Un juez ordena la detenci¨®n de 30 ex militares argentinos por secuestro y tortura

El juez federal argentino Claudio Bonad¨ªo, que investiga el destino final de unos 20 militantes de la organizaci¨®n Montoneros desaparecidos durante la dictadura militar y en el marco del Plan C¨®ndor, orden¨® ayer la detenci¨®n de 30 militares retirados -que podr¨ªan llegar a ser 42, seg¨²n el fiscal Guillermo Marijuan, aunque no todos militares-. Los detenidos eran responsables en los a?os setenta del servicio de inteligencia del Ej¨¦rcito de Tierra y entre ellos figuran Leopoldo Galtieri, presidente de la naci¨®n cuando se decidi¨® la invasi¨®n de las islas Malvinas, en 1982, los ex comandantes Cristino Nicolaides y Carlos Guillermo Su¨¢rez Mason, el general retirado Juan Ram¨®n Mabraga?a y el ex jefe de la Polic¨ªa Federal Raimundo Romero Ojeda.

El ex presidente Leopoldo Galtieri es el ¨²nico que permanec¨ªa hasta ahora en libertad. Los dem¨¢s est¨¢n detenidos bajo arresto domiciliarios por distintas causas, como la de robos de ni?os nacidos en cautiverio.

Entre los desaparecidos, supuestamente secuestrados y asesinados luego de ser torturados en dependencias del Ej¨¦rcito, se encontraban el hijo del escritor David Vi?as y un hijo de Marcos Zucker, un popular actor de cine y de teatro. La investigaci¨®n se inici¨® por la denuncia de la esposa de Vi?as, Claudia Allegrini, y de los familiares de las v¨ªctimas, todas ellas integrantes de las llamadas Tropas Especiales de Infanter¨ªa de la organizaci¨®n Montoneros que conduc¨ªa desde el exilio el dirigente Roberto Perd¨ªa.

Los testimonios recogidos durante la investigaci¨®n demuestran que los militantes fueron secuestrados en distintos sitios dentro y fuera del pa¨ªs y desde entonces permanecen desaparecidos, entre ellos Lorenzo Vi?as, Ricardo Zucker y su esposa Marta Libenson, Julio Genoud, Horacio Campiglia, el sacerdote Jos¨¦ Adur y M¨®nica Pimus de Bimsock. El Gobierno brasile?o hab¨ªa reconocido los secuestros en su territorio de Vi?as, Campiglia y Pimus de Bimsock y hab¨ªa indemnizado a los familiares.

El juez Bonad¨ªo investiga los procedimientos conjuntos de las Fuerzas Armadas de los pa¨ªses del Cono Sur en el marco del llamado Plan C¨®ndor y fue uno de los jueces que declar¨® la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Las leyes ya hab¨ªan sido derogadas por el Congreso en marzo de 1998, al cumplirse 22 a?os desde el golpe de Estado de 1976, pero sus efectos protectores cesaban desde ese momento en adelante y manten¨ªan abierto el paraguas de impunidad sobre el pasado.

Los 'carapintadas'

En otro expediente, el juez Gabriel Cavallo fue el primero en declarar la 'inconstitucionalidad y la nulidad insanable' de las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, aprobadas en diciembre de 1986 y junio de 1987 durante el Gobierno de Ra¨²l Alfons¨ªn, despu¨¦s de los alzamientos protagonizados por los sectores carapintadas del Ej¨¦rcito de Tierra. En aquel momento, las leyes libraron de proceso a 1.180 militares y polic¨ªas sospechosos por sus distintos grados de participaci¨®n en los campos de concentraci¨®n que mont¨® la dictadura para el secuestro y la tortura de los detenidos, donde murieron asesinadas y desaparecieron unas 30.000 personas. El juez Cavallo consider¨® que la desaparici¨®n forzada de personas era 'un delito de lesa humanidad y por lo tanto, imprescriptible e inamnistiable'. A su juicio se trata de un 'acto de genocidio', tal como lo hab¨ªa interpretado la Audiencia Nacional de Espa?a al confirmar las atribuciones del juez Baltasar Garz¨®n para investigar las violaciones a los derechos humanos bajo las dictaduras de Argentina y Chile.

Los abogados defensores de los militares bajo proceso presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia y el m¨¢ximo tribunal del pa¨ªs a¨²n no confirm¨® la inconstitucionalidad de las leyes declarada por los jueces federales.