La alcaldesa de Chinch¨®n pedir¨¢ ser indultada de su pena por prevaricaci¨®n

Ana Mar¨ªa Magallares, alcaldesa de Chinch¨®n y condenada por el Tribunal Supremo a ocho a?os de inhabilitaci¨®n para ejercer cargo p¨²blico por prevaricaci¨®n, se mantiene en el cargo, aunque ha delegado todas sus funciones en su n¨²mero dos hasta el pr¨®ximo 10 de septiembre, con el argumento de que estar¨¢ 'ausente' de la alcald¨ªa por vacaciones. La regidora recurrir¨¢ en amparo ante el Constitucional y solicitar¨¢ el indulto el 1 de septiembre, seg¨²n su abogado. El PSOE de Chinch¨®n interpreta que todo esto no es m¨¢s que una estratagema de Magallares para ganar tiempo y mantenerse en el cargo.

El lunes 30 de julio, tres d¨ªas despu¨¦s de conocer la sentencia del Supremo que ratificaba otra anterior de la Audiencia Provincial que la condenaba a ocho a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n (dictar una resoluci¨®n injusta a sabiendas de que lo es), la alcaldesa de Chinch¨®n se reuni¨® con Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP madrile?o, para estudiar la situaci¨®n.

En esa reuni¨®n, el n¨²mero dos del PP pidi¨® a Magallares que presentara su dimisi¨®n. Pero ¨¦sta reconoci¨® su intenci¨®n de mantenerse en el cargo argumentando que piensa recurrir el fallo en amparo ante el Constitucional. La direcci¨®n de su partido se mostr¨® partidaria de que Magallares abandone su cargo 'de forma digna', para no causar problemas al partido en Chinch¨®n.

Tras la conversaci¨®n con Romero de Tejada, Ana Mar¨ªa Magallares firm¨® ese mismo d¨ªa un decreto por el que delegaba 'en el primer teniente de alcalde, Francisco Grau Romano, la totalidad de las funciones que tiene atribuidas el alcalde-presidente legalmente, debido a la ausencia de esta alcald¨ªa desde el d¨ªa 30 de julio de 2002 hasta el 10 de septiembre de 2002'. Grau Romano est¨¢ siendo investigado, junto a Magallares, por el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 2 de Valdemoro por un presunto delito de coacciones y prevaricaci¨®n.

En el mismo decreto, la alcaldesa establec¨ªa que la delegaci¨®n de funciones en su n¨²mero dos en la corporaci¨®n 'producir¨¢ efectos desde el d¨ªa siguiente de la fecha de la presente resoluci¨®n, sin perjuicio de la preceptiva publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial de la Comunidad de Madrid'. 'De la delegaci¨®n se deber¨¢ dar cuenta al pleno [municipal] en la primera sesi¨®n que se celebre', a?ad¨ªa el decreto de Magallares, sin concretar la fecha de ese plenario.

Fuentes de la Ejecutiva del PP creen que es bastante por ahora con la delegaci¨®n de funciones y consideran que eso supone pr¨¢cticamente una dimisi¨®n. Romero de Tejada manifest¨® ayer: 'La delegaci¨®n de funciones es un paso intermedio para sosegar las cosas en el municipio. En agosto hay fiestas en Chinch¨®n y queremos hacer las cosas bien. En cuanto se produzca la ejecuci¨®n de la sentencia, dimitir¨¢'.

El art¨ªculo 7 de los estatutos del PP permite al partido expulsar a un militante cuando recaiga sobre ¨¦ste sentencia judicial firme por delito doloso. 'No es el momento de hacer esto. Nosotros vamos a apostar por Chinch¨®n y los apoyos que tiene Ana Mar¨ªa Magallares son m¨¢s personales que de apoyo al propio Partido Popular', sostiene Romero de Tejada.

Gema S¨¢ez Ariza, concejala de Educaci¨®n y uno de los seis ediles del PP que forman el gobierno municipal de Chinch¨®n, considera que Magallares deber¨ªa dimitir 'ya'. S¨¢ez Ariza est¨¢ dispuesta a mantenerse en las filas de PP, pase lo que pase con el caso de la alcaldesa: 'Llam¨¦ al secretario general y le dije que yo no iba a pasarme al grupo mixto. Mis intereses son los del partido'.

Magallares, que fue condenada por un delito de prevaricaci¨®n por la Audiencia Provincial el 22 de febrero de 2000, recurrir¨¢ el 1 de septiembre en amparo ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que confirm¨® la decisi¨®n de la Audiencia. Magallares tiene previsto, adem¨¢s, pedir el indulto al Gobierno, seg¨²n su abogado, Luis Rodr¨ªguez Ramos. La admisi¨®n del recurso por el Tribunal Constitucional implica la suspensi¨®n de la ejecuci¨®n de la sentencia.

'Hay una desproporcionalidad entre el hecho (no convocar una comisi¨®n de investigaci¨®n de cuentas aprobada por el pleno municipal) y las consecuencias (ocho a?os de inhabilitaci¨®n)', argumenta el letrado.

Una misa en la ermita

El PSOE de Chinch¨®n acusa a la alcaldesa de haber presidido el pasado d¨ªa 1 una misa en honor de San Roque, patr¨®n del municipio, pese a haber delegado ya sus funciones de regidora en Grau Romano. En protesta, los tres concejales socialistas se negaron a sentarse en los bancos destinados a los miembros de la corporaci¨®n en la ermita.

Los hechos objeto de la condena se remontan al anterior mandato de Magallares en el Ayuntamiento, entre 1997 y 1999, cuando sustituy¨® al anterior regidor, Jes¨²s Hern¨¢ndez, tambi¨¦n del PP, que dimiti¨® por motivos personales. El PP ten¨ªa entonces mayor¨ªa absoluta con seis ediles (como ahora), el PSOE contaba con cuatro (ahora tiene tres) y el otro era del Partido de Acci¨®n Democr¨¢tica Espa?ola (PADE, que ahora cuenta con dos ediles). Pero tres de los seis ediles populares se pasaron al Grupo Mixto y la oposici¨®n -mayoritaria en el pleno, aunque nunca present¨® una moci¨®n de censura- aprob¨® el 20 de marzo de 1998 la constituci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n para revisar, a iniciativa del PSOE, las cuentas municipales de los a?os 1996 y 1997.

La alcaldesa nunca constituy¨® esta comisi¨®n de investigaci¨®n. Argument¨® que hab¨ªa estado varios d¨ªas de baja por una fractura en un dedo y que la dimisi¨®n de tres ediles hab¨ªa dejado al Consistorio en una situaci¨®n de 'ingobernabilidad' que desaconsejaba abrir el proceso. Los socialistas llevaron a Magallares ante el juez por prevaricaci¨®n.

La alcaldesa se enfrenta a otras dos querellas en los juzgados: una del PSOE por presunta malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, y otra de la promotora inmobiliaria Punor, SA, que acusa a Magallares y a Grau de supuesta prevaricaci¨®n y coacciones.