Consenso necesario

Era esencial que populares y socialistas llegaran a un acuerdo sobre el proyecto de Ley de Partidos, y es particularmente importante que se haya incorporado a este consenso el nacionalismo catal¨¢n de CiU. PP y PSOE estaban obligados a ello por su pacto antiterrorista y tambi¨¦n por puro sentido de la responsabilidad. Una ley que incide en las reglas de juego democr¨¢ticas, que se ha presentado como instrumento para la ilegalizaci¨®n de Batasuna y que cuenta de saque con la oposici¨®n frontal de los partidos nacionalistas vascos, nacer¨ªa con una enorme debilidad si contase con el exclusivo apoyo del partido del Gobierno.

El acuerdo ha sido posible porque ¨¦ste no ha llevado hasta el final la actitud de desprecio hacia el consenso evidenciada en pronunciamientos que m¨¢s parec¨ªan destinados a empujar a Zapatero a romper la baraja. El planteamiento parec¨ªa ser que si hab¨ªa acuerdo, bien, y si no lo hab¨ªa, mejor: el PP se quedar¨ªa solo en la defensa de un objetivo que goza de un amplio apoyo social. Sin embargo, es evidente que si la ley es recurrida ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, como ha insinuado que est¨¢ dispuesto a hacer el PNV, tendr¨¢ mejor defensa si cuenta con el aval de Gobierno y oposici¨®n que s¨®lo con el del PP.

Finalmente ser¨¢n las c¨¢maras en cuanto tales -sus mayor¨ªas, por tanto- quienes puedan instar la ilegalizaci¨®n de un partido. Pero lo har¨¢n a trav¨¦s del Gobierno, que deber¨¢ oficializarla tras deliberaci¨®n del Consejo de Ministros. Se trata con ello de evitar la impresi¨®n de que un partido pueda solicitar al poder judicial la prohibici¨®n de otro. El razonable acuerdo sobre la cuesti¨®n de la retroactividad ha permitido el consenso y favorecido la incorporaci¨®n al mismo de los nacionalistas catalanes.

La ley se justifica -en lo relativo a las causas de disoluci¨®n- por la necesidad de impedir que se beneficien de las ventajas de la legalidad organizaciones que forman parte del entramado terrorista y de evitar, al mismo tiempo, que el efecto sea prohibir fines o ideas. En teor¨ªa ello se puede conseguir por la v¨ªa penal. Pero en la pr¨¢ctica esa v¨ªa ha resultado por el momento inoperante y, en todo caso, no es incompatible con la existencia de otra que se proponga el mismo fin desde la perspectiva de la defensa de los principios democr¨¢ticos desde las instituciones. Las modificaciones planteadas por los socialistas y aceptadas por el PP aspiran a dejar sin fundamento los temores de quienes han dicho que se trata de 'criminalizar las ideas' o que 'hoy van contra Batasuna y ma?ana vendr¨¢n a por nosotros'.