Arranca la batalla contra los ultras

La batalla comenz¨® de forma oficial. El cerco que las autoridades pretenden ponerle a los ultras y a los violentos que aterrorizan el f¨²tbol arranc¨® ayer con una reuni¨®n en el Ministerio de Interior entre su titular, el vicepresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y los presidentes del Consejo Superior de Deportes (CSD), Juan Antonio G¨®mez Angulo, la Federaci¨®n de F¨²tbol, ?ngel Mar¨ªa Villar, y la Liga Profesional, Pedro Tom¨¢s. Fue simplemente una primera toma de intenciones, pero con un mensaje rotundo: la firme voluntad de combatir a los ultras y a la violencia en el f¨²tbol, tras el estallido repentino aparecido en las dos ¨²ltimas semanas.

Tras el encuentro, Rajoy anunci¨® la constituci¨®n de un grupo de trabajo para estudiar las f¨®rmulas con las que poner coto a los ultras y erradicar la violencia en los estadios. Esta comisi¨®n, formada por representantes de los organismos deportivos y expertos de prestigio en la materia, debe presentar su informe antes del pr¨®ximo 31 de julio.

El cometido fundamental del grupo de trabajo versar¨¢ sobre siete puntos. La tipificaci¨®n de nuevas conductas violentas; la modificaci¨®n del grado de las sanciones; la revisi¨®n de las infracciones relacionadas con pancartas con s¨ªmbolos racistas, xen¨®fobos o con apolog¨ªa del terrorismo; el aumento de la seguridad en los acontecimientos deportivos; la potenciaci¨®n de la formaci¨®n de los coordinadores de seguridad de los estadios; la puesta en funcionamiento de la UCO (Unidad de Control Operativo), y la posibilidad de hacer comparecer en comisar¨ªas o dependencias policiales durante la celebraci¨®n de los partidos a los aficionados sancionados con la prohibici¨®n de accesos a recintos deportivos.

Mariano Rajoy, sobre este ¨²ltimo punto que ya se aplica en el Reino Unido, se?al¨® que se va a estudiar la f¨®rmula jur¨ªdica para su aplicaci¨®n, porque 's¨®lo los jueces' pueden obligar a un aficionado a presentarse en comisar¨ªa o en el juzgado. El vicepresidente del Gobierno tambi¨¦n lament¨® que s¨®lo entre el 10% y el 11% de las personas detenidas por la polic¨ªa terminen en prisi¨®n. 'De las nueve personas detenidas el otro d¨ªa [por el 1 de mayo en los alrededores del Bernab¨¦u, con motivo del Real Madrid-Bar?a, de la Liga de Campeones] ninguna ha entrado en prisi¨®n', indic¨® Rajoy.

El m¨¢ximo responsable del Ministerio del Interior, adem¨¢s, incidi¨® en la necesidad de la puesta en marcha de la UCO, departamento ubicado en la sede de la Policia en el barrio de Canillas y cuya funci¨®n es coordinar y archivar todas las im¨¢genes grabadas por las c¨¢maras de televisi¨®n de todos los campos de Primera y Segunda Divisi¨®n. La UCO fue inaugurada hace tres a?os por el presidente del Gobierno y nunca ha llegado a funcionar por falta de presupuesto. El Ministerio del Interior echa la culpa a la Liga por no entregar tres millones de euros para su mantenimiento. Y el organismo futbol¨ªstico replica que esa cantidad est¨¢ incluida en los 180 millones de euros que invirti¨® en la instalaci¨®n de tornos y c¨¢maras de televisi¨®n en los campos de Primera y Segunda.

No rotundo a las vallas

En estos momentos un campo de Primera, el del Betis, y ocho de Segunda -C¨®rdoba, Murcia, Ja¨¦n, Racing de Ferrol, Burgos, Xerez, Polideportivo Ejido y Gimn¨¤stic de Tarragona-, carecen de esas obras o parte de las mismas. La Liga Profesional no ha realizado las obras pertinentes que, en algunos casos, obliga la Ley del Deporte. El CSD tampoco ha planteado este asunto a la Liga.

El vicepresidente del Gobierno, por otro lado, se manifest¨® ayer contrario a la reinstauraci¨®n de vallas en los estadios. 'No es la medida m¨¢s adecuada. Las vallas han sido las causantes de grandes tragedias', fue la excusa de Rajoy, quien aclar¨® que ma?ana, en la ¨²ltima jornada de Liga, se reforzar¨¢ la seguridad en aquellos campos de especial riesgo. Tambi¨¦n record¨® que, en pr¨®ximas reuniones para tratar la violencia en el f¨²tbol, se plantear¨¢ a los clubes la conveniencia de una aportaci¨®n econ¨®mica para costear este trabajo y que hasta ahora ha sufragado el Gobierno, con un gasto anual de unos 12 millones de euros.