Huelga y tutela

La proximidad de la huelga general, la actuaci¨®n del gobierno desde su convocatoria y el hecho de que, este paro generalizado, llegue a alcanzar el ¨¦xito que anunci¨® la manifestaci¨®n del pasado domingo, son cuestiones que me llevan a reflexionar.

No pretendo, en esta ocasi¨®n, manifestarme sobre la legalidad de la huelga. Lo hice ya, y en sentido afirmativo, en este diario. Tampoco desear¨ªa seguir manifest¨¢ndome sobre la posible intromisi¨®n del Gobierno en el ejercicio del derecho a la huelga. Esta intromisi¨®n, y como tal limitativa del ejercicio de un derecho fundamental, se reflej¨® en su intento de control a trav¨¦s de las circulares policiales. Lo dije la pasada semana, y lo digo esta, pues, si alguna duda ten¨ªa, el ministro Aparicio se ha encargado de disiparla. Sus declaraciones, advirtiendo que el Gobierno est¨¢ pensando en parir una nueva Ley de Huelga, as¨ª lo hacen presumir. Su advertencia, despu¨¦s de las cr¨ªticas que ha realizado a una convocatoria legal y justa, como la ha calificado el arzobispo de Sevilla, lo ¨²nico que pueden pretender es introducir un elemento disuasorio, que limite la fuerza de la convocatoria, y la libre adhesi¨®n de los ciudadanos.

'Este RD, por mucho que quiera disfrazarlo Te¨®fila Mart¨ªnez implica el rechazo a la concertaci¨®n social'

Todo ello, unido al hecho de que simult¨¢neamente van a tener que convivir el ejercicio de este derecho fundamental con seguridad y orden p¨²blico, son las que me animan a seguir reflexionando: Se ha pasado de una convocatoria, que parec¨ªa tener un eco reducido, a otra, cuya aceptaci¨®n es generalizada, pese a los intentos de persuasi¨®n.

Esta mayor acogida se puede encontrar en el convencimiento, cada vez mas extendido entre los ciudadanos, de que la utilizaci¨®n del autoritarismo, la arrogancia, y el cinismo, como forma de gobernar est¨¢n empezando a conformar una pr¨¢ctica habitual, y se rechaza. Este autoritarismo se ha visto en la Ley de Extranjer¨ªa, en el tratamiento a los inmigrantes grandes y peque?os -la ONU ha denunciado malos tratos a menores inmigrantes-; en la forma de aplicar el Pacto por la Justicia y, ahora, con el llamado decretazo. Un Real Decreto (RD) tan vomitivo, y arrogante con los menos protegidos, que no han sido capaces de convalidarlo en el Congreso CiU, y CC, ambos socios del PP.

Es razonable que haya sucedido as¨ª. Este RD, por mucho que lo quiera disfrazar Te¨®fila Mart¨ªnez con su plan de choque del PER -que no har¨ªa falta sin el decretazo- implica el rechazo a la concertaci¨®n social. Una concertaci¨®n que es imprescindible para lograr la paz laboral, y cuya ruptura rompe con un pasado de acuerdos, que ha ayudado al llamado estado del bienestar, que sin el acuerdo entre organizaciones sindicales, patronal y ejecutivo no hubiera sido posible. L¨®gicamente, el rechazo a negociar, tiene como consecuencia una mayor conflictividad (la huelga general es un ejemplo), como tambi¨¦n la separaci¨®n entre la sociedad en general -y la m¨¢s desprotegida en particular- y el gobierno. Esta barrera, esta separaci¨®n entre gobernantes, y gobernados -meditada y querida- dar¨¢ lugar, como ya se ha demostrado en el pasado, que se radicalicen las posturas entre empresas y trabajadores en el ¨¢mbito de la negociaci¨®n, con incidencia negativa en una Econom¨ªa que no est¨¢ para soportar situaciones de confrontaci¨®n.

Este es el comportamiento que esta extendiendo la llamada a la huelga. Es la respuesta a las nuevas -y no tan nuevas- f¨®rmulas de actuaci¨®n. Unas f¨®rmulas que tampoco se pueden esconder bajo el cinismo de un RD, cuyo empleo est¨¢ reservado constitucionalmente para situaciones de 'extraordinaria y urgente necesidad'. Exigencias que no se dan las materias que regula, lo que vicia el m¨¦todo legal elegido, y lo degrada a¨²n m¨¢s por cuanto muestra una insensibilidad absoluta hacia los desempleados subsidiados, y a los despedidos injustificadamente, trat¨¢ndolos como peque?os delincuentes, defraudadores y parias, y, todo, en una sociedad que se proclama solidaria ante situaciones de necesidad.

Es el comportamiento arbitrario e insolidario, que empieza a ser se?a de un gobierno que no solo no le importa la confrontaci¨®n, sino que la busca. Ante esta postura de enfrentamiento, cabe preguntarse c¨®mo van a actuar los poderes p¨²blicos el 20-J. No, ya, desde el punto de vista de la prevenci¨®n de excesos. Siempre alg¨²n incontrolado puede aprovechar el d¨ªa, y aqu¨ª la actuaci¨®n ser¨¢ bienvenida, sino desde el punto de vista de qui¨¦n ejerce el derecho a la huelga. Si ¨¦ste se va, o no, a proteger.

En principio dir¨ªa que s¨ª. Los poderes p¨²blicos, adem¨¢s de estar obligados a garantizar la seguridad de la Cumbre, est¨¢n obligados a garantizar el ejercicio de los de los derechos fundamentales, pues el art¨ªculo 9 de la Constituci¨®n as¨ª lo impone. Una garant¨ªa que deber¨ªan darnos todos aquellos entes, y sus ¨®rganos, que ejercen un poder de imperio, derivado de la soberan¨ªa del Estado (S. T.C. 1/1981). Es la actuaci¨®n que se espera como muestra de respeto, por el ejercicio de un derecho fundamental, en condiciones de legalidad y de justicia. Lo contrario, a?adir¨ªa, a la quiebra del di¨¢logo social, una segunda ruptura con los ciudadanos, por el menosprecio al ejercicio de los derechos fundamentales por quienes tienen la obligaci¨®n de garantizarlos.

Sin embargo hay se?ales en el cielo que permiten hacer dudar, solo dudar, de que vaya a ser as¨ª. La circular fue una de estas nubes; el anuncio de la modificaci¨®n de la Ley de Huelga otra, y el traslado de los juzgados a sedes policiales, calificada de 'chocante' por el Defensor del Pueblo Andaluz, y como un atentado a la divisi¨®n de poderes por Jueces para la Democracia, un nubarr¨®n mas.

Esperemos que no llueva, aunque mucho temo que este Gobierno, con la tolerancia de muchos, y la ceguera de otros, est¨¢ empezando a perderse el respeto y, lo que es peor, a perd¨¦rselo a qui¨¦nes pretenden ejercer su derecho a manifestarse en libertad, por lo que alg¨²n nubarr¨®n puede caer.

En cualquier caso, no estar¨ªa de mas recordar, que todo lo que sea ejercicio de derechos en libertad, es un acto de afirmaci¨®n democr¨¢tica; y que ceder a presiones, por muy disfrazadas que est¨¦n, es una entrega de parte de nuestra libertad.

Eugenio Su¨¢rez Palomares es magistrado en excedencia y abogado.