Respuesta vac¨ªa

Se esperaba con cierta expectaci¨®n la primera explicaci¨®n oficial del Gobierno en el Parlamento sobre la situaci¨®n de los menores inmigrantes no acompa?ados en Ceuta y Melilla, tras las graves cr¨ªticas expresadas por varias organizaciones e instituciones, en especial el Comit¨¦ para los Derechos del Ni?o de la ONU. Estas cr¨ªticas no s¨®lo apuntaban a posibles malos tratos policiales, sino al incumplimiento por parte de las autoridades espa?olas de las normas que regulan la acogida y el proceso de entrega de los menores a sus familias o las autoridades del pa¨ªs de origen.

El delegado del Gobierno para la Extranjer¨ªa, Enrique Fern¨¢ndez-Miranda, tuvo ayer la oportunidad de despejar en el Congreso las dudas suscitadas por esos informes. Pero se limit¨® a desmentirlos en bloque, no s¨®lo en lo referente a los malos tratos, sino al irregular procedimiento seguido en muchos casos para la repatriaci¨®n de los menores marroqu¨ªes llegados a Ceuta y Melilla. Los ciudadanos siguen sin saber a qu¨¦ atenerse, pues la versi¨®n del Gobierno es diametralmente opuesta a la del Defensor del Pueblo. Fern¨¢ndez-Miranda mantiene que todo es correcto: la repatriaci¨®n se produce despu¨¦s de contactar con las familias de los menores o con las autoridades marroqu¨ªes y se informa siempre al ministerio fiscal. Es su versi¨®n frente a la del Defensor del Pueblo, que ayer mismo, en la presentaci¨®n al Congreso de su memoria, reiter¨® que las repatriaciones de menores inmigrantes 'no se pueden hacer de la forma que se hacen, sin conocer de d¨®nde proceden, cu¨¢les son sus familias y qu¨¦ problemas trae esa repatriaci¨®n'.

Las llegadas clandestinas de menores indocumentados marroqu¨ªes a Ceuta y Melilla no es ciertamente una cuesti¨®n menor. Aunque los gobiernos de estas ciudades tienen unas obligaciones legales innegables, el problema les sobrepasa, tanto por su dimensi¨®n econ¨®mica como pol¨ªtica. El Gobierno tiene una parte importante en su tratamiento y soluci¨®n. Como no se resuelve es negando de plano los informes coincidentes de varias organizaciones e instituciones. Algo tendr¨¢n de veros¨ªmil, pues, en caso contrario, no se explica que se acepten sus recomendaciones como Fern¨¢ndez-Miranda admite que ha sucedido con las del Defensor del Pueblo. ?O s¨®lo es por deferencia y no porque se?ala actuaciones que deban corregirse?