ETA y Batasuna

LA V?SPERA de que el Senado votase la Ley de Partidos ya aprobada por el Congreso, varios parlamentarios del PNV y EA (escoltados por el coordinador de IU) registraron en la C¨¢mara Baja un Manifiesto de 1.371 cargos electos vascos exigiendo su retirada de 'modo inmediato'; la raz¨®n de ese tajante rechazo no es tanto la prudencia (el temor a 'la polarizaci¨®n, el enfrentamiento y la fractura' de la sociedad vasca) como la supuesta defensa de los principios y valores del sistema democr¨¢tico. La presencia de tres consejeros del Gobierno de Ibarretexe y del presidente del PNV en la manifestaci¨®n convocada dos semanas antes en Bilbao por el nacionalismo radical para protestar contra la eventual ilegalizaci¨®n de Batasuna hab¨ªa anticipado esa actitud.

Una vez aceptadas las enmiendas del PSOE y de CiU al proyecto del Gobierno, las acusaciones de PNV, EA e IU de que el nuevo texto ataca la libertad ideol¨®gica y el pluralismo pol¨ªtico son infundadas

La pastoral difundida a finales de mayo por los obispos vascos, alineados con las posiciones nacionalistas, utiliza al respecto sobre todo argumentos prudenciales. Preparar la paz renuncia a 'valorar los aspectos t¨¦cnicos' del proyecto de Ley de Partidos, considera 'precipitada' (al menos por el momento) 'una valoraci¨®n moral ponderada' de los contenidos y se declara incapaz de 'prever todos los efectos de signo contrapuesto' de su futura aplicaci¨®n. Pero estas cautelas no impiden a los obispos mostrar a rengl¨®n seguido su desvelo 'como pastores' por las 'consecuencias sombr¨ªas' -consideradas ahora 's¨®lidamente probables'- de una eventual ilegalizaci¨®n de Batasuna para 'la convivencia y 'la causa de la paz' en el Pa¨ªs Vasco.

Si el p¨¢lpito pesimista de la pastoral respecto a los efectos perversos de la Ley de Partidos expresase ¨²nicamente el razonable temor de sus autores, la invocaci¨®n episcopal a la prudencia no merecer¨ªa ser objeto de maliciosos juicios de intenci¨®n sobre la hipocres¨ªa eclesi¨¢stica. Pero los obispos abandonan el terreno del pragmatismo y se meten en un envenenado jard¨ªn al afirmar que esas altamente probables consecuencias indeseadas 'deber¨ªan ser evitadas' a cualquier precio 'sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA'.

El Manifiesto de los Electos lleva hasta sus ¨²ltimas consecuencias el deslizamiento episcopal desde la pragm¨¢tica aplicaci¨®n del principio del mal menor hasta la defensa doctrinaria de los derechos de Batasuna: la Ley de Partidos pretende 'la ilegalizaci¨®n de las ideas', ataca ' la libertad ideol¨®gica', constituye 'una agresi¨®n al pluralismo pol¨ªtico', significa 'otra vuelta de tuerca contra el sistema de libertades p¨²blicas', persigue 'al discrepante pol¨ªtico' y se propone 'dejar sin representaci¨®n' a una 'parte importante' de la sociedad vasca. La acusaci¨®n es falsa. Cabe discutir si el camino judicial mas adecuado para la ilegalizaci¨®n de Batasuna es la v¨ªa penal o la v¨ªa civil: el rigor probatorio del procedimiento criminal es el precio de una mayor seguridad jur¨ªdica. Es igualmente cierto que la presi¨®n inicial del Gobierno para imponer de forma unilateral su tosco borrador a las restantes fuerzas pol¨ªticas fue un regalo a los nacionalistas; sin embargo, las enmiendas del PSOE y CiU subsanaron los defectos sustantivos del texto, pese a que su redacci¨®n final siga arrastrando defectos t¨¦cnicos y aspectos controvertibles de origen. Tambi¨¦n es verdad que la decisi¨®n del Gobierno de instar ante el Supremo la disoluci¨®n de Batasuna (la Ley de Partidos entrar¨¢ en vigor durante los pr¨®ximos d¨ªas) debe abrir un espacio a la prudencia.

Pero si Batasuna es -como atestigua la vida cotidiana en el Pa¨ªs Vasco- no s¨®lo el brazo electoral de ETA sino tambi¨¦n una pieza b¨¢sica de su entramado organizativo, la apelaci¨®n del Manifiesto de Electos a las libertades y al pluralismo para oponerse a su ilegalizaci¨®n es un insulto a la moral c¨ªvica, al sistema democr¨¢tico y al Estado de derecho. La afirmaci¨®n de que la Ley de Partidos permitir¨ªa disolver una formaci¨®n pol¨ªtica s¨®lo 'por el contenido de su proyecto' es un burdo embuste: la norma tan s¨®lo pretende impedir que la segunda marca de una organizaci¨®n terrorista disponga de sedes abiertas en pueblos y ciudades, se presente a las elecciones, reciba subvenciones p¨²blicas, tenga portavoces en parlamentos y ayuntamientos, recaude extorsiones mafiosas, suministre cobertura c¨®mplice a los asesinos y reclute activistas de refresco para sus comandos.