?De verdad sobran motivos para la huelga?

La marcha atr¨¢s parece imposible. El consenso que un¨ªa al Gobierno y los sindicatos desde que el Partido Popular lleg¨® al poder en 1996 se ha quebrado. Una ruptura provocada por la reforma de la protecci¨®n por desempleo, a la que el Gobierno dio forma de decreto-ley en el Consejo de Ministros del 24 de mayo, un d¨ªa despu¨¦s de la decisi¨®n formal de las direcciones de CC OO y UGT de convocar una huelga general para el 20 de junio. El pre¨¢mbulo de la ruptura se consum¨® en cuatro reuniones formales que acabaron con un estruendoso fracaso. El Ejecutivo coloc¨® sobre la mesa un documento que las centrales consideraron un 'inadmisi-ble' recorte de derechos y prestaciones, y un abaratamiento del despido. El enfrentamiento entre Gobierno y sindicatos queda patente en el debate, este mi¨¦rcoles en la sede de EL PA?S, entre el secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps; el secretario general de Empleo, Juan Chozas; la responsable de empleo de CC OO, Dolores Liceras, y el dirigente de acci¨®n sindical de UGT, Antonio Ferrer. Dos horas de discusi¨®n que inducen a pronosticar que la confrontaci¨®n seguir¨¢ despu¨¦s del 20-J.

Se ha quebrado el consenso que un¨ªa al Gobierno con los sindicatos desde que el Partido Popular lleg¨® al poder en 1996

D. Liceras: 'La huelga se convoca por el recorte de derechos de protecci¨®n social, por las rebajas en las prestaciones y porque se abarata el despido'

J. Chozas: 'No hay ning¨²n recorte de derechos en el sistema de protecci¨®n por desempleo. Incluso hay ampliaci¨®n de la protecci¨®n a colectivos que no la ten¨ªan'

G. Camps: 'Ahora trabaja m¨¢s gente que nunca, lo que corrobora que estamos en el inicio de una recuperaci¨®n econ¨®mica. Convocar huelga es una irresponsabilidad'

G. Camps: 'El di¨¢logo social sobre c¨®mo regular el desempleo no va a acabar con acuerdo, pero el di¨¢logo social no se ha roto'

D. Liceras: 'Parece que el Gobierno quiere decir que la persona despedida lo quer¨ªa y parece que el subsidio es el responsable de que no encuentre empleo'

J. Chozas: 'Lo normal ser¨ªa que la empresa contrate cuando lo necesita y, un buen d¨ªa, finalice la relaci¨®n laboral porque ya no lo necesita'

A. Ferrer: 'El nacional- sindicalismo es el que no entiende el derecho de huelga ni entiende la autonom¨ªa de los interlocutores sociales'

?QUI?N ES EL RESPONSABLE DE LA RUPTURA DEL DI?LOGO SOCIAL?

Gerardo Camps (Gobierno). Es bueno que haya di¨¢logo social y es bueno que termine con acuerdo, pero el acuerdo no es sin¨®nimo siempre de que se est¨¦ haciendo lo mejor. En este caso, el Gobierno siempre ha tenido la mano tendida, y han sido las organizaciones sindicales, lamentablemente, las que no han estado dispuestas al di¨¢logo.

Dolores Liceras (CC OO). El Gobierno es quien tira por la borda un capital important¨ªsimo que se hab¨ªa construido con much¨ªsimo trabajo a lo largo de los ¨²ltimos a?os. El Gobierno no ha planteado esta reforma para negociar, y de hecho s¨®lo ha habido cuatro reuniones, en las que nos convocaron por separado.

Juan Chozas (Gobierno). No creo que el formato de las mesas sea un indicador de que no ha habido voluntad de di¨¢logo.

?POR QU? SE CONVOCA

LA HUELGA?

D. Liceras. Porque hay un recorte de derechos de protecci¨®n social, recortes directos en las prestaciones y hay una reforma laboral que hace m¨¢s f¨¢cil y m¨¢s barato el despido.

J. Chozas. Hay huelga porque la convocan los sindicatos y es incluso independiente de la evoluci¨®n del di¨¢logo social. Ni hemos podido entrar a analizar la propuesta del Gobierno porque la postura sindical era de rechazo. Los pasos previos -no la formalizaci¨®n, que fue el 23 de mayo- para la convocatoria de la huelga se producen por encima de la mesa de di¨¢logo.

Antonio Ferrer (UGT). Las razones de la huelga son muy claras y de mucho peso. Con esta reforma, no solamente se recortan derechos de los trabajadores en el acceso a la protecci¨®n de desempleo, sino que se profundiza en regresiones en derechos laborales, como abaratar el despido, o la supresi¨®n de los fijos discontinuos. El Gobierno no ten¨ªa ninguna intenci¨®n de negociar, conoc¨ªa nuestros documentos y la regla m¨ªnima de negociaci¨®n: hacer un diagn¨®stico com¨²n y compartir objetivos aunque discrepemos en las soluciones.

G. Camps. ?sta es una huelga sin causa ni justificaci¨®n. Porque la reforma ni recorta derechos sociales ni abarata el despido. Tenemos m¨¢s afiliados a la Seguridad Social que nunca, en este pa¨ªs trabaja m¨¢s gente que nunca, estamos en el inicio de una recuperaci¨®n econ¨®mica. Una huelga general ahora es una irresponsabilidad social.

D. Liceras. Lo que no tiene ninguna l¨®gica es recortar cuando las cosas van bien. Si las cuentas de la Seguridad Social son boyantes, como efectivamente lo son, y si es verdad que la situaci¨®n del empleo va a mejorar, ?qu¨¦ sentido tiene recortar?

G. Camps. La reforma no supone recorte de gasto en relaci¨®n con el equilibrio presupuestario del Inem y del conjunto del sistema de protecci¨®n social.

A. Ferrer. El Gobierno afirma que no hay ni recorte ni abaratamiento del despido. S¨ª hay abaratamiento del despido, y hay expertos independientes que as¨ª lo est¨¢n diciendo.

D. Liceras. ?Cu¨¢nto se va a ahorrar el Estado en la reforma?

J. Chozas. Nada. No hay ning¨²n recorte de derechos en el sistema de protecci¨®n por desempleo. Al rev¨¦s, incluso hay ampliaci¨®n de la protecci¨®n a colectivos que no la ten¨ªan. El sentido de la reforma es que su consecuencia presupuestaria sea neutra. Es decir, que todo lo que se pudiera ahorrar permita gastar de forma que los desempleados tengan m¨¢s mecanismos para acceder al empleo.

SI NO ES AHORRO, ?ES

LUCHA CONTRA EL FRAUDE?

J. Chozas. En absoluto, la lucha contra el fraude tiene su campo, con actuaciones de inspecci¨®n. Lo que ocurre es que determinados aspectos del sistema de protecci¨®n por desempleo no jugaban en favor del empleo.

D. Liceras. Todo es ahorro para el Estado. Vaciamos la protecci¨®n por desempleo como derecho, y, en todo caso, para alg¨²n colectivo peque?o se da algo m¨¢s de pol¨ªtica de asistencia. En el subsidio va a haber autom¨¢ticamente menos beneficiarios, porque se hace m¨¢s dif¨ªcil la entrada, y el Gobierno tiene la obligaci¨®n de cuantificarlo. El que la indemnizaci¨®n por despido compute como renta, lo que ahora no se hace, provocar¨¢ que entre menos gente al subsidio. En el caso del subsidio agrario, no habr¨¢ nuevos beneficiarios. Y el nuevo sistema contributivo agrario es un chollo para el Inem, pero no para los potenciales beneficiarios, porque van a tener que cotizar igual que el resto de trabajadores y las prestaciones van a ser menores. Los trabajadores fijos discontinuos, que saben cu¨¢ndo van a trabajar, gente que ten¨ªa protecci¨®n por desempleo, lo pierde. Con los salarios de tramitaci¨®n, el Gobierno ahorra tambi¨¦n.

G. Camps. Nadie va a verse privado de las prestaciones que recibe. El objetivo de la reforma es modificar en algunos aspectos el acceso a esas prestaciones. Si todos compartimos que hay que ir hacia sistemas que prolonguen la vida laboral, que desincentiven las jubilaciones anticipadas; que los trabajadores, aunque pierdan sus puestos de trabajo a los cincuenta y pocos a?os, puedan volverse a reinsertar en el mercado de trabajo, no tiene mucho sentido que se quiera continuar con un sistema que lo que est¨¢ estimulando es la permanencia fuera del mercado a trabajadores que han perdido su empleo.

PARADOS MAYORES

DE 52 A?OS

J. Chozas. El problema de fondo es que, artificialmente, en los expedientes de regulaci¨®n de empleo se pacta que los mayores de 52 a?os entren ya obligatoriamente en una v¨ªa muerta, en la que hasta los 65 a?os tienen prestaci¨®n de desempleo y a partir de los 65 empiezan a cobrar la jubilaci¨®n. Ese sistema condena a los mayores de 52 a?os a no volver al empleo ni a intentarlo, por el miedo l¨®gico a perder el subsidio y lo que le est¨¦n pagando las empresas como indemnizaci¨®n periodificada. El desempleo tiene que abonarse a quien est¨¦ disponible para el empleo. Si analizamos la evoluci¨®n de los perceptores de subsidio mayores de 52 a?os, el 96% agota todo el periodo de esos 17 a?os de prestaci¨®n. Ahora decimos: son incompatibles las rentas porque el subsidio es un m¨ªnimo asistencial, pero adem¨¢s estas personas deben tener alg¨²n incentivo para reenganchar en el trabajo, y permitimos que sea compatible el empleo con parte del subsidio.

A. Ferrer. Es llamativo la consideraci¨®n de renta que se da a la indemnizaci¨®n por despido, con un tratamiento distinto y peor al fiscal.

D. Liceras. Parece que el Gobierno quiere decir que la persona despedida quer¨ªa ser despedida y que el subsidio es el responsable de que esa persona no encuentre empleo. Pero el subsidio nace ante la discriminaci¨®n laboral que sufren los mayores de 52 a?os y ante la imposibilidad de que encuentren empleo. Es una renta de sustituci¨®n para situaciones muy dif¨ªciles: es la ¨²nica ayuda familiar para el parado que tiene menos de 55.000 pesetas al mes, inferior -para C¨¢ritas- al umbral de la pobreza, y que tiene responsabilidades familiares. Cuando se explique a los mayores de 52 a?os que con el subsidio se van a tener que financiar su propio empleo, que adem¨¢s ser¨¢ precario, no van a entender que es una medida para fomentar su empleo.

G. Camps. No se ha modificado el r¨¦gimen de prestaciones para los mayores de 52 a?os, excepto que se ha incompatibilizado el subsidio con la percepci¨®n de rentas mensuales.

?QU? IMPACTO TENDR?

LA REFORMA DEL

SUBSIDIO AGRARIO?

J. Chozas. No va a pasar nada dram¨¢tico ni malo en Andaluc¨ªa y Extremadura. Todas las inversiones que viene haciendo el Inem para obras de inter¨¦s p¨²blico que hagan los Ayuntamientos se seguir¨¢n haciendo. Y todos los perceptores del sistema de subsidio agrario se mantienen tal cual. Adem¨¢s, aquellas personas, de cualquier autonom¨ªa, que se incorporen a la actividad agraria tienen derecho a iniciar su carrera de protecci¨®n en el nuevo r¨¦gimen contributivo. No ten¨ªan ninguno. Y ser¨¢ similar al r¨¦gimen contributivo general y sin barreras geogr¨¢ficas o sectoriales. Esa persona podr¨¢ generar cotizaci¨®n en el campo, pero tambi¨¦n en la construcci¨®n o en servicios, y, al final, esa hucha le computar¨¢ a efectos de la protecci¨®n por desempleo.

A. Ferrer. Estamos ante una desaparici¨®n gradual. Todos los j¨®venes quedan fuera. Este cambio se presenta como un nuevo sistema contributivo para el conjunto de los trabajadores del campo, pero nace de forma claramente discriminatoria: si los dem¨¢s empleados tienen 120 d¨ªas de prestaci¨®n por cada periodo de 360 d¨ªas trabajados, los eventuales del campo s¨®lo tendr¨¢n 90 por cada 360. Y sin subsidio.

J. Chozas. Es cierto que el nuevo sistema contributivo del campo es menor que el r¨¦gimen general, pero es que ahora no hay ninguno, y nace con vocaci¨®n de aproximarse e igualarse antes de 2007. E insta al Gobierno a poner en marcha un sistema asistencial cuando las cotizaciones lo vayan permitiendo.

A. Ferrer. El nuevo sistema contributivo es inalcanzable porque con las jornadas reales que existen en el trabajo en el campo har¨ªan falta cuatro a?os de cotizaci¨®n para sumar los 360 d¨ªas.

D. Liceras. El 70% de los trabajadores eventuales del campo est¨¢n en Andaluc¨ªa y Extremadura. Por tanto, estamos haciendo un intercambio de menor protecci¨®n para el 70% bajo la excusa de que lo generalizamos al resto. Luego est¨¢ el m¨¦todo que acompa?a a toda la reforma: deja en manos del Gobierno si da o no da derechos ya adquiridos por los trabajadores. Esto no puede colar constitucionalmente. El Gobierno se autoriza a s¨ª mismo para decidir graciosamente a qui¨¦n se va a conceder el subsidio y a qui¨¦n no, y c¨®mo equiparar¨¢ la prestaci¨®n y en qu¨¦ a?os.

G. Camps. El 70% de los trabajadores eventuales agrarios est¨¢n en Andaluc¨ªa y Extremadura, y se quedan exactamente como estaban. No hay ning¨²n recorte para los que ya estaban. Y resulta que el 30% restante no tiene absolutamente nada. Si s¨®lo se discute lo accesorio y no lo general, yo creo que convocatorias de huelgas generales...

?QUI?N DECIDE CUANDO UNA OFERTA DE

EMPLEO ES ADECUADA?

J. Chozas. Lo decidir¨¢ el Inem y los servicios de empleo de las comunidades aut¨®nomas, como ocurre en todos los pa¨ªses que tienen un sistema de protecci¨®n por desempleo. Antes del decreto-ley se considera que un empleo es adecuado cuando encaja en las caracter¨ªsticas personales y profesionales del parado sin ninguna limitaci¨®n. Esto ha generado una conflictividad que se ha dirimido en los tribunales. Lo que hace el decreto es mantener que es el servicio de empleo el que debe ayudar al desempleado a encontrar un puesto de trabajo y asesorarle, y establecemos un rango de actuaciones en funci¨®n del tiempo que lleve esa persona desempleada. No con intenci¨®n de fastidiarle, sino de ayudarle a encontrar empleo. Y as¨ª, cuando lleva un a?o sin encontrar empleo, estas medidas se ampl¨ªan por facilitarle otros ¨¢mbitos de b¨²squeda y otras profesiones. Y tendremos que acometer tambi¨¦n la mejora de los recursos humanos y materiales del Inem y los servicios de empleo de las autonom¨ªas.

D. Liceras. El problema es que lo que era l¨®gico hasta ahora, que es vincular la oferta a la profesi¨®n, a la formaci¨®n del trabajador, al salario que ha venido percibiendo, desaparece cuando pase un a?o en el paro. Valdr¨¢ cualquier empleo, sea temporal, sea a tiempo parcial, a 30 kil¨®metros, que el desplazamiento suponga el 20% del salario que se va a percibir, que sea para contratos incluso que no coticen al desempleo, con lo que no tendr¨¢ derecho posterior a la prestaci¨®n por desempleo. Esto es un apoyo a la inestabilidad laboral. Rompe el modelo que cre¨ªamos ten¨ªamos consensuado con el Gobierno de apostar por la estabilidad en el empleo.

G. Camps. El Gobierno cree que los desempleados en este pa¨ªs quieren trabajar y que cuando pierden su trabajo quieren encontrar otro cuanto antes, y nadie puede discutir que la manera de estar m¨¢s cerca del mercado laboral es trabajar, aunque sea con un contrato temporal. Est¨¢ mucho m¨¢s lejos del contrato estable el desempleado que el que ya est¨¢ inserto en el mercado laboral aunque su contrato sea de car¨¢cter temporal.

A. Ferrer. Esta medida deja claro qu¨¦ modelo de pleno empleo quiere el Gobierno: el del subempleo, de menos salarios, de precariedad. Aunque tendr¨¢ que ser el Tribunal Constitucional quien defina si no atenta contra derechos fundamentales como es la libre elecci¨®n de la profesi¨®n, de momento va a ser la Administraci¨®n, a partir de los 12 meses de paro, quien decidir¨¢ cu¨¢l es tu profesi¨®n. Hasta ahora, la decisi¨®n sobre la oferta adecuada de empleo ten¨ªa una tutela judicial que ahora pierde.

D. Liceras. Hicimos una huelga general al PSOE cuando pretendi¨® que val¨ªa cualquier empleo y que era mejor un empleo precario que seguir en desempleo. Esa filosof¨ªa la rompimos en 1997 con el apoyo del Gobierno del PP porque se hab¨ªa llegado a una tasa de temporalidad del 35%: tener a trabajadores temporales que rotaban permanentemente incapacitaba a las empresas para darles formaci¨®n y apostar por un modelo de competencia m¨¢s productivo. Aquella filosof¨ªa que defendi¨® el PSOE, que es mejor cualquier empleo a estar desempleado, ahora la engancha el PP. Con esto no estamos sacando de la vagancia a los desempleados, estamos haciendo empresas vagas.

G. Camps. La coincidencia con el Gobierno socialista debe ser tal que por eso el PSOE est¨¢ apoyando la huelga ahora.

J. Chozas. Yo entiendo que todos queremos que el empleo sea de calidad, es decir, indefinido, pero no podemos identificar la prestaci¨®n por desempleo como un fin en s¨ª mismo y algo intocable. Es mejor utilizar el tiempo en que se est¨¢ cobrando la prestaci¨®n para intentar resolver la situaci¨®n de desempleo.

A. Ferrer. El discurso del Gobierno est¨¢ siempre dirigido a quienes cobran una prestaci¨®n por desempleo. En esta hora y media no hemos hablado para nada del 40%, del 42%, que no cobra ning¨²n tipo de prestaci¨®n o subsidio.

D. Liceras. Un dato: casi la mitad de la gente que est¨¢ cobrando prestaci¨®n cobra menos de cuatro meses; s¨®lo el 3% cobra 24 meses, y de los que generan un derecho de m¨¢s de un a?o s¨®lo el 15% agota la prestaci¨®n.

?CU?NTOS FIJOS DISCONTINUOS VAN A DEJAR DE

COBRAR LA PRESTACI?N?

J. Chozas. Ninguno

A. Ferrer. Y por eso cambi¨¢is la norma.

J. Chozas. La norma se modifica porque el Estatuto de los Trabajadores el a?o pasado cambi¨® el r¨¦gimen de los trabajadores fijos discontinuos. Nadie se queda sin protecci¨®n por desempleo, sino que cada cual tiene la que entendemos que es m¨¢s adecuada a su contrato. Y todos los que estaban en el sistema se rigen por la norma vigente cuando firmaron su contrato. Decir que se va a echar del sistema a todos los fijos discontinuos es buscar recortes donde no los hay.

D. Liceras. El a?o pasado, con la reforma laboral desaparece una figura contractual que es la de los fijos discontinuos de llamamiento cierto.

J. Chozas. No desaparece, se regula como tiempo parcial.

D. Liceras. Desaparece como fijo discontinuo, es otra cosa. El trabajador a tiempo parcial no tiene derecho a protecci¨®n por desempleo cuando no tiene actividad productiva, mientras que el fijo discontinuo, s¨ª. El de tiempo parcial s¨®lo tiene derecho a desempleo cuando se le despide. Y para que los que tengan contratos hechos antes del decreto tengan derecho a las prestaciones como est¨¢ diciendo el Gobierno se tiene que escribir en el decreto-ley, no est¨¢ escrito. Cuando una ley no dice esto, el Gobierno puede decidir que no tienen derecho. Por tanto, ¨¦sta es una enmienda que tendr¨¦is que presentar si realmente ten¨¦is voluntad de que eso sea as¨ª.

J. Chozas. Creo que la determinaci¨®n del contrato le corresponde libremente a empresario y trabajador. Pero si hay que hacer una enmienda y este debate ha servido para que tengamos una enmienda de los sindicatos, hemos aprovechado el tiempo.

D. Liceras. ?Qu¨¦ va a pasar con los fijos discontinuos en el sector de la ense?anza?

J. Chozas. Pues depender¨¢ del contrato que tengan. Si es con repetici¨®n de fechas ciertas, tendr¨¢n la protecci¨®n del desempleo de tiempo parcial, y si es con llamamiento y fechas inciertas, tendr¨¢n la protecci¨®n de los fijos discontinuos.

D. Liceras. Luego no tendr¨¢n la protecci¨®n de fijos discontinuos.

?POR QU? SE ELIMINAN

LOS SALARIOS

DE TRAMITACI?N?

J. Chozas. El sistema anterior obligaba al trabajador a demandar a su empresa y se obligaba a un pronunciamiento del juez sobre si el despido hab¨ªa sido procedente o improcedente para poder empezar a cobrar la prestaci¨®n. Eso generaba una conflictividad enorme y una litigiosidad artificial muy grande, en la que las empresas contratan a los trabajadores porque los necesitan, pero los despiden por causas disciplinarias, en vez de lo que ser¨ªa un comportamiento normal del mercado de trabajo: se contrata porque se necesita, y un buen d¨ªa finaliza la relaci¨®n laboral porque ya no se necesita. Ya no vamos a obligar al trabajador a ese procedimiento para que pueda cobrar la prestaci¨®n por desempleo. Entendemos que eso favorece indirectamente a la contrataci¨®n indefinida. La indemnizaci¨®n por despido se pacta ahora en los ¨®rganos administrativos de conciliaci¨®n. Se seguir¨¢ pactando, pero ya libremente en las empresas.

A. Ferrer. Se suprimen los salarios de tramitaci¨®n, que son parte de la indemnizaci¨®n, y se abaratan los costes del despido. El abaratamiento ser¨ªa de cerca de un 98% de la indemnizaci¨®n para un trabajador con un mes de antig¨¹edad, al 30% si tiene tres a?os y en ocho a?os en el entorno del 10%.

D. Liceras. Con la eliminaci¨®n de los salarios de tramitaci¨®n se rompe la d¨¦bil barrera entre despido con causa y despido improcedente. ?Por qu¨¦ el empresario va a justificar las causas del despido si el tiempo que pase hasta que el juez dicte sentencia no le va a exigir pagar m¨¢s salarios de tramitaci¨®n? Se debilita la tutela judicial efectiva. T¨² dices: 'Se va a conciliar antes'. Efectivamente, se va a conciliar a la baja, siempre a la baja.

G. Camps. Nadie puede decir que le determine el coste de la indemnizaci¨®n 20 o 25 d¨ªas de salario de tramitaci¨®n, que es lo m¨¢s habitual. De los 280.000 trabajadores despedidos el a?o pasado con derecho a salario de tramitaci¨®n s¨®lo hubo 856 que cobraron salarios de tramitaci¨®n de m¨¢s de dos meses.

?HAY ALGUNA POSIBILIDAD DE DESCONVOCATORIA

ANTES DEL D?A 20?

J. Chozas. No lo s¨¦, depender¨¢ de los sindicatos. El d¨ªa 13 est¨¢ prevista la convalidaci¨®n del decreto-ley y empieza el plazo de enmiendas. Estar¨ªamos encantados de que ah¨ª pueda haber un di¨¢logo o unas aportaciones que no ha habido de otra manera.

A. Ferrer. La medida determinante para desconvocar la huelga del 20 de junio es la retirada de este decreto-ley.

G. Camps. La huelga no es la contestaci¨®n a un decreto del Gobierno, sino a una propuesta de negociaci¨®n de la que se exige su retirada. Las organizaciones sindicales han dicho: para hablar tienen ustedes que renunciar a su posici¨®n, y eso, como dijo Felipe Gonz¨¢lez en el a?o 1988, tiene m¨¢s que ver con el nacional-sindicalismo que con un r¨¦gimen democr¨¢tico. Ante eso, el Gobierno tiene que gobernar, y si cree que es bueno lo que propone, tiene que ponerlo en marcha cuanto antes.

A. Ferrer. Gerardo, lo del nacional-sindicalismo me parece un ejemplo desafortunado.

G. Camps. Lo dijo Felipe Gonz¨¢lez.

A. Ferrer. El nacional-sindicalismo es el que no entiende el derecho de huelga, es el que no entiende de la autonom¨ªa de los interlocutores sociales y pretende imponer desde el poder p¨²blico a los interlocutores sociales. Los sindicatos, que somos democr¨¢ticos, que tenemos nuestra relevancia, apoyada en la Constituci¨®n, l¨®gicamente rechazamos eso, y decirlo en el a?o 2002 es muy desafortunado.

D. Liceras. La huelga general se convoca no ante una propuesta de di¨¢logo, sino ante una propuesta con medidas concretas. Y el primer d¨ªa que se nos convoca en Trabajo se nos dice: ¨¦sta es la propuesta del Gobierno, caben pocos matices...

G. Camps. No.

D. Liceras. T¨² no estabas.

G. Camps. El ministro de Trabajo ha dicho que todo era negociable p¨²blicamente.

D. Liceras. Luego s¨ª, all¨ª no. T¨² no estabas. Nos dijo: ¨¦sta es la propuesta y, adem¨¢s, la tenemos que sacar en 15 o 20 d¨ªas. Entonces, la huelga general responde a un paquete de medidas.

Y EL D?A 21 DE JUNIO,

?QU? VA A PASAR?

J. Chozas. Habr¨¢ que seguir viviendo.

D. Liceras. El di¨¢logo est¨¢ roto para mucho tiempo.

J. Chozas. Bueno, eso depender¨¢ de lo bien que sepamos manejarlo o no. Desde luego, hay una parte de relaci¨®n institucional que entiendo no es s¨®lo deseo, sino obligaci¨®n del Gobierno mantenerla.

G. Camps. Yo creo que el di¨¢logo social no se ha roto. El di¨¢logo social respecto a c¨®mo regular el desempleo s¨ª que no va a acabar con acuerdo, pero el di¨¢logo continuar¨¢.

A. Ferrer. Creo que el Gobierno est¨¢ circunscribiendo el di¨¢logo social a lo que son las obligaciones de informaci¨®n y consulta. Ahora, ?c¨®mo vemos el d¨ªa 21? Pues, dif¨ªcil si el Gobierno no retira este paquete de medidas que contiene el real decreto-ley.

D. Liceras. Yo creo que el di¨¢logo ser¨¢ muy dif¨ªcil porque tomar decisiones unilaterales sobre algo que afecta al conjunto del pa¨ªs pone una piedra muy gorda. Sinceramente, el Gobierno ha debido decidir, no entendemos por qu¨¦, que es complicado seguir avanzando por el camino del di¨¢logo y que su mayor¨ªa absoluta les permite hacer este tipo de cosas.