El condenado guardaba residuos t¨®xicos en una nave abandonada

El Juzgado de lo Penal n¨²mero 1 de M¨®stoles ha condenado a Francisco Luque Ord¨®?ez -propietario de la empresa Schakall o Curtipiel Madrid- a indemnizar con 41.133 euros a la Comunidad de Madrid por considerarlo autor de un grave delito contra el medio ambiente. La sentencia, adem¨¢s de condenar a Luque a tres meses de arresto menor y a una multa de 6.000 euros, le obliga a pagar al Gobierno regional una cantidad casi siete veces mayor por 'da?os y perjuicios'.

El juez ha actuado a petici¨®n del fiscal, que se mostr¨® en desacuerdo con la primera sentencia emitida y pidi¨® que, adem¨¢s de un arresto menor y una multa (la pena habitual en estos casos), se valorara el delito ecol¨®gico que la empresa hab¨ªa cometido. Luque Ord¨®?ez almacenaba, en las instalaciones de su empresa en Fuenlabrada (en la calle del Cordel Alto de la Carrera, 14, en el pol¨ªgono de La Piqueta), bidones con residuos t¨®xicos al alcance de cualquiera.

A juicio de los expertos consultados, este fallo judicial, emitido por un juez penal, sienta un 'importante precedente' y abre una v¨ªa para sancionar de manera ejemplar los delitos contra el medio ambiente. Lo habitual es que las infracciones se resuelvan a trav¨¦s de expedientes administrativos abiertos por la Consejer¨ªa de Medio Ambiente. El m¨¢s importante hasta ahora ha sido el incoado a Renfe despu¨¦s de que uno de sus trenes causara un gran incendio en la sierra.

Los hechos que motivaron este juicio se conocieron a trav¨¦s de los informes emitidos por los t¨¦cnicos de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, del Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza de la Guardia Civil y de los Servicios T¨¦cnicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, localidad en la que ten¨ªa establecida su sede la empresa de curtido de pieles Schakall. Estos informes indicaban, como posteriormente qued¨® probado, que en las instalaciones que el empresario Francisco Luque Ord¨®?ez ten¨ªa en el Pol¨ªgono de la Piqueta se acumulaban los siguientes residuos: reactivos varios, aceites usados y derivados del petr¨®leo, tintes y colorantes, disolventes y productos qu¨ªmicos. Todas estas sustancias est¨¢n consideradas como residuos t¨®xicos y peligrosos conforme al Real Decreto 833/1988.

Los residuos t¨®xicos y peligrosos guardados en bidones en las instalaciones de Luque Ord¨®?ez carec¨ªan de cualquier medida de protecci¨®n o control. La nave, seg¨²n detalla la sentencia, se encuentra en total estado de abandono, con las puertas abiertas y parcialmente derruida, por lo que desde el exterior se pod¨ªa comprobar que en el interior se hallaban bidones con etiquetas que los calificaban como residuos t¨®xicos, corrosivos y explosivos. Esta situaci¨®n, a juicio de los responsables de Medio Ambiente, 'generaba un riesgo inminente y un grave peligro para la salud humana, el medio ambiente y los recursos naturales'.

Medidas cautelares

Ante la gravedad de los hechos, la Consejer¨ªa de Medio Ambiente de la Comunidad dict¨® una resoluci¨®n en la que acord¨® una serie de medidas cautelares. Entre ¨¦stas se determin¨® la retirada y an¨¢lisis de las aguas embalsadas en el recinto y de los residuos t¨®xicos s¨®lidos por una empresa que le dio el tratamiento adecuado. Adem¨¢s, los servicios municipales sacaron de la nave los residuos no considerados t¨®xicos y peligrosos, y, por ¨²ltimo, los t¨¦cnicos regionales evaluaron la contaminaci¨®n producida en los terrenos de la finca, en fincas colindantes y en los pozos de la zona.

Todas estas actuaciones las realiz¨® la Consejer¨ªa de Medio Ambiente ante la pasividad de los responsables de la empresa, y estaban destinadas a asegurar el correcto tratamiento de los residuos para que no se produjera un riesgo o da?o para la salud de las personas o el medio ambiente, seg¨²n fuentes del Ejecutivo.

Paralelamente a estas actuaciones, Pedro Calvo Poch, consejero de Medio Ambiente, inici¨® un expediente sancionador que finalmente fue suspendido en su tramitaci¨®n al ser asumido el caso por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Fuenlabrada. Posteriormente, el Juzgado de lo Penal n¨²mero 1 dictamin¨®, a petici¨®n del fiscal, que los hechos ten¨ªan consideraci¨®n de 'delito' y no de 'infracci¨®n grave'. Esta circunstancia es la que modifica la calificaci¨®n de los hechos de simple infracci¨®n administrativa por el abandono de los residuos a delito ecol¨®gico. La sentencia habilita adem¨¢s a la Comunidad de Madrid a tramitar un procedimiento sancionador por posibles vertidos al alcantarillado o a los pozos de la zona, extremo ¨¦ste que no fue llevado a juicio.

El Gobierno regional impuso durante el a?o pasado 3.430 multas por delitos medioambientales, un 35% m¨¢s que las 2.535 del ejercicio anterior, seg¨²n datos facilitados por la Consejer¨ªa de Medio Ambiente. Las sanciones supusieron una recaudaci¨®n total de 2,8 millones de euros, un 42% superior a lo cobrado por el mismo concepto en 2000. Se impusieron m¨¢s multas, se recaud¨® m¨¢s dinero, pero se tramitaron menos expedientes que en 2000, lo que, seg¨²n fuentes de Medio Ambiente, significa 'una mayor efectividad en la disuasi¨®n, que es lo que se persigue'. La mayor¨ªa de las sanciones obedeci¨® a vertidos ilegales de tierras o escombros, ruidos de motos no permitidos u hogueras no autorizadas. La mayor multa fue para Renfe: casi 700.000 euros porque uno de sus trenes provoc¨® un reguero de chispas que causaron varios incendios en cadena en la sierra.