La reforma del paro s¨®lo obtiene el apoyo de las ocho comunidades gobernadas por el PP

El Gobierno s¨®lo cuenta con el apoyo de ocho de las 17 comunidades aut¨®nomas en su reforma de la protecci¨®n del paro. El rechazo es tajante por parte de las seis autonom¨ªas del PSOE y del Pa¨ªs Vasco, que acusan al Ejecutivo de querer imponer unas medidas ante las que los sindicatos preparan una huelga general para el 20 de junio. Catalu?a y Canarias creen que no es aceptable el texto en su redacci¨®n actual y piden cambios profundos. Son las ocho comunidades del PP las que reconocen la disposici¨®n a negociar del Gabinete de Aznar, aunque tambi¨¦n plantean algunas modificaciones para mejorar el documento.

La reuni¨®n mantenida ayer por el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, con los consejeros de las comunidades estuvo precedida por un encuentro en el propio ministerio de los representantes de las seis autonom¨ªas socialistas (Andaluc¨ªa, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Arag¨®n y Baleares) y del Pa¨ªs Vasco (PNV). Su petici¨®n com¨²n que luego presentaron al Gobierno consisti¨® en pedir un di¨¢logo sin apriorismos y que no pretenda 'una bendici¨®n sin m¨¢s' a la reforma del paro.

Esas demandas se toparon con 'un di¨¢logo de sordos' con Aparicio, seg¨²n la consejera de Extremadura, Violeta Alejandre, quien acus¨® al Gobierno central de colocarles 'en un papel de comparsas y de tragar insultos a los trabajadores extreme?os y andaluces'. El representante de Andaluc¨ªa, Jos¨¦ Antonio Viera, exigi¨® al ministro que se disculpe por haber se?alado el fin de semana que la reforma pretende que Andaluc¨ªa no siga 'en la indolencia', afirmaci¨®n que para Aparicio no supone un insulto.

Similares cr¨ªticas dirigidas al Gobierno expresaron el resto de consejeros del PSOE y el del PNV, que reclamaron la retirada de la reforma y la calificaron de recorte de derechos a los trabajadores, as¨ª como de competencias a las comunidades. Tras hacer esa valoraci¨®n, se ausentaron de la reuni¨®n con Aparicio, porque creen que el Ejecutivo pretende 'una especie de botafumeiro' a sus medidas y no escucha sus propuestas.

Recorte de competencias

Los consejeros de Catalu?a (CiU) y Canarias (CC) s¨ª reconocieron una actitud negociadora del Gobierno de Aznar, pero ahora est¨¢n a la espera de que ese compromiso de di¨¢logo se concrete. El representante catal¨¢n, Llu¨ªs Franco, asegur¨® que los documentos 'en su actual estado de redacci¨®n no son aceptables', porque hay 'un recorte de competencias a las comunidades y en algunos supuestos un recorte de prestaciones sociales'. Sus contrapropuestas persiguen 'mejorar el empleo y no una reforma de la protecci¨®n' a los parados, y pide medidas como la bonificaci¨®n al empleo de la mujer, el acceso de los desempleados a constituirse como aut¨®nomos, un servicio p¨²blico de empleo eficaz y que se pongan a disposici¨®n de los parados los mecanismos de las oficinas de empleo durante 100 d¨ªas para que busquen una ocupaci¨®n.

El consejero de Canarias, Marcial Garc¨ªa Morales, tambi¨¦n cree que hay recorte de derechos, y reclam¨® la mejora del texto revisando la eliminaci¨®n de los salarios de tramitaci¨®n, que los contratos de inserci¨®n se mantengan en el ¨¢mbito del sector p¨²blico, que se contemple la peculiaridad insular en puntos como obligar al parado a aceptar una oferta de empleo si est¨¢ a 50 kil¨®metros, exigencia dif¨ªcil de aplicar en Canarias.

Los representantes del PP, adem¨¢s de criticar la actitud de los consejeros socialistas, aseguraron que el Gobierno est¨¢ en disposici¨®n de admitir 'aportaciones constructivas'. De las filas del PP han partido propuestas para que se modifique el texto en puntos como la movilidad geogr¨¢fica, ya que la distancia de 50 kil¨®metros para admitir una oferta de empleo conlleva enormes dificultades en algunas zonas del pa¨ªs. Tambi¨¦n han pedido que se tenga en cuenta la situaci¨®n familiar, la experiencia laboral y el salario para obligar a los desempleados a aceptar un puesto de trabajo, y que el contrato de inserci¨®n tenga derecho a cobertura. El ministro Aparicio se?al¨® ayer en el Congreso de los Diputados que el a?o pasado 124.000 parados perdieron su prestaci¨®n por rechazar una oferta de empleo considerada adecuada.

El balance que hizo Aparicio de las intervenciones de los consejeros es que 'una gran mayor¨ªa de las comunidades respaldan la posibilidad de trabajar con el documento del Gobierno'. En pr¨®ximos d¨ªas convocar¨¢ una nueva reuni¨®n y su prop¨®sito es perfeccionar el documento en la definici¨®n de 'oferta adecuada', en sus garant¨ªas y salario 'siempre que no se desvirt¨²e el texto', o en la protecci¨®n al contrato de inserci¨®n. Respecto a la petici¨®n de los l¨ªderes sindicales de reclamar una reuni¨®n con el presidente Aznar, dijo que el cauce normal es el Ministerio de Trabajo.