El juez imputa al alcalde de Las Palmas por presunta prevaricaci¨®n

La magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha imputado al alcalde de Las Palmas y presidente del PP en las islas, Jos¨¦ Manuel Soria, a petici¨®n del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), por un presunto delito de prevaricaci¨®n al conceder una licencia de construcci¨®n 'a sabiendas de que los terrenos eran titularidad de la Comunidad Aut¨®noma' y no de la empresa Construcciones Horneras, en palabras del portavoz socialista en el Parlamento, Jos¨¦ Alcaraz.

Jos¨¦ Manuel Soria se ratific¨® ayer en su 'absoluto respeto a la labor judicial' y confirm¨® 'plenas garant¨ªas' de que 'el Ayuntamiento ha actuado en todo momento dentro de la legalidad', inform¨® un portavoz de su gabinete. El alcalde y presidente del PP canario ha sido citado a declarar el pr¨®ximo d¨ªa 14 de junio.

En la misma causa tambi¨¦n ha sido imputado el ex consejero de Industria y Comercio, Lorenzo Su¨¢rez (PP), por el mismo supuesto delito al conceder una licencia comercial 'sin cumplir con los requisitos legales para ello'. Lorenzo Su¨¢rez calific¨® de 'incomprensible' la denuncia del PSC, convertida en querella, 'porque fue una licencia comercial otorgada con todos los informes favorables del Cabildo Insular de Gran Canaria, el Tribunal de la Competencia, la Direcci¨®n General de Comercio y los servicios jur¨ªdicos' de su departamento. Su¨¢rez se declar¨® 'herido y perjudicado' por una 'equivocada estrategia de deterioro pol¨ªtico' de alguien 'que ya hab¨ªa anunciado su retirada', como se autodenomin¨®, al tiempo que anunciaba que 'el se?or Alcaraz' -en referencia al diputado socialista- 'ser¨¢ respondido por la Justicia por esta canallada'.

El denominado caso Jin¨¢mar enfrenta a los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Telde y a las formaciones pol¨ªticas que gobiernan en ellos, PP y Coalici¨®n Canaria. Ambos municipios comparten terrenos en el popular barrio de Jin¨¢mar. Aunque desde 1990 se declar¨® el inter¨¦s de los terrenos para, entre otros motivos, la protecci¨®n de un endemismo vegetal (lottus kinkelli), s¨®lo fue a partir de 1997 cuando se redactaron las bases del Plan Especial de su Parque Mar¨ªtimo. La extensi¨®n total de este parque es de 457.000 metros cuadrados.

A cambio de ejecutar este parque con una inversi¨®n superior a los 18 millones de euros, Promociones Horneras recibir¨ªa licencia para un parque comercial de 125.000 metros cuadrados en Telde, seg¨²n la orden firmada por la consejera de Pol¨ªtica Territorial del Gobierno canario, Mar¨ªa Eugenia M¨¢rquez (PP). Su sucesor, Tom¨¢s van de Walle (tambi¨¦n del PP), atendiendo a una petici¨®n de este ayuntamiento, rectific¨® la orden y de acuerdo con el constructor rest¨® 8.000 metros cuadrados del parque comercial de Telde y lo compens¨® con terrenos de Jin¨¢mar en Las Palmas.

Paralelamente, el entonces consejero de Industria y Comercio, Lorenzo Su¨¢rez, aprob¨® en octubre de 2000 una licencia comercial en Las Palmas, el Ayuntamiento de la capital aprob¨® en diciembre de ese a?o el Plan General con una licencia de construcci¨®n para este proyecto y el 29 de enero de 2001 un funcionario de Pol¨ªtica Territorial firm¨® un acta de protocolizaci¨®n por el que las parcelas 881 y 900, cuyo uso era hasta ese momento deportivo y viveros, pasaban a propiedad de la constructora.

El PSC pidi¨® 'deshacer todo lo hecho hasta 1998 por no ajustarse al procedimiento administrativo' y exigi¨® ' las responsabilidades penales en los juzgados y las pol¨ªticas en el Parlamento', donde ya se rechaz¨® la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n sobre este caso, en palabras de Jos¨¦ Alcaraz.

?sta es s¨®lo una de las dos v¨ªas judiciales del caso Jin¨¢mar. La segunda la abri¨® el actual consejero de Pol¨ªtica Territorial, Fernando Gonz¨¢lez ( CC), al denunciar a su antecesor, Tom¨¢s van de Walle, ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n por cuatro presuntos delitos: malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, defraudaci¨®n, infidelidad en la custodia de documentos y falsificaci¨®n de documentos p¨²blicos. El caso tambi¨¦n se ha trasladado al TSJC.