La batalla legal

EN LAS CONSTITUCIONES decimon¨®nicas de la monarqu¨ªa parlamentaria y en el C¨®digo Civil, los derechos de los extranjeros eran contemplados desde una perspectiva meramente civil y mercantil. Fue la Constituci¨®n de 1978 (art¨ªculo 13), quien primero reconoci¨® derechos constitucionales a los extranjeros.

A partir de la Constituci¨®n todo ha sido ir hacia atr¨¢s, orient¨¢ndose el legislador (de 1985 y 2000) a una preocupaci¨®n preferentemente policial, de regulaci¨®n represiva de la extranjer¨ªa, en detrimento de la gesti¨®n de los flujos migratorios y de la integraci¨®n laboral de los inmigrantes.

Esta opci¨®n del legislador contrasta con un mercado laboral crecientemente internacionalizado, con una intensa demanda de mano de obra en sectores dependientes de la inmigraci¨®n (agricultura, hosteler¨ªa y turismo, trabajo dom¨¦stico, construcci¨®n). El resultado l¨®gico de esa contradicci¨®n tan fuerte entre una ley r¨ªgida y una realidad econ¨®mica en crecimiento ha sido el constante aumento de la inmigraci¨®n irregular, producida por un determinado empresariado y por un poder pol¨ªtico que es muy sensible a la opini¨®n p¨²blica hostil al extranjero pobre y de otra raza, que, adem¨¢s, no vota, y, por tanto, no tiene medio de presionar o condicionar a los partidos.

Cuando el gobierno socialista impuls¨® la ley 7/1985 de extranjer¨ªa estaba empezando a cambiar el sistema migratorio europeo y cre¨¢ndose un espacio sin fronteras interiores (Schengen).

La inmigraci¨®n se hab¨ªa convertido en los ¨²ltimos a?os del siglo XX en estructural en la vieja Espa?a con turismo y transportes r¨¢pidos y masivos (hoy es extranjera el 5% de la poblaci¨®n europea, 2% en Espa?a). Esto es lo que el ¨²ltimo de los gobiernos socialistas capt¨® y traslad¨® al Reglamento 155/1996 de la Ley de Extranjer¨ªa, flexibilizando lo m¨¢s posible aqu¨¦lla, despu¨¦s de pasar por m¨²ltiples regularizaciones o amnist¨ªas.

Sin embargo, se hac¨ªa necesario un cambio de ley. Es lo que se realiz¨® mediante la Ley 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros, aprobada por todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, cuando ¨¦ste ya gobernaba pero no ten¨ªa mayor¨ªa absoluta.

La Ley 4/2000 pretendi¨® legalizar lo ilegal, a trav¨¦s de la equiparaci¨®n en derechos de espa?oles y extranjeros, de integrar laboralmente a ¨¦stos de forma permanente (dos a?os de estancia con trabajo permit¨ªan adquirir los 'papeles'), de hacer posible la reagrupaci¨®n familiar, de reservar las expulsiones s¨®lo para las infracciones muy graves, y de crear un cupo anual.

El gobierno de mayor¨ªa absoluta del PP boicote¨® la Ley. Ni siquiera la desarroll¨®. En su lugar, aprob¨® la Ley 8/2000, vigente a¨²n.

Esta ley est¨¢ pensada para poner un muro entre legales e ilegales; para hacer muy dif¨ªcil la entrada legal en Espa?a y a¨²n m¨¢s la regularizaci¨®n, propiciando un desarrollo extraordinario de las mafias, que son quienes regulan realmente el flujo migratorio, y quienes ponen en contacto al inmigrante con el empleador, dado que el Estado no lo hace ni con los cupos rid¨ªculos, ni con acuerdos con los pa¨ªses exportadores de mano de obra, ni con el obstaculizador papeleo burocr¨¢tico que se convierte en un calvario para el inmigrante trabajador. La consecuencia es una sobreexplotaci¨®n laboral que se ha convertido en un elemento nuclear de parte de nuestro sistema productivo.

La gran cuesti¨®n es canalizar por la v¨ªa de la legalidad el constante y necesario flujo migratorio, y su posterior integraci¨®n estable (y flexible) en nuestro pa¨ªs. Pero a nada de eso responde la ley 8/2000, ni su Reglamento de 2001, ni tampoco, por cierto, las medidas -b¨¢sicamente policiales y represivas- que Aznar va a plantear en la Cumbre de Sevilla de esta semana. La ley 8/2000 se dirige a restringir los derechos de los irregulares forzosos que est¨¢n dentro de Espa?a (no tienen derechos constitucionales esenciales, ni derecho al trabajo, a las ayudas para la vivienda p¨²blica o a la seguridad social, y est¨¢n condicionados sus derechos a la asistencia sanitaria, la educaci¨®n no obligatoria y la asistencia jur¨ªdica). La Ley favorece la expulsi¨®n en 48 horas con s¨®lo tener caducados los papeles, y tambi¨¦n dificulta la regulaci¨®n, por cuanto los a?os de estancia previa para conseguirla pasan de 2 a 5. Y si la legalidad para trabajar es pr¨¢cticamente la regla, lo es m¨¢s para la entrada en Espa?a, habiendo desaparecido la obligatoriedad de un cupo anual o del reagrupamiento por razones humanitarias.

En realidad, lo de luchar contra la inmigraci¨®n ilegal es un sofisma ideol¨®gico. Nadie es 'ilegal' per se. Lo es porque el Estado no le reconoce, aunque trabaje, o porque el empresario no le firma un contrato. Pero la ley hace que sea casi imposible ser legal. S¨®lo puede hacerse desde el pa¨ªs de origen, a donde hay que volver para luego retornar a Espa?a. Y casi nadie contrata sin ver la cara al trabajador, ni ¨¦ste se arriesga a volver a su pa¨ªs con el riesgo de no ser readmitido m¨¢s adelante. Consecuencias perversas de legislaciones perversas.

El derecho de la extranjer¨ªa ha sido siempre ca¨®tico y arbitrario. Este infraderecho, aplicado a miles de inmigrantes, es inviable como soluci¨®n del conflicto, porque requiere de una acci¨®n pol¨ªtica multidimensional, no obsesivamente anclada en el orden p¨²blico.

Ese derecho se confronta con un hecho en los pa¨ªses del Mediterr¨¢neo a los que, como Espa?a, lleg¨® tarde el Estado de Bienestar: el cuidado de los ni?os, los ancianos, y otros trabajos, que en otros lugares los asumi¨® lo p¨²blico, en Espa?a o Italia los asumen hoy los inmigrantes. Algunas econom¨ªas meridionales se han hecho competitivas con el trabajo precario, estacional, ilegal, del inmigrante

El destello de la Ley 4/2000 fue ef¨ªmero, pero sigue siendo la ¨²nica referencia legal con un m¨ªnimo sentido, hasta que se logre lo realmente necesario: una Europa pol¨ªtica unificada como poder global relevante, que sea capaz de imponer un derecho europeo que ordene los flujos con acuerdos internacionales, los legalice, adec¨²e los cupos al mercado y lance un mensaje solidario que detenga la loca carrera unilateral de los gobiernos para ver qui¨¦n es m¨¢s duro y xen¨®fobo. La Europa fortaleza es imposible. No hay fortalezas democr¨¢ticas.