Prostituci¨®n

El oficio m¨¢s viejo del mundo, y tambi¨¦n el m¨¢s desprotegido, empieza a disponer en Espa?a de un marco regulatorio imprescindible. La Generalitat de Catalu?a ha sido pionera en aprobar un decreto que regula la prostituci¨®n. Horarios, condiciones higi¨¦nico-sanitarias, caracter¨ªsticas de los locales y elementos m¨ªnimos de ¨¦stos deber¨¢n cumplir, por vez primera, determinados requisitos.

Estas medidas no deben impedir el necesario debate sobre el car¨¢cter de explotaci¨®n de la mujer que conlleva la prostituci¨®n. Pero parece absurdo no reconocer que esta regulaci¨®n mejorar¨¢ la condici¨®n laboral de bastantes de las 300.000 profesionales del sexo, un colectivo que triplica al de los 100.000 abogados. M¨¢s all¨¢ de otras consideraciones, la experiencia hist¨®rica demuestra que no se pueden poner puertas al campo, acabando por la v¨ªa represiva con el comercio del sexo: corresponde, pues, regularlo, para minimizar los efectos nocivos que genera siempre toda actividad alegal. Como ha dicho con acierto Artur Mas, 'no se pueden cerrar los ojos' e ignorar la realidad, guste o disguste. La Generalitat ha hecho lo que deb¨ªa y le ped¨ªan los distintos grupos parlamentarios.

Ahora bien, no cabe olvidar que un ampl¨ªsimo sector de quienes se dedican profesionalmente al sexo acaban en esta actividad forzadas por la falta de otras oportunidades. Ello genera redes de explotaci¨®n y hasta de esclavitud que deber¨ªan ser perseguidas, C¨®digo Penal en mano, como intentan otros pa¨ªses. Pero esa iniciativa legislativa corresponder¨ªa al Gobierno y no a una comunidad aut¨®noma.Tambi¨¦n es preciso escuchar a las voces cr¨ªticas que lamentan las insuficiencias del decreto catal¨¢n, cuando destacan que los m¨¢s favorecidos por esta norma ser¨¢n los empresarios de los locales de alterne, los recaudadores y los clientes.

Parece obvio que a este paso inicial deber¨ªan seguirles otros, sobre todo los destinados a proteger m¨¢s espec¨ªficamente la situaci¨®n sociolaboral de las prostitutas. En el reciente encuentro internacional sobre Derechos humanos y trabajo sexual, sus representantes reclamaron preferencia para los locales autogestionados; residencia legal y de trabajo para las inmigrantes; prohibici¨®n de otorgar licencia a sujetos con antecedentes penales. Estos asuntos, as¨ª como la apertura de un debate sereno sobre medidas de aseguramiento social y de tratamiento para la vejez, deber¨ªan constituir el siguiente paso.