El Tribunal europeo limita el control de los Gobiernos sobre las empresas privatizadas

El Tribunal de Justicia de la UE fij¨® ayer el marco legal restrictivo en el que puede aplicarse la acci¨®n de oro en la Uni¨®n. En tres sentencias paralelas, conden¨® a Francia y Portugal por una utilizaci¨®n abusiva de ese recurso, que permite a los Gobiernos controlar la entrada de nuevos accionistas en empresas privatizadas, pero bendijo la ley belga, mucho m¨¢s restrictiva porque no incluye la 'autorizaci¨®n previa', como s¨ª hace la espa?ola. La acci¨®n de oro s¨®lo es justificable en sectores estrat¨¦gicos 'por razones imperiosas de inter¨¦s general' y si incluye 'criterios objetivos', seg¨²n el tribunal.

Sus tesis tendr¨¢n que ser incorporadas a las legislaciones de los Estados condenados, pero tambi¨¦n ser¨¢n tenidas en cuenta por Espa?a o Reino Unido, igualmente denunciados por la Comisi¨®n Europea en 2000 y 2001, respectivamente. Seg¨²n expertos consultados en Bruselas, es 'muy probable' que el Gobierno espa?ol modifique su ley para que sea similar a la belga.

En los casos portugu¨¦s, franc¨¦s y belga, las denuncias de la Comisi¨®n fueron presentadas en 1998 y 1999 por entender que los tres Estados violaban el principio de libre circulaci¨®n de capitales en la UE. El caso portugu¨¦s no ofrec¨ªa dudas a nadie, porque su ley limita la participaci¨®n de capital extranjero -lo que supone 'un trato manifiestamente discriminatorio para los inversos de otros Estados' de la UE- y faculta al ministro de Econom¨ªa a dar una 'autorizaci¨®n previa' a quienes superen el 10% del capital en empresas privatizadas de los sectores energ¨¦tico, bancario, de seguros o transporte.

En cuanto a Francia, un decreto de 1993 tambi¨¦n concede al ministro de Econom¨ªa la facultad de denegar, con car¨¢cter previo y a posteriori, la entrada de accionistas de peso en la petrolera Elf-Aquitaine para garantizar el suministro en caso de crisis. Ese fin es considerado 'leg¨ªtimo' por el tribunal, pero agrega que los medios para conseguirlo 'van m¨¢s all¨¢ de lo necesario', porque no respetan el principio de seguridad jur¨ªdica al no concretar criterios objetivos de denegaci¨®n. Se trata de un 'poder discrecional' que constituye 'una grave infracci¨®n' contra la libre circulaci¨®n de capitales, dice el tribunal.

El caso belga es el ¨²nico que se salva. La ley de 1994 pone l¨ªmites a la venta de parte de la compa?¨ªas Soci¨¦t¨¦ Nationale de Transport par Canalisations y Distrigaz para garantizar el abastecimiento de gas en caso de amenaza, pero no existe autorizaci¨®n previa, cita criterios objetivos y, adem¨¢s, precisa un plazo (21 d¨ªas) para que el ministro de Industria intervenga en un procedimiento motivado bajo control jurisdiccional.

?sas ser¨¢n las condiciones b¨¢sicas para que las leyes europeas puedan ser v¨¢lidas ante el Tribunal de Luxemburgo, que ayer insisti¨® en que se trata de 'excepciones' que s¨®lo pueden justificarse si contienen dos requisitos: de un lado, que est¨¦n justificadas por razones imperiosas de inter¨¦s general y sean proporcionadas al fin perseguido; y de otro, que incluyan 'criterios objetivos' conocidos por las empresas afectadas, que podr¨¢n impugnar las decisiones administrativas.

La ley espa?ola de 1995 prev¨¦ que el Gobierno pueda denegar, en un 'r¨¦gimen de autorizaci¨®n administrativa previa', la compra de m¨¢s de un 10% de las acciones de una empresa privatizada o un paquete que pueda reducir la participaci¨®n del Estado a menos del 50%. Esa norma ha afectado a Telef¨®nica, Endesa, Repsol, Iberia, Indra y Tabacalera. Ese car¨¢cter previo, se?alan en Bruselas, puede ser el m¨¢s problem¨¢tico para la ley espa?ola, 'm¨¢s pr¨®xima a la francesa que a la belga'. El Ejecutivo espa?ol insiste en que nunca ha aplicado la ley, pero en 1999 fue exhibida ante el Gobierno holand¨¦s para impedir la entrada de la operadora KPN en Telef¨®nica.

El contenido de las sentencias fue recibido prudentemente en Bruselas, donde desde 2000 hay un enfrentamiento entre la vicepresidenta Loyola de Palacio y el comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein. La primera defiende que, en el sector energ¨¦tico, el Tratado de la UE admite la acci¨®n de oro, como ayer asumi¨® el tribunal, pero el segundo es mucho m¨¢s restrictivo.