puesto que la corte s¨®lo actuar¨¢ cuando los tribunales del lugar donde se cometa el delito no quieran o puedan investigarlo.

La Corte Internacional de Justicia es la concreci¨®n de una idea de las postrimer¨ªas de la II Guerra Mundial, ampliamente defendida por EE UU cuando no era el ¨²nico poder planetario. Ahora, sin embargo, la Casa Blanca ha presionado sin miramientos a sus amigos para boicotear su mismo nacimiento.

La gravedad de la decisi¨®n estadounidense es dif¨ªcil de exagerar. El pa¨ªs emblema de todas las libertades no reconocer¨¢ la jurisdicci¨®n ni acatar¨¢ las ¨®rdenes (puede ignorar en la pr¨¢ctica peticiones de extradici¨®n)del ¨²nico instrumento penal de alcance global para combatir los peores cr¨ªmenes contra las personas. La medida tendr¨¢ obviamente efecto multiplicador. Es la coartada perfecta para todos aquellos Gobiernos dubitativos que, con Washington por delante, habr¨ªan engrosado, de peor o mejor gana, la lista de signatarios. Y puede significar una peligrosa luz verde para la abrogaci¨®n de tratados a voluntad por pa¨ªses poco escrupulosos. La decisi¨®n de Bush socava la autoridad moral de Washington y compromete seriamente la idea que los pa¨ªses democr¨¢ticos tienen de EE UU. Y no responde, definitivamente, al tipo de liderazgo que Occidente espera en este terreno.