Tiempos de ruptura

La conjunci¨®n de movimientos estimulados desde el conjunto del nacionalismo vasco indican la voluntad de acercar en el tiempo la estrategia de un proceso de ruptura institucional con el Estado. Los pasos t¨¢cticos dados desde el Pacto de Estella hasta ahora pueden estar sujetos a improvisaciones y vaivenes, pero la voluntad estrat¨¦gica del nacionalismo vasco es lo suficientemente expl¨ªcita y evidente como para dudar, o pensar, que todo obedece a amagos, pero no a ese objetivo final. En este sentido, el que hayan salido indemnes de coste pol¨ªtico con el papel desempe?ado con la negociaci¨®n del Concierto Econ¨®mico debiera hacer reflexionar con la imperiosa necesidad de que el Estado rentabilice pol¨ªticamente lo que se ha definido como 'los costes de la No-Espa?a'. El riesgo del empobrecimiento de la sociedad vasca, en el caso de que llegue a materializarse la pol¨ªtica rupturista del nacionalismo, no est¨¢ activado como est¨ªmulo electoral para las decisiones de los ciudadanos.

Los pasos dados est¨¢n sujetos a improvisaciones o vaivenes, pero la voluntad estrat¨¦gica del nacionalismo es evidente

En los ¨²ltimos d¨ªas se han activado al un¨ªsono varios grupos sociales, en sinton¨ªa con las posiciones del Gobierno

Para cualquier analista resultar¨ªa chocante comprobar c¨®mo los enormes fondos que se canalizan para alterar el marco constitucional se financian a trav¨¦s del Concierto Econ¨®mico por el propio Estado sin que se activen, aparentemente, pol¨ªticas correctoras. M¨¢xime, cuando la alteraci¨®n del juego democr¨¢tico institucional est¨¢n siendo realizadas unilateralmente por parte de los coyunturales (aunque ellos se crean por derecho permanentes) gestores de las instituciones auton¨®micas.

No parece razonable tan poco coste pol¨ªtico de quien, en una especie de autogolpismo, subvierte el marco institucional al que debe su propia existencia pol¨ªtica. S¨®lo se explica desde la propia actitud d¨¦bil e inconsecuente del Estado. Y no hay ning¨²n dato que avale que una actitud m¨¢s firme y resuelta en la aplicaci¨®n de la ley fuera menos razonable para la ciudadan¨ªa desde la ¨®ptica de una m¨¢s eficaz pol¨ªtica pedag¨®gica, desde la opci¨®n de la defensa de la libertad, la pluralidad y la salud social democr¨¢tica, tan alterada no s¨®lo por el nacionalismo terrorista, sino por todo el nacionalismo en su conjunto.

En los ¨²ltimos d¨ªas se han producido datos para tener en cuenta: la posici¨®n de los obispos vascos, coincidente con las posiciones del PNV, la de los m¨¢s de trescientos sacerdotes con las de Batasuna, el activismo de la plataforma Elkarri, el retorno a posiciones de vanguardia pol¨ªtica para el proyecto secesionista por parte de ELA, la salida a escena de algunos grupos de personalidades catalanas, vascas y de Madrid en tesis tercerviarias similares a las de Elkarri, de utilizar el terrorismo de ETA como soporte argumental para negociar el proyecto nacionalista de superaci¨®n del marco jur¨ªdico-pol¨ªtico, estimulando el proceso secesionista. Todos estos sectores se han activado al un¨ªsono, en sinton¨ªa con gran parte de las posiciones de los partidos del Gobierno nacionalista, inclu¨ªda IU, y que llevar¨¢n a la ponencia de la Comisi¨®n Especial de Autogobierno del Parlamento vasco.

El desfile de las ¨²ltimas personas que han pasado por esa Comisi¨®n, inclu¨ªdo un nacionalista vasco franc¨¦s, indica que el contenido de lo que se llevar¨¢ a posteriormente al pleno del Parlamento, aun con la posibilidad de algunas cautelas, ir¨¢ en el sentido de aprobar 'la necesidad de superaci¨®n del marco jur¨ªdico-pol¨ªtico actual'. La realidad de la falta de libertad de los constitucionalistas, la impunidad de los nacionalistas en su intento de asegurar para siempre su concepci¨®n patrimonial de pa¨ªs ser¨¢n transformadas por el marketing pol¨ªtico en 'insatisfacci¨®n social' con el marco jur¨ªdico-pol¨ªtico actual,que no permite a los vascos/as (sic) ser lo que lo que los vascos/as quieran ser.

El juego de preferir el acuerdo de Stormont al Estatuto de Gernika, como dec¨ªa Xabier Arzalluz, pero sin renunciar a las prebendas del Estatuto y a una aplicaci¨®n del mismo orientado a su superaci¨®n en la direcci¨®n secesionista, deber¨ªa acabarse. Y es al Estado democr¨¢tico de Derecho al que le corresponde esa responsabilidad.