La Fiscal¨ªa pide nueve a?os de c¨¢rcel para un ex l¨ªder jornalero por un fraude en ayudas al aceite

Las investigaciones que comenz¨® la Agencia del Aceite de Oliva hace seis a?os para detectar fraudes en el cobro de ayudas europeas comienzan a llegar a los tribunales. Tras una prolija instrucci¨®n en un juzgado de Estepa (Sevilla), la Fiscal¨ªa de Sevilla ha pedido la apertura de juicio oral al estimar que ocho personas estuvieron involucradas en un supuesto fraude para embolsarse casi dos millones de euros (325 millones de pesetas) entre 1992 y 1995. La mayor acusaci¨®n se centra en Juan Antonio Romero S¨¢nchez, ex alcalde de Badolatosa (Sevilla) y antiguo l¨ªder jornalero, para el que la fiscal pide nueve a?os de c¨¢rcel.

Las investigaciones de la Agencia del Aceite de Oliva, un organismo estatal, arrancaron tras las primeras irregularidades detectadas por la Consejer¨ªa de Agricultura en torno a una almazara de Guadix (Granada). A partir de ah¨ª, los inspectores analizaron las cuentas de casi 30 almazaras sospechosas en cinco provincias andaluzas, una documentaci¨®n que el fiscal general del Estado deriv¨® en 1999 al Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, que encomend¨® la instrucci¨®n a varios juzgados.

Desde entonces, con la supervisi¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, la Guardia Civil, bajo el paraguas de la Operaci¨®n Oliva, ha llevado a cabo 75 detenciones en las distintas l¨ªneas de investigaci¨®n abiertas que, en abril, acumulaban a fraudes por un valor superior a los 15 millones de euros.

Una de esas l¨ªneas de investigaci¨®n se centra desde hace casi dos a?os en la decena de empresas que cre¨® y utiliz¨® Juan Antonio Romero S¨¢nchez, conocido en la sierra sur de Sevilla como Comandante Romero por dirigir la protesta jornalera contra la reforma agraria que intent¨® la Junta en la primera mitad de los ochenta. El escrito de la fiscal explica que Romero 'ide¨® la creaci¨®n de sociedades civiles y mercantiles con el exclusivo fin de obtener subvenciones a trav¨¦s de supuestas explotaciones agrarias'. El resto del escrito se dedica a detallar los m¨²ltiples artificios que, supuestamente, utiliz¨® el acusado con la complicidad de otras siete personas para falsear producciones y recibir ayudas durante tres a?os.

Las irregularidades investigadas comienzan en la campa?a 1992-1993, en la que cre¨® tres sociedades (Kwanzas, El Tempranillo y Petaj Tikva) a las que asign¨® la explotaci¨®n de varias parcelas de olivar en su pueblo, Badolatosa, y en localidades cordobesas como Lucena o Puente Genil. Las inspecciones posteriores demuestran, seg¨²n la Fiscal¨ªa, que las producciones declaradas fueron 'falseadas' o 'inventadas'.

Carreteras y basureros

Seg¨²n los datos de la Agencia que se incluyen en el escrito de la fiscal, Romero asign¨® producciones a parcelas que 'carec¨ªan de olivares al ser carreteras de titularidad del MOPU'. Tambi¨¦n declar¨® como producciones propias las de parcelas que eran explotadas por otras personas o ni tan siquiera recogieron la cosecha por tratarse de 'olivares decr¨¦pitos'.

La fiscal sostiene que para conseguir las subvenciones, Romero S¨¢nchez debi¨® contar con la complicidad de Antonio Mu?oz y Juan Muriel, propietarios de sendas almazaras, que supuestamente falsearon los certificados de molturaci¨®n de la aceituna. En esa primera campa?a, el antiguo l¨ªder jornalero cobr¨® 240.000 euros en ayudas.

Romero S¨¢nchez utiliz¨® nuevas empresas en las campa?as 1993-94 y 1995-96, en las que habr¨ªa recibido de manera fraudulenta 710.00 euros y un mill¨®n de euros. Para ello, seg¨²n la fiscal, volvi¨® a contar con la complicidad de Mu?oz y Muriel, para los que pide siete y cuatro a?os de c¨¢rcel, respectivamente. En las diversas declaraciones presentadas en estas dos campa?as hay implicadas otras cinco personas como socios o due?os de almazara, para las que la fiscal tambi¨¦n piden penas menores de c¨¢rcel y multas. En estas declaraciones se multiplican por diez las cosechas habituales en la zona y se hace pasar basureros, parajes naturales y tierras bald¨ªas por olivares en explotaci¨®n. Todo con el mismo objetivo: hinchar los certificados para justificar el cobro de subvenciones.