El desprecio por la ley en Espa?a

La percepci¨®n inmediata que tenemos del Estado es la de un conjunto de instituciones y ¨®rganos en los que se articula el poder pol¨ªtico. Este poder, estructurado jer¨¢rquicamente, se encarna en las personas que ejercen las distintas funciones y desempe?an los diversos cargos: as¨ª, en Espa?a, desde el Rey al ¨²ltimo concejal, pasando por el presidente del Gobierno, los presidentes de las comunidades aut¨®nomas, los ministros, consejeros y dem¨¢s nomenclatura. Pero, por debajo de esta manifestaci¨®n externa y ostensible del Estado -su m¨²sculo- permanece su realidad profunda -su esqueleto o espina dorsal-, que es el sistema jur¨ªdico que constituye su esencia. Porque el Estado es, en ¨²ltima instancia, el ordenamiento jur¨ªdico que establece un plan vinculante de convivencia en la justicia para un grupo humano determinado, que se asienta en un territorio delimitado. De ah¨ª resulta que la ra¨ªz ¨²ltima del Estado se halle en la supremac¨ªa de la ley, como expresi¨®n de la voluntad general democr¨¢ticamente conformada, que hace prevalecer los intereses generales sobre los particulares. Y de ah¨ª deriva tambi¨¦n que el principio fundamental en el que se basa la convivencia civil -de los ciudadanos- sea el respeto por la ley y por las sentencias de los jueces.

A comienzos de mi actividad profesional en el Pa¨ªs Vasco, all¨¢ por los a?os setenta del siglo XX, un viejo abogado de Amurrio de linaje carlista me dijo m¨¢s de una vez en su despacho, donde el paso de las d¨¦cadas hab¨ªa dejado una p¨¢tina indefinible: 'Deseng¨¢?ate, un Estado s¨®lo tiene tres funciones esenciales: administrar justicia, preservar el orden p¨²blico y cobrar los impuestos. Si abdica de alguna, aunque sea t¨¢citamente, ya no hay Estado'. Es cierto; pero hoy conviene insistir adem¨¢s en que, desde el punto de vista de la conducta de los ciudadanos, s¨®lo hay Estado cuando se cumplen las leyes y se pagan los impuestos. En suma: hay Estado cuando hay leyes y hay jueces; y s¨®lo son aut¨¦nticos ciudadanos las personas que cumplen las leyes. No obstante, parece como si estas verdades elementales y mostrencas no rigiesen en Espa?a, que los espa?oles disfrutasen de bula y no tuviesen que cumplir las leyes ni respetar las sentencias de los tribunales. ?ltimamente, por ejemplo, ha habido algunos casos escandalosos de inobservancia de aqu¨¦llas y de cuestionamiento de ¨¦stas.

El primero se ha dado en Barcelona, donde los trabajadores de Transportes Metropolitanos que han ejercitado su constitucional derecho a la huelga se han negado a prestar los servicios m¨ªnimos, cuya fijaci¨®n ¨²ltima corresponde en exclusiva a la autoridad gubernativa (STC 11/1981), si bien con participaci¨®n de los huelguistas mediante propuestas (STC 51/1986). Esta incalificable actuaci¨®n, este frontal incumplimiento de la ley en perjuicio de los usuarios, este abuso escandaloso del propio derecho, se manifest¨® hace unos d¨ªas, con desgarro, en la respuesta de un trabajador an¨®nimo a un periodista radiof¨®nico al interrogarle ¨¦ste sobre si los huelguistas pensaban acatar el laudo que el ¨¢rbitro nombrado por la Generalitat dictar¨ªa para zanjar la crisis. La contestaci¨®n, aut¨¦ntico monumento de descaro c¨ªnico y de ego¨ªsmo insolidario, fue: 'Si no hemos cumplido los servicios m¨ªnimos, tampoco vamos a cumplir el laudo'. Esta barbaridad la perpetr¨® el entrevistado, eso s¨ª, con el gracejo, el ceceo y el desahogo pr¨®ximo al desplante jaquet¨®n con el que algunos van por la vida salt¨¢ndose a la torera todo lo que haya que saltarse con tal de salirse con la suya.

El segundo y reciente ejemplo de falta de respeto por el orden jur¨ªdico nos lo han brindado, al alim¨®n, nada menos que el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia. Ha sido con motivo de la resoluci¨®n de la Sala Penal del Tribunal Supremo que ha resuelto archivar la querella que el fiscal present¨® contra Arnaldo Otegui por vitorear a ETA en Francia. El ministro Acebes ha emplazado a los tres magistrados de la Sala a 'coger y leer' el nuevo C¨®digo Penal, lo que les permitir¨ªa apreciar 'con absoluta claridad y nitidez' que la apolog¨ªa del terrorismo es delito de terrorismo; y les ha invitado a asumir su 'responsabilidad'. O sea, que los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo no se leen el C¨®digo Penal y, adem¨¢s, eluden su responsabilidad. ?Menudas piezas! Y por su parte, el presidente Aznar ha cuestionado la decisi¨®n judicial al afirmar que no la puede 'compartir', y -lo que es m¨¢s grave- se ha preguntado: '?C¨®mo puedo explicarle esto a una v¨ªctima del terrorismo?'.

Ante tama?as manifestaciones de desprecio por la ley y de desconsideraci¨®n por los jueces, cabe plantearse si su causa no estar¨¢ en la reciente historia de Espa?a. En efecto, la peor herencia de una dictadura es la convicci¨®n asumida por los ciudadanos, durante los a?os de opresi¨®n, de que las leyes no tienen por qu¨¦ ser cumplidas, ya que no son observadas ni siquiera por el propio poder que las dicta. Dec¨ªa el profesor L¨®pez Aranguren que lo peor de las leyes fundamentales franquistas era que no las cumpl¨ªa ni el propio Estado que las promulg¨®. No debe minimizarse el mal que supuso la privaci¨®n de las libertades formales; pero una vez recuperadas ¨¦stas, el pasado deja de ser operativo. En cambio, el h¨¢bito de incumplir las normas se perpet¨²a, lo cual resulta extremadamente grave, ya que la esencia de la democracia consiste en la fiel observancia del orden jur¨ªdico resultante de la ley y de la aplicaci¨®n de ¨¦sta por los jueces. Sin respeto a la ley y a los jueces, no hay democracia que valga.

Juan-Jos¨¦ L¨®pez Burniol es notario.