Cerco a los auditores

Los esc¨¢ndalos en cadena de grandes firmas de EE UU se han traducido en una total desconfianza en los auditores. La complicidad de algunos con sus clientes para falsear u ocultar datos ha llevado a las Cam¨¢ras legislativas a plantear mano dura con una nueva regulaci¨®n. Pero el organismo supervisor de Wall Street no quiere perder sus poderes y defiende su plan alternativo.

El plan de la SEC gira en torno a la creaci¨®n de un nuevo consejo de control de las auditoras, que sustituya a la autorregulaci¨®n anterior

Los procedimientos disciplinarios que defiende Pitt ser¨¢n p¨²blicos y podr¨¢n concluir con un amplio abanico de sanciones

Para ofrecer seguridad a los inversores resulta crucial la capacidad de sancionar, que algunos no ven garantizada en el proyecto de la SEC

A los auditores no les gusta el plan de Pitt, pero a¨²n les alarma m¨¢s el aprobado por la comisi¨®n bancaria del Senado, presidida por Sarbanes

Harvey Pitt relev¨® el pasado mes de agosto a Arthur Levitt en la presidencia de la Comisi¨®n del Mercado de Valores (SEC), el organismo que fija y hace cumplir las normas por las que se rigen las compa?¨ªas que operan en Wall Street . Hab¨ªan sido rivales en el reciente pasado. Levitt intent¨® reforzar la protecci¨®n a los inversores -sobre todo metiendo en cintura a las auditoras, el garante ¨²ltimo de las cuentas presentadas por las compa?¨ªas- y se estrell¨® en el a?o 2000 contra los Andersen y compa?¨ªa, los cinco grandes, cuyos intereses frente a la SEC defend¨ªa el superabogado Pitt.

Fue una victoria p¨ªrrica para Pitt, quien, desbordado por todos los flancos y con la cabeza oli¨¦ndole a p¨®lvora, pide ahora que nadie le responsabilice de lo que se ha encontrado. Levitt mantiene que s¨®lo la legislaci¨®n puede acabar con los sistem¨¢ticos fallos de las auditoras, y el Congreso est¨¢ en ello. Pitt, desde la SEC y a la desesperada, tambi¨¦n ofrece un plan para controlar a los controladores. Para ir ganando tiempo, ha exigido a los responsables de 947 compa?¨ªas cotizadas que se hagan responsables de la veracidad de sus balances.

La explosi¨®n en cadena de esc¨¢ndalos financieros 'no es una aberraci¨®n', dice Levitt. Seg¨²n ¨¦l, lo ocurrido no es el resultado de errores estrat¨¦gicos, de la aparici¨®n de nuevos competidores, de la emergencia de mejores tecnolog¨ªas rivales, de fallos de gesti¨®n... 'Se debe al ocultamiento de irregularidades contables, al hinchamiento de balances y al flagrante enga?o perpetrado por los responsables de las empresas', irregularidades que se han producido, en buena parte, 'por el fallo casi absoluto de quienes deb¨ªan evitarlo', auditores, consejos de administraci¨®n, abogados y organismos reguladores. 'Todo ha fallado'.

El Congreso se moviliza

Levitt compareci¨® ante el Congreso que analizaba el hundimiento de Enron, y que ahora vuelve sobre el caso WorldCom, para manifestar su opini¨®n de que el coladero en que se han convertido las auditoras s¨®lo puede ser taponado con nuevas leyes, que acaben con la extrema libertad de acci¨®n de que hasta ahora ven¨ªan gozando gracias a un r¨¦gimen de autorregulaci¨®n que las ha hecho mutar de defensor de los accionistas en protector de los intereses de los directivos de las compa?¨ªas auditadas. Y, de paso, en protector de las propias cuentas, con la evoluci¨®n del grueso del negocio desde la simple auditor¨ªa a los m¨¢s complejos y caros servicios de consultor¨ªa.

La crisis moviliz¨® a primeros de a?o al Congreso, con comit¨¦s de todo tipo inmersos en una carrera fren¨¦tica por ofrecer soluciones, carrera que fue perdiendo fuelle conforme pasaba el tiempo y se aplicaban con celo a las tareas de frenado grupos de presi¨®n movilizados por las auditoras. Los intentos de reforma languidec¨ªan en el Capitolio hasta que son¨® el aldabonazo de la sentencia condenatoria contra Andersen, a mediados del mes pasado. El multimillonario fraude contable de la telef¨®nica WorldCom, perpetrado en libros avalados por Andersen, ha dado nuevo vigor a las reformas, que, empujadas por el criticismo del sistema manifestado por el presidente George Bush, acabar¨¢n en nueva legislaci¨®n dentro de unos meses.

Proyectos encontrados

Lo que est¨¢ por ver es c¨®mo quedar¨¢n regulados los auditores. La C¨¢mara de Representantes aprob¨® en abril un proyecto de ley que fue aplaudido por los afectados, mientras el comit¨¦ bancario del Senado discut¨ªa otro que les aterraba y que se daba por muerto hasta que la condena de Andersen le insufl¨® nueva vida. Este resucitado proyecto va a ser discutido en los d¨ªas venideros en el plenario del Senado. Entre ambos, ni tan condescendiente como el de la C¨¢mara baja ni tan duro como el que propone el Senado, Pitt ha presentado sus ideas para controlar a sus antiguos clientes.

'La confianza de los inversores est¨¢ en la base de nuestros mercados', dice Pitt. 'Un control no efectivo de las auditor¨ªas de la compa?¨ªas cotizadas da?a esa confianza. Nuestra propuesta ayudar¨¢ a restaurar la confianza de los inversores y garantiza una regulaci¨®n fuerte y efectiva de la profesi¨®n'.

El plan de la SEC gira en torno a la creaci¨®n de un nuevo consejo de control de las auditoras que sustituya al Public Oversight Board (POB), por el que se ven¨ªan autorregulando. Este consejo se autodisolvi¨® en marzo, despu¨¦s de comprobar por en¨¦sima vez su presidente, Charles Bowsher, que el POB era un cero a la izquierda. No s¨®lo no le hac¨ªan caso las auditoras, sino que el propio Pitt elabor¨® planes de reforma sin siquiera un m¨ªnimo de consulta.

Pitt propone ahora un Public Accountability Board (PAB, Consejo de Responsabilidad P¨²blica) independiente del sector de las auditoras que complemente la misi¨®n de control de la SEC sobre las compa?¨ªas cotizadas velando la competencia profesional y la ¨¦tica en la actuaci¨®n de las firmas que, por su funci¨®n, son garantes ¨²ltimos de las cuentas que presentan las compa?¨ªas.

El PAB estar¨¢ compuesto por nueve miembros, seis de los cuales no pertenecer¨¢n a la profesi¨®n, incluido el presidente y el vicepresidente, y otros tres procedentes del mundo de las auditor¨ªas, cuya principal misi¨®n ser¨¢ la de proporcionar conocimientos t¨¦cnicos a la mayor¨ªa, a la que se supone falta de ellos por ser ajena a ese mundo. El consejo tutelar¨¢ el rigor en la conducta de las auditor¨ªas y estar¨¢ dotado de poder sancionador, aunque los tres integrantes vinculados al sector no tendr¨¢n voz ni voto en las discusiones disciplinarias.

Los procedimientos disciplinarios ser¨¢n p¨²blicos y podr¨¢n concluir con un amplio abanico de sanciones, que van desde simples multas a la prohibici¨®n de auditar compa?¨ªas cotizadas, pasando por censuras, remoci¨®n de clientes y suspensiones temporales o absolutas del derecho a visar a determinados clientes. El PAB podr¨¢ tambi¨¦n sancionar las actuaciones no ¨¦ticas o incompetentes de auditores individuales y disciplinar las auditoras que no trabajen con sistemas de control de calidad que garanticen una conducta profesional impecable.

El proyecto de Pitt no tiene decidido si reservar para el PAB o conceder al Instituto Americano de Contables P¨²blicos (AICPA, una organizaci¨®n colegial de la que son miembros 330.000 auditores) la capacidad de fijar los patrones de actuaci¨®n de las auditoras, aunque el PAB tendr¨¢ autoridad para revisar anualmente los procedimiento operativos de las grandes firmas de auditor¨ªa (que, seg¨²n la SEC, auditan alrededor del 80% de las compa?¨ªas cotizadas), y cada tres a?os, a las restantes.

Las firmas, los auditores individuales, las compa?¨ªas cotizadas y sus directivos estar¨¢n obligados a cooperar con el PAB en los controles de calidad y en los eventuales procedimientos disciplinarios que pueden derivarse de actuaciones irregulares. La negativa a cumplir con esta obligaci¨®n de colaborar podr¨ªa resultar en la suspensi¨®n del derecho a realizar auditor¨ªas y, como consecuencia, la compa?¨ªa quedar¨ªa fuera de los mercados de capitales.

El plan general de Pitt no entra en detalles y est¨¢ sometido a dos meses de debate en los que el presidente de la SEC espera recibir ideas para enriquecerlo, pero las cr¨ªticas le han llegado antes. No queda claro c¨®mo se elegir¨ªan los integrantes del PAB, donde, subrayan los recelosos, los conocimientos t¨¦cnicos de los tres consejeros con experiencia en auditor¨ªas podr¨ªan ayudarles a imponer a los seis legos criterios favorables al sector.

Sanciones dudosas

Para transmitir seguridad a los inversores resulta crucial la capacidad de sancionar, que algunos observadores no consideran garantizada en el proyecto de la SEC, dado que el PAB no tiene capacidad efectiva de convocar a los afectados o exigir la entrega de documentos. Pitt recurre a la estratagema de obligar a todas las compa?¨ªas cotizadas, adem¨¢s de las auditoras, a ser miembros adjuntos del PAB y, por lo tanto, 'obligadas a cooperar con cualquier revisi¨®n o procedimiento'. En medios jur¨ªdicos se hace notar que el proceso sancionador, que puede tener graves consecuencias, elimina garant¨ªas legales y crea una indefensi¨®n que de modo natural llevar¨¢ a los perjudicados a buscar el amparo de los tribunales.

El plan de Pitt est¨¢ supeditado a la primac¨ªa de los legisladores, ante los que deber¨¢ ceder en caso de acuerdo entre las dos C¨¢maras, que ahora mantienen posiciones distantes en sus respectivos proyectos para auditar a los auditores, con la C¨¢mara baja menos beligerante y m¨¢s dispuesta a delegar en la SEC de lo que est¨¢ el Senado.

La C¨¢mara de Representantes aprob¨® en abril su proyecto de reforma por 334 votos contra 90, relaci¨®n que prueba el acuerdo mayoritario en la necesidad de actuar. Los legisladores proponen, como la SEC, la creaci¨®n de un organismo de control de los auditores compuesto por cinco miembros, con una mayor¨ªa independiente de la profesi¨®n y que debe responder ante la SEC. El proyecto de la C¨¢mara deja abierta la posibilidad de limitar la capacidad de las auditoras de ofrecer servicios de consultor¨ªa a las empresas cuyas cuentas fiscalizan, pero concede la reglamentaci¨®n detallada a la SEC, donde Pitt todav¨ªa no ha decidido sobre c¨®mo erradicar los potenciales conflictos de intereses entre auditores y consultores.

Tambi¨¦n la SEC deber¨¢ definir los poderes sancionadores de ese consejo, seg¨²n los representantes, pero podr¨¢ revocar las sanciones impuestas por un organismo al que no se le concede autoridad para establecer los sistemas de actuaci¨®n profesional. Para influir sobre este proyecto de ley, las auditoras no ahorraron esfuerzos y quedaron satisfechas con el resultado. El AICPA, celoso defensor de los intereses de las firmas, lo present¨® como una legislaci¨®n 'sin precedentes y rigurosa'.

Adem¨¢s de acomodar a su gusto esta legislaci¨®n, diversos grupos de presi¨®n consiguieron en meses pasados hacer descarrilar en una u otra C¨¢mara proyectos para modificar el tratamiento fiscal de las opciones sobre acciones, controlar las relaciones incestuosas entre analistas y bancos de inversiones, sancionar penalmente a quienes destruyan documentos, proteger a los empleados que denuncian irregularidades... Esos grupos, en particular los allegados a los auditores, ven ahora con inquietud c¨®mo el caso WorldCom ha dado nueva fuerza a los reformadores.

No les gusta el proyecto de Pitt, pero a¨²n les alarma m¨¢s el plan que ha aprobado la comisi¨®n bancaria del Senado, presidida por Paul Sarbanes.

Y temen que, dado el poder de la C¨¢mara alta, acaben por incorporarse al proyecto de ley durante los debates del plenario algunas de las ideas que tanto cost¨® erradicar. La oposici¨®n de los republicanos ten¨ªa paralizado el proyecto de Sarbanes, hasta que la sentencia sobre Andersen hizo saltar las resistencias. Era pol¨ªticamente letal negar la necesidad del cambio.

Como en la otra C¨¢mara, el texto describe un organismo de control de los auditores de cinco miembros, con mayor¨ªa de independientes y los dos restantes proporcionados por la profesi¨®n. Pero ah¨ª se acaban las similitudes. El consejo podr¨¢ imponer multas y sanciones y estar¨¢ facultado para establecer los est¨¢ndares de actuaci¨®n de los auditores.

Quedan prohibidas muchas formas de consultor¨ªa que ahora realizan las auditoras -aunque conservar¨¢n la de asesor¨ªa fiscal, necesaria por su propia esencia para realizar una auditoria efectiva- y obliga cada cinco a?os a la rotaci¨®n de los auditores jefes de una firma en una compa?¨ªa cotizada. El texto reclama un estudio razonado sobre la pertinencia de extender esa rotaci¨®n al conjunto de la firma, es decir, al cambio de compa?¨ªa auditora. Los hipot¨¦ticos procedimientos disciplinarios o sancionadores emprendidos por el consejo ser¨¢n confidenciales.

Temor de los auditores

En una de las extralimitaciones que temen los auditores, el proyecto de la comisi¨®n bancaria del Senado proh¨ªbe taxativamente la adopci¨®n de represalias contra los analistas que emitan informes negativos sobre los clientes de la firma, informes que no ser¨¢n visados previamente por los bancarios.

El Business Rountable, un organismo que representa a buena parte de las grandes corporaciones que cotizan en Wall Street, considera que este proyecto de ley 'es una contribuci¨®n positiva hacia la necesaria reforma', pero el AICPA ha hecho un paquete con las propuesta de Sarbanes y Pitt para decir que 'suscitan incertidumbres sobre si los profesionales de la auditor¨ªa van a seguir participando en la elaboraci¨®n de los est¨¢ndares de auditor¨ªa y si los auditores van a tener capacidad de responder a las necesidades de los inversores y de las compa?¨ªas cotizadas'. Unas dudas que no ser¨¢n compartidas por los inversores, furiosos a consecuencia de la retah¨ªla de esc¨¢ndalos financieros.