Batasuna no condena
El atentado de Santa Pola, el primero cometido por ETA tras la entrada en vigor de la Ley de Partidos, ha provocado que las formaciones pol¨ªticas vuelvan sus miradas hacia Batasuna. La no condena del atentado por ese partido, que pasa por ser el brazo pol¨ªtico de ETA y sobre el que el juez Garz¨®n ha lanzado sospechas fundadas de ser la marca legal del conglomerado etarra, ha sido valorado como un dato relevante a los efectos de poner en marcha las previsiones de dicha ley.
La ausencia de condena por parte de Batasuna del atentado de Santa Pola mientras el resto de las fuerzas pol¨ªticas lo han condenado, incluida Aralar (la formaci¨®n pol¨ªtica escindida de Batasuna), es m¨¢s que elocuente. S¨®lo cabe interpretarla como una muestra de complicidad pol¨ªtica con los asesinos de la ni?a de seis a?os y del hombre de 57 en el atentado del domingo en Santa Pola, que acent¨²a todav¨ªa m¨¢s los ribetes m¨¢s negros de Batasuna, cada vez m¨¢s aislada del resto de partidos pol¨ªticos y de la ciudadan¨ªa vasca.
Por si hiciera falta, su portavoz Arnaldo Otegi ha venido a subrayar a¨²n m¨¢s esa complicidad con una de sus explicaciones al uso, atribuyendo el atentado de ETA en Santa Pola a la persistencia de 'un conflicto que dura ya dos siglos' y endosando a Aznar la responsabilidad 'de lo que est¨¢ ocurriendo y de lo que pueda ocurrir en el futuro'. Bien es cierto que Otegi se cura en salud y toma sus precauciones ante la Ley de Partidos asegurando que 'no justifica ni ampara lo ocurrido ayer', pero la explicaci¨®n que ofrece es dif¨ªcil no interpretarla como una exculpaci¨®n o eximente del crimen cometido por ETA en la ciudad alicantina.
La omisi¨®n de una condena expl¨ªcita, aunque revele una evidente complicidad pol¨ªtica, tiene una dif¨ªcil articulaci¨®n legal, incluso al amparo de la Ley de Partidos. El texto legal se refiere expresamente a 'justificar o exculpar los atentados', a dar 'apoyo expreso o t¨¢cito al terrorismo' y a 'exculpar o minimizar su significado'. Se trata de aspectos sujetos a interpretaci¨®n judicial y, por tanto, endebles y azarosos para sustentar por s¨ª solos una demanda de ilegalizaci¨®n. Pero esa actitud, que desmarca tan clamorosamente a Batasuna del comportamiento de los partidos democr¨¢ticos, no puede sino poner en situaci¨®n de alerta al conjunto de fuerzas pol¨ªticas, al Parlamento y al Gobierno. No basta seguramente por s¨ª sola para actuar judicialmente contra Batasuna, pero s¨ª para poner en marcha el reloj de su futura ilegalizaci¨®n, dejando a las fuerzas pol¨ªticas parlamentarias y al Gobierno la elecci¨®n del momento procesalmente oportuno.
En todo caso, no hay que olvidar que la Ley de Partidos, a medio camino entre lo penal y lo civil, es un intrumento a la vez pol¨ªtico y jur¨ªdico. En consecuencia, debe ser utilizado con prudencia y no 'cuanto antes', por m¨¢s que los dirigentes de Batasuna se comporten moralmente como 'basura' (algo que, aunque sea cierto, es impropio que lo diga el presidente del Gobierno), sino cuando proceda y con el mayor fundamento legal posible. Precipitarse en una cuesti¨®n tan importante podr¨ªa ser tan contraproducente como demorarse m¨¢s de lo debido. La Ley de Partidos, como todas las leyes, est¨¢ para aplicarse, pero no de cualquier modo y arriesgando un desenlace judicial distinto del perseguido. En ese sentido, la actitud del vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, es pol¨ªticamente prudente y jur¨ªdicamentee cautelosa: no actuar antes de disponer de los pertinentes informes jur¨ªdicos sobre la cuesti¨®n, como corresponde a una decisi¨®n que implica aplicar por primera vez en Espa?a una ley que podr¨ªa dejar fuera de la legalidad a una formaci¨®n pol¨ªtica a la que votan varias decenas de miles de ciudadanos.
Mientras tanto, la batalla para acabar con ETA sigue pasando por el acoso policial, la detenci¨®n y puesta a disposici¨®n judicial de sus comandos y la gesti¨®n leal del Pacto Antiterrorista entre PP y PSOE. Y por la desaparici¨®n de obst¨¢culos tan formidables para su ¨¦xito como la ruptura de las fuerzas democr¨¢ticas en el Pa¨ªs Vasco y la ausencia del imprescindible di¨¢logo institucional entre Madrid y Vitoria. Pero esa situaci¨®n ser¨¢ dif¨ªcilmente reversible mientras el nacionalismo democr¨¢tico vasco se separe de los partidos democr¨¢ticos y limite su pol¨ªtica a estrategias soberanistas coincidentes con los fines por los que ETA atent¨® y asesin¨® el domingo en Santa Pola y que pone en entredicho el pacto constitucional y estatutario que garantiza la convivencia entre los vascos. Lo quiera o no Ibarretxe, esas estrategias rompen el clima imprescindible de lealtad y confianza entre las fuerzas pol¨ªticas y dificultan cualquier intento de 'combatir juntas a ETA' como ayer reclamaba el lehendakari.
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