Pacto virtual, pacto real

Hace un a?o que se firm¨® el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, y es oportuno reflexionar sobre su desarrollo, y hacerlo como responsable en Andaluc¨ªa de la gesti¨®n de una faceta de este servicio p¨²blico. Nos interesa ver qu¨¦ ha pasado con los objetivos que se?alaba ese Pacto de Estado y con los m¨¦todos que propon¨ªa para obtener unos resultados positivos, tanto en la imagen que proyecta la Justicia a la sociedad, como en la efectiva tutela de los intereses y los derechos de los ciudadanos que acuden al sistema judicial.

Las primeras actuaciones del Pacto de Estado tuvieron como objeto la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De la pretendida 'despolitizaci¨®n' del Consejo se ha pasado a un ¨®rgano de mayor¨ªa y minor¨ªa en el que s¨®lo se vislumbra la posibilidad de consenso en lo estrictamente burocr¨¢tico, y cuyo presidente, lejos de ejercer una funci¨®n integradora, se alinea sistem¨¢ticamente con las tesis del Gobierno. M¨¢s adelante, se inici¨® una pretendida reforma de la Ley org¨¢nica del Poder Judicial. Desde la nueva configuraci¨®n del CGPJ, hasta el dise?o de las oficinas judiciales y la normativa b¨¢sica del funcionariado al servicio de la justicia, pasando por las retribuciones de los jueces y la integraci¨®n en la ley de variaciones en la gesti¨®n de los procesos debidas a la introducci¨®n de nuevas tecnolog¨ªas, un mundo entero de renovaci¨®n parec¨ªa atisbarse, y las esperanzas eran grandes en que, por fin, podr¨ªamos abrir la puerta del siglo XXI a la justicia y a los que la demandasen. ?Vanas esperanzas o promesas incumplidas?.

Como se recordar¨¢, en materia de gesti¨®n y organizaci¨®n de recursos humanos y medios materiales somos siete Comunidades Aut¨®nomas. con competencias, junto con el Ministerio de Justicia, y por ello, suscribimos en mayo del a?o pasado un acuerdo, incluido en el Pacto, para eliminar las zonas de conflicto entre Estado y Autonom¨ªas. Desde entonces, ning¨²n paso se ha dado, y nos vemos obligados a gastar energ¨ªas en defendernos de los continuos intentos del Ministerio de recortar nuestra competencia leg¨ªtima en materias como la inform¨¢tica o la organizaci¨®n de los servicios, mientras introduce en el proyecto de ley los m¨¢s anticuados criterios corporativistas y disgregadores respecto de los funcionarios, todo ello desde la perspectiva de quien no ha sido capaz, en su territorio, de modernizar las infraestructuras judiciales. La pol¨ªtica del Ministerio es, en este campo, similar a la del perro del hortelano, y contradictoria tambi¨¦n con la esencia de la relaci¨®n que ha de tener el Poder Ejecutivo con el Judicial: servirlo en lo instrumental, sirviendo as¨ª a los ciudadanos, y respetar su independencia.

Despu¨¦s se habl¨® de los juicios r¨¢pidos y de la Carta de Derechos. Para ambas iniciativas, que tendr¨¢n que ser puestas en marcha en Andaluc¨ªa por esta Consejer¨ªa, el ministro dijo ante los diputados que no hac¨ªa falta dinero, sino, solamente, buena voluntad. El Pacto se revela as¨ª como virtual, y es dif¨ªcil creer que s¨®lo con buena voluntad podamos pagar a los int¨¦rpretes y peritos necesarios, las guardias de administrativos y forenses, los puntos y redes de comunicaci¨®n con registros p¨²blicos, la ampliaci¨®n del n¨²mero de salas de vistas y algunas otras 'menudencias' que har¨¢n falta para la aplicaci¨®n de esta Ley. Tambi¨¦n har¨¢ falta algo m¨¢s que buena voluntad para atender a los usuarios de la Justicia en la forma prevista en la carta de derechos: solamente montar un sistema de informaci¨®n adecuado supone una inversi¨®n de recursos humanos, t¨¦cnicos y materiales muy importante. En el debate en el Congreso, el ministro acaba de asegurar que en el Senado se concretar¨¢n los nuevos medios para dotar esta Ley. Los esperamos.

En este a?o transcurrido, en Andaluc¨ªa se ha concluido la informatizaci¨®n de los ¨®rganos judiciales, se ha aprobado un importante Plan de Infraestructuras, las plantillas han crecido notablemente, se est¨¢n ejecutando planes de actuaci¨®n espec¨ªficos en muchos juzgados conflictivos, se han creado servicios comunes y se ha especializado y extendido la Justicia gratuita. En definitiva, actuaciones que dan fe de nuestro pacto, nada virtual y muy real, con los ciudadanos andaluces por la reforma de la Justicia.

Carmen Hermos¨ªn Bono es consejera de Justicia y Administraci¨®n P¨²blica de la Junta de Andaluc¨ªa.