M¨²gica acusa al alcalde de Las Palmas de vulnerar la ley en el traslado de inmigrantes

El Defensor del Pueblo considera que los traslados de 200 inmigrantes en avi¨®n desde Canarias a Madrid realizados por el alcalde de Las Palmas y presidente del PP en el archipi¨¦lago, Jos¨¦ Manuel Soria, son arbitrarios, vulneran 'principios constitucionales y legales de car¨¢cter elemental', obvian el inter¨¦s general y cuestionan 'el necesario respeto a la dignidad humana'. Estas acusaciones aparecen recogidas en un dur¨ªsimo informe de ocho folios remitido al alcalde por Enrique M¨²gica: 'La decisi¨®n adoptada por vuestra ilustr¨ªsima afecta a personas que no pueden ni deben ser cosificadas y alentadas a trasladarse en busca de una soluci¨®n que no va a llegar'. Soria rehus¨® comentar el informe.

Entre octubre y noviembre del a?o pasado, Soria pag¨® con fondos de la Concejal¨ªa de Asuntos Sociales el traslado a Madrid de 200 africanos que dorm¨ªan en el parque de Santa Catalina, en Las Palmas. Su decisi¨®n abri¨® una fuerte pol¨¦mica en todo el Estado. 'No son espa?oles y quieren volver a su pa¨ªs', se justific¨® entonces el alcalde.

El documento de M¨²gica llega en un momento oportuno. Canarias figura en todas las encuestas como la comunidad aut¨®noma cuyos habitantes ven la inmigraci¨®n de la forma m¨¢s negativa. Adem¨¢s, desde otras comunidades llueven las peticiones al Gobierno para que informe claramente del acuerdo que ha suscrito con el archipi¨¦lago para trasladar inmigrantes a la Pen¨ªnsula sin el conocimiento previo de las regiones receptoras.

El Defensor del Pueblo se?ala en su informe, remitido a Soria el 9 de abril, que 'las investigaciones realizadas, tanto ante ese Ayuntamiento como ante el Ayuntamiento de Madrid y la Delegaci¨®n del Gobierno en Canarias, han puesto de manifiesto que la decisi¨®n del traslado de los citados inmigrantes fue adoptada de forma unilateral por ese Consistorio'.

Sin justificaci¨®n

M¨²gica rechaza la justificaci¨®n que le remiti¨® Soria, en el sentido de que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encontraba desbordado y un gran n¨²mero de los africanos que llegaban a la ciudad deb¨ªan pernoctar y sobrevivir en condiciones indignas: 'Aun cuando el CETI se encuentre indisponible por estar completo y, en principio, la situaci¨®n de los inmigrantes deambulando por las calles fuera insostenible, debe tenerse en cuenta que la decisi¨®n adoptada por esa Alcald¨ªa es cuestionable por distintas razones', se?ala el Defensor.

'La primera de ellas es la transmisi¨®n directa de la responsabilidad a otra u otras comunidades aut¨®nomas, sin que previamente se haya contactado o prevenido a los responsables de dichas comunidades ni tampoco a las autoridades de otras administraciones radicadas en aquellas'.

'La segunda raz¨®n, que afecta a los inmigrantes trasladados, es que el mismo hecho de no efectuar previsi¨®n alguna a su llegada a Madrid supone el abandono de un n¨²mero importante de personas que sin medio alguno de vida y sin saber qu¨¦ hacer, en principio se encontrar¨ªan en la misma situaci¨®n que la que ya ten¨ªan en Las Palmas'.

M¨²gica acusa a Soria de haber obviado 'determinados principios constitucionales y legales de car¨¢cter elemental'. En este sentido, se?ala 'el principio de coordinaci¨®n, que ha de tener una relevancia fundamental para estructurar la actuaci¨®n del conjunto de las Administraciones P¨²blicas, tal y como se?ala la propia Constituci¨®n en su art¨ªculo 103.1'.

A lo largo de cuatro folios, el Defensor desgrana las leyes vulneradas por el alcalde de Las Palmas, entre ellas la Ley Reguladora de las Bases de R¨¦gimen Local y la Ley 30/1992. Tambi¨¦n menciona varias sentencias del Tribunal Constitucional. Y concluye: 'Resulta evidente que en la decisi¨®n adoptada por esa Alcald¨ªa se han obviado todos los principios citados, no se han ponderado la totalidad de los intereses p¨²blicos implicados y, en definitiva, se ha hecho recaer en otras administraciones un problema que, aun cuando excediera de las posibilidades y capacidades de ese Ayuntamiento, no deber¨ªa haberse trasladado sin m¨¢s por la v¨ªa de los hechos, sin sometimiento alguno a las normas que presiden la actuaci¨®n administrativa'.

Por ¨²ltimo, se?ala que 'la forma de resolver el problema que se planteaba en esa ciudad sin intentar siquiera un m¨ªnimo proceso de concertaci¨®n permite afirmar que se ha obviado el inter¨¦s general, adoptando una decisi¨®n de forma arbitraria mediante la traslaci¨®n sin m¨¢s del problema. A todo lo expuesto anteriormente hay que a?adir que la actuaci¨®n llevada a cabo por esa Alcald¨ªa es cuestionable no s¨®lo desde el punto de vista procedimental, sino tambi¨¦n desde otro, que se erige como esencial en el presente caso, como es el del necesario respeto a la dignidad humana'.