La Ley de Fundaciones aprueba en julio

Todo llega. Ha pasado, quiz¨¢s, m¨¢s tiempo del necesario, pero al final, como se suele decir, todo cae por su propio peso. Los principios sociales, pol¨ªticos, econ¨®micos y, sobre todo, ¨¦ticos, que desde hace ya bastante tiempo avalan la presencia y la labor de las fundaciones en el mundo de hoy son irrebatibles, desde cualquier punto de vista que se mire. Y los principios terminan por prevalecer por encima de la coyuntura, del momento concreto al que vive sometido, de alg¨²n modo, el mundo de la pol¨ªtica.

Despu¨¦s de tantos a?os, desde la llegada al poder del Partido Popular, se esperaba la reforma de la Ley de Fundaciones del 94. Una nueva normativa, m¨¢s acorde con la realidad de estas instituciones, m¨¢s confiada y estimulante, fue anunciada y prometida desde la oposici¨®n. Aquel compromiso, que tambi¨¦n qued¨® reflejado en el programa electoral, expresaba el saludable objetivo de mejorar sensiblemente la Ley que hoy est¨¢ en vigor; una norma bienvenida y necesaria entonces, pero limitada, y todav¨ªa con anacr¨®nicos residuos de desconfianza y recelo.

Y, por fin, en esta segunda legislatura de Gobierno del PP, vemos con satisfacci¨®n que aquellas intenciones, que eran compromisos con el electorado, comienzan a ver la luz. Porque lo cierto es que los proyectos de ley de fundaciones y de mecenazgo aprobados por el Gobierno, y que pronto iniciar¨¢n su tramitaci¨®n parlamentaria, son dos normas que, aunque siempre perfectibles, invierten significativamente la tendencia y abren un horizonte esperanzador.

Satisfacci¨®n s¨ª -no nos debe doler prendas decirlo a los que tantas veces hemos recordado promesas y reclamado la reforma- por una normativa que puede dar juego y contribuir al desarrollo y al crecimiento de la actividad de las fundaciones en nuestro pa¨ªs. Pero hay m¨¢s motivos para estar satisfechos y esperanzados. La labor paciente de siembra de ideas, de razones y de argumentos, las llamadas continuas a la participaci¨®n y al compromiso de la ciudadan¨ªa, parecen finalmente haber calado en la sociedad, en la clase pol¨ªtica y en el gobierno.

En muchos momentos llegamos a pensar que eso nunca ocurrir¨ªa, especialmente durante alg¨²n tiempo en que en el texto del borrador de anteproyecto de ley de mecenazgo aparec¨ªan unos preocupantes (y descabellados) signos de recelo, probablemente a causa del malhadado asunto de Gescartera. De esta forma parec¨ªa que, como yo denunciaba en este mismo peri¨®dico, se trataba de matar moscas a ca?onazos (o de poner una venda enorme a una herida inexistente). Pero de sabios es rectificar y los vientos han cambiado a favor, ahora, de la historia. La lluvia fina que ven¨ªa calando desde hace mucho tiempo en todos los ¨¢mbitos de la vida social y cultural parece haber llegado, por fin, a dar sus primeros frutos.

Y todav¨ªa hay otro motivo de satisfacci¨®n. Es l¨ªcito pensar que la ejecutoria social y cultural de las propias fundaciones en estos a?os las ha hecho acreedoras a la confianza que ahora la ley parece otorgarles. Directa o indirectamente, muchos ciudadanos espa?oles se han visto beneficiados por la actividad de las fundaciones. No son bichos raros, sino instituciones cercanas, que responden, con agilidad y visi¨®n de futuro, a las preocupaciones y a las inquietudes de los ciudadanos. Estos proyectos de ley hubieran sido impensables hace, digamos, veinte o treinta a?os. Ni el clima pol¨ªtico ni el clima social estaban entonces maduros -?cu¨¢ntas veces lo pudimos comprobar!- para un proyecto normativo como el actual que, dentro de lo que cabe, puede considerarse, como ha testimoniado el Centro Espa?ol de Fundaciones, considerablemente avanzado y potencialmente fecundo para las fundaciones, y, en general, para todas las instituciones no lucrativas.

Quedan, con todo, algunos residuos de desconfianza que pueden y deben ser subsanados en el tr¨¢mite parlamentario. Por ejemplo: se limitan las actividades exentas en una lista cerrada en la que hay exclusiones que afectan, sobre todo, lo cual es realmente sorprendente, a determinadas actividades culturales y educativas. Esto es dif¨ªcil de entender, y no encontramos una justificaci¨®n razonable para mantener esa exclusi¨®n. Una cl¨¢usula de analog¨ªa al final de la lista corregir¨ªa un error evidente que, de no subsanarse, podr¨ªa llegar a ser un grave problema para algunas fundaciones. Por otro lado, se observa un retroceso en lo que se refiere al tratamiento fiscal aplicable a las donaciones de bienes (edificios, fincas r¨²sticas, cuadros, cartera de t¨ªtulos, etc.). En la ley hasta ahora vigente las plusval¨ªas que fiscalmente pueden producirse como consecuencia de tales donaciones est¨¢n exentas. Seg¨²n el nuevo texto legal, desaparece la exenci¨®n, lo que no estimula precisamente este tipo de donaciones, antes al contrario, las hace imposibles o casi.

M¨¢s all¨¢ de estos aspectos y algunos detalles m¨¢s que habr¨¢ que analizar y estudiar en la tramitaci¨®n parlamentaria que sigan ambos proyectos, es de justicia se?alar el avance que esta iniciativa puede representar para las fundaciones espa?olas. M¨¢s que palabras y promesas, tenemos por delante un debate sobre un texto legal que abre un horizonte nuevo. En esta ocasi¨®n no podemos decir que las fundaciones quedaron para septiembre, como asignatura pendiente y menor, sino que el proyecto para su regulaci¨®n ha merecido un aprobado en julio, y, es de esperar que pueda mejorar la calificaci¨®n antes de ser definitivamente aprobado.

Antonio S¨¢enz de Miera es autor de El azul del puzzle.