El TC admite el recurso contra los presupuestos auton¨®micos de 2002

El Tribunal Constitucional ha admitido a tr¨¢mite el recurso planteado por 50 diputados del PSOE contra la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2002. El recurso, presentado por los socialistas el pasado 26 de marzo, se?ala que es inconstitucional que el incremento del tipo aplicable a los actos jur¨ªdicos documentados (del 0,5% al 1%) que afecta a la compra de una vivienda se regule mediante una ley presupuestaria.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana public¨® ayer la decisi¨®n del alto tribunal de admitir a tr¨¢mite con fecha 4 de junio el recurso presentado por 50 diputados del Grupo Socialista en el Congreso, entre los que figuran el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, y el responsable del ¨¢rea econ¨®mica del PSOE, Jordi Sevilla.

El consejero de Econom¨ªa, Vicente Rambla, indic¨® ayer que 'los diputados del PSOE tratan de deslegitimar a las Cortes Valencianas poniendo en duda las normas que aprueba la C¨¢mara' y explic¨® que el Grupo Socialista que dirige Joaquim Puig 'no puso ninguna pega a la constitucionalidad de esta modificaci¨®n' tributaria.

En el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, los socialistas argumentan que la modificaci¨®n del tipo del impuesto sobre Actos Jur¨ªdicos Documentados, cedido a la Generalitat, no ha sido autorizada por 'ninguna ley sustantiva' y que la subida impositiva aprobada no se puede 'calificar de mera revisi¨®n del tipo', ya que el incremento es del 200% y s¨®lo plantea una reducci¨®n al 0,1% cuando se trata de la adquisici¨®n de la vivienda habitual.

En el escrito se indica que 'dado que no se trata de una mera adecuaci¨®n del tributo a la realidad y que la modificaci¨®n del tipo de Actos Jur¨ªdicos Documentados mediante ley de Presupuestos no se encuentra autorizada por ninguna ley tributaria sustantiva esta modificaci¨®n ha de ser reputada de inconstitucionalidad'.

El consejero de Econom¨ªa explic¨® ayer que 'la constitucionalidad de esta norma es discutible, y as¨ª se lo han hecho saber las Cortes Valencianas al Tribunal Constitucional, ya que tienen plena potestad para modificar extremos como el tipo de gravamen de los impuestos a trav¨¦s de la ley de Presupuestos, tal y como se recoge en la ley que regula el tramo auton¨®mica del IRPF.Este impuesto, regulado por el Consell mediante la ley de presupuestos de la Generalitat de 2002, tiene una clara repercusi¨®n sobre el coste de la vivienda, ya que la mayor¨ªa de hechos imponibles afectan a la compra del solar, la declaraci¨®n de obra nueva, la divisi¨®n de la propiedad horizontal, y el pr¨¦stamo hipotecario del promotor para la adquisici¨®n de la vivienda. El incremento registrado en este tributo ha sido agriamente criticado por promotores y constructores que consideran que ha provocado un encarecimiento de la vivienda en un momento donde se observan signos de ralentizaci¨®n en el sector de la construcci¨®n.

En la argumentaci¨®n presentada por los socialistas al Tribunal Constitucional se reconoce que otras comunidades aut¨®nomas han modificado tambi¨¦n el citado tributo, aunque lo han hecho mediante las leyes de acompa?amiento de las leyes de presupuestos. As¨ª, el recurso socialista cita los casos de Catalu?a y Madrid. El escrito se?ala que en estos casos la modificaci¨®n del impuesto ha tenido en consideraci¨®n la capacidad econ¨®mica de los sujetos pasivos y ha establecido una escala de gravamen.

Los socialistas justifican la importancia de su recurso porque el incremento del impuesto sobre los Actos Jur¨ªdicos Documentados afecta a la obligaci¨®n que tienen los poderes p¨²blicos de 'garantizar el acceso de todos a una vivienda digna'.