En inter¨¦s de ley

La Ley de Cajas de Ahorro de Andaluc¨ªa es una de las leyes m¨¢s importantes que ha aprobado el Parlamento de Andaluc¨ªa desde su constituci¨®n hace ahora veinte a?os. La potestad legislativa es un elemento indispensable del ejercicio del derecho a la autonom¨ªa. Una comunidad aut¨®noma lo es realmente cuando dispone de una legitimaci¨®n democr¨¢tica directa y ¨¦sta s¨®lo puede alcanzarse mediante la elecci¨®n de un Parlamento por sufragio universal. La potestad legislativa es la expresi¨®n directa de esa legitimaci¨®n democr¨¢tica en lo que a la creaci¨®n del derecho se refiere.

Ahora bien, si el Parlamento y la potestad legislativa son el patr¨®n oro del ejercicio del derecho a la autonom¨ªa, son tambi¨¦n su eslab¨®n d¨¦bil. La potestad legislativa es muy dif¨ªcilmente territorializable. Las leyes, por su propia naturaleza, tienden a tener un car¨¢cter general que pasa por encima de las fronteras de las comunidades aut¨®nomas y tienden a hacer coincidir su ¨¢mbito de vigencia con el del territorio del conjunto del Estado. En las materias m¨¢s importantes las leyes suelen ser estatales, siendo reducido, en consecuencia, el espacio que le queda a las comunidades aut¨®nomas para el ejercicio de la potestad legislativa. Lo mismo le ocurre a los l?nder alemanes o a los Estados miembros de cualquier Estado Federal. No es un problema espa?ol, sino general.

Pero hay materias importantes en las que la potestad legislativa est¨¢ atribuida a las comunidades aut¨®nomas. La Ley del Suelo, que ahora mismo se est¨¢ tramitando en el Parlamento de Andaluc¨ªa es un buen ejemplo. Y la Ley de Cajas de Ahorro es otro. Pero no ha habido en el pasado ni va a haber en el futuro muchas leyes de esta envergadura y de tanta transcendencia para la ciudadan¨ªa.

Justamente por eso, ha sido tan importante que la operaci¨®n antidemocr¨¢tica orquestada por algunos presidentes de cajas de ahorro, con el apoyo del PP y de sus medios de comunicaci¨®n, contra la inicial aplicaci¨®n de la Ley en lo que a la renovaci¨®n de los ¨®rganos de direcci¨®n de las mismas se refiere, acabara de la forma en que acab¨®. Lo que nos est¨¢bamos jugando era nada m¨¢s y nada menos que la credibilidad del Parlamento andaluz en el ejercicio de su potestad m¨¢s importante: la potestad legislativa. El ataque a la Ley de Cajas no era el ataque a cualquier ley, sino a una de las leyes m¨¢s importantes y m¨¢s expresivas de la potestad legislativa del Parlamento andaluz.

Pero si importante era garantizar la correcta aplicaci¨®n de la Ley en el momento inicial, importante es tambi¨¦n que se contin¨²e aplicando. Una Ley de Cajas tiene necesariamente que contener unas previsiones respecto del ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la autoridad competente. Es un elemento inexcusable en este tipo de leyes. Y las previsiones en esta materia no pueden ser letra muerta. La credibilidad de una ley tambi¨¦n sufre si la potestad sancionadora no se ejerce, cuando tiene que serlo.

Y en este caso, ante infracciones tan graves como las que hab¨ªan cometido El Monte y su presidente anterior, la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda en primer lugar y el Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa despu¨¦s no pod¨ªan mirar para otro lado y dejar sin aplicar la Ley. El 'inter¨¦s de la ley' exig¨ªa que se ordenara la instrucci¨®n de un expediente con todas las garant¨ªas y, en el caso de que el juez instructor llegara a la conclusi¨®n de que se hab¨ªa cometido alguna infracci¨®n e hiciera la propuesta de sanci¨®n correspondiente, que se impusiera la sanci¨®n por el ¨®rgano competente, fuera ¨¦ste la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda o el Consejo de Gobierno.

Afortunadamente as¨ª se ha hecho. Hay que ser prudente en la aplicaci¨®n de la Ley. Pero no se puede ser cobarde. El poder es un mal necesario. Mejor ser¨ªa que no existiera. Pero puesto que no podemos prescindir de ¨¦l, hay que hacer uso del mismo en los t¨¦rminos en que la ley prev¨¦. El poder pol¨ªtico se desprestigia tanto por su uso abusivo o arbitrario como por su no ejercicio, cuando tiene que ser ejercido.

Y en este caso hab¨ªa que ejercerlo. Se trata de un caso claro de ejercicio no c¨®modo pero obligado del poder. Sancionar no es nunca agradable. M¨¢s todav¨ªa cuando las aguas han vuelto a su cauce. Pero hab¨ªa que hacerlo. La Ley de Cajas es demasiado importante para que el Consejo de Gobierno no adoptara todas las medidas que tiene que adoptar para asegurar su ejecuci¨®n. El inter¨¦s de ley le obligaba a actuar de la forma en que lo ha hecho.

La decisi¨®n del Consejo de Gobierno ha sido adem¨¢s plenamente coherente con ese inter¨¦s de ley. De ah¨ª que junto al acuerdo que impone las sanciones a la entidad y a su anterior presidente se adoptara otro relativo al destino que se dar¨¢ a las cantidades derivadas de las sanciones impuestas, que devuelve a la caja de ahorros sancionada el importe de tales sanciones. El acuerdo de sanci¨®n no tiene ninguna finalidad recaudatoria, sino tiene ¨²nica y exclusivamente la finalidad de garantizar la correcta aplicaci¨®n de la ley. Como debe ser.