La Audiencia Nacional admite una denuncia de la UPA contra las petroleras por ama?ar los precios

La Audiencia Nacional admiti¨® ayer la denuncia presentada por la Uni¨®n de Peque?os Agricultores y Ganaderos (UPA) en abril pasado contra las compa?¨ªas petroleras por pr¨¢cticas irregulares en la fijaci¨®n de precios e impedir la libre competencia en el mercado de combustibles mediante enga?o y uso de informaci¨®n privilegiada.

El juez Guillermo Ruiz Polanco admiti¨® la denuncia con un informe favorable del fiscal porque, si se demuestra que es delito, ¨¦ste habr¨¢ sido contra varios perjudicados, habr¨¢ afectado a la econom¨ªa nacional y porque, de haberse cometido, se produjo en diversas audiencias (provincias). Ahora s¨®lo falta decidir qui¨¦n llevar¨¢ la querella, si la Fiscal¨ªa de la Audiencia o Anticorrupci¨®n.

La UPA justamente present¨® su denuncia tras la decisi¨®n del fiscal general del Estado de paralizar el proceso abierto durante los ¨²ltimos dos a?os por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n para analizar el precio de los carburantes. El fiscal del Estado, Jes¨²s Cardenal, reiter¨® el pasado mes de abril al fiscal jefe Anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, su prohibici¨®n de presentar una querella contra Repsol y Cepsa. En su escrito, el fiscal del Estado insisti¨® en que los hechos descritos por Anticorrupci¨®n 'no son constitutivos de delito'. Cardenal justific¨® su decisi¨®n en que el Tribunal de Defensa de la Competencia no hall¨® indicios de delito en las resoluciones que impusieron sendas multas de tres millones de euros a Repsol y 1,2 millones a Cepsa por fijar precios.

UPA declar¨® que con su denuncia pretende que no se pierda el trabajo ya realizado por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, seg¨²n explic¨® su secretario general, Fernando Moraleda, y reclama que la Audiencia Nacional requiera las diligencias de la fiscal¨ªa, los expedientes de Competencia a Repsol y Cepsa.

La denuncia sostiene que las empresas petroleras, a trav¨¦s del enga?o permanente y el uso de informaci¨®n privilegiada que s¨®lo ellas pod¨ªan disponer, han producido graves perjuicios ileg¨ªtimos a los consumidores en general y a los peque?os agricultores y ganaderos en particular. Los argumentos se centran en la evoluci¨®n desigual entre el precio de los carburantes y los del petr¨®leo entre febrero de 2000 y marzo de 2002.