Colombia, ante opciones estrat¨¦gicas
El autor sostiene que unas Fuerzas Armadas m¨¢s poderosas sin un proyecto de reforma y consolidaci¨®n del Estado y sus garant¨ªas pueden llevar al fracaso al nuevo Gobierno colombiano
Con la llegada al poder de ?lvaro Uribe se abren en Colombia dos posibilidades para acabar con la violencia: la reforma amplia de las instituciones con el fin de reconstruir el Estado, o s¨®lo reformar el sistema de seguridad para derrotar a las guerrillas. La segunda opci¨®n incluir¨¢ a este pa¨ªs en la 'guerra contra el terrorismo' de EE UU y agudizar¨¢ un conflicto que no se resolver¨¢ con la fuerza y f¨®rmulas sencillas. Las negociaciones de paz necesitan un sistema estatal democr¨¢tico.
La mayor parte de los votantes dieron en mayo pasado su apoyo al programa de Uribe, que combina fuerza y negociaci¨®n. El nuevo Gobierno podr¨ªa reiniciar el proceso de paz, pero en el medio plazo no habr¨¢ negociaci¨®n que sirva, aunque est¨¦ apoyada en unas Fuerzas Armadas m¨¢s poderosas, que no vaya acompa?ada de una reforma y consolidaci¨®n del Estado democr¨¢tico y sus garant¨ªas.
Una negociaci¨®n de paz puede durar a?os, pero deber¨ªa incluir a sectores armados y no armados
O el Estado recupera su legitimidad, o aumentar¨¢ el n¨²mero de grupos violentos
Colombia es un Estado parad¨®jico: tiene Gobierno, Administraci¨®n, elecciones, Parlamento y leyes, pero las condiciones b¨¢sicas del Estado moderno no se cumplen. El Gobierno no controla administrativamente parte del territorio y, por lo tanto, en esas zonas no rige la ley ni el orden oficial; no se cobran impuestos legales ni se proveen servicios a la poblaci¨®n. Cada una de esas funciones est¨¢ usurpada por grupos de guerrilla como las FARC y el ELN, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) u organizaciones criminales. Cada uno de estos grupos impone sobre la poblaci¨®n formas coactivas de apoyo, sistemas ilegales de recaudaci¨®n y reglas de funcionamiento social. Las FARC y las AUC compiten por el control de tierras, ciudades y sectores de la poblaci¨®n que operan en alg¨²n tramo del narcotr¨¢fico.
Cada vez m¨¢s gente en este pa¨ªs cree que la violencia le da un marco de referencia econ¨®mico (aunque inestable y peligroso), unas normas (de la guerrilla o los paramilitares o los narcos) y una protecci¨®n que no le ofrece el Estado. O este ¨²ltimo recupera su legitimidad o aumentar¨¢ el n¨²mero de grupos violentos.
La econom¨ªa del pa¨ªs est¨¢ distorsionada por la producci¨®n y exportaci¨®n ilegal de droga. La productividad ha deca¨ªdo y ha aumentado el desempleo y la pobreza. Grandes extensiones de tierra son controladas por los narcotraficantes para la agricultura intensiva, abandonando la producci¨®n alimentaria. Las inversiones extranjeras se orientan hacia el creciente sector del petr¨®leo, principal producto legal de exportaci¨®n, por delante del caf¨¦ y el carb¨®n.
En diversos foros que se han realizado en los ¨²ltimos meses en Colombia, Par¨ªs y Washigton se manifest¨® la preocupaci¨®n por los escenarios futuros. Hay una coincidencia en que es necesaria una reforma del Estado y se teme que Uribe preste m¨¢s atenci¨®n a reforzar las Fuerzas Armadas y la polic¨ªa con el apoyo de Washington que a contar con un sistema m¨¢s eficaz de justicia. M¨¢s aun, si la guerra se agudiza, el nuevo Gobierno podr¨ªa imponer el estado de sitio y esto acabar¨ªa con las pocas garant¨ªas jur¨ªdicas todav¨ªa vigentes.
Existen antecedentes para alcanzar acuerdos y buscar apoyo social a una reforma. Hay una historia de negociaciones entre gobiernos y guerrillas desde los a?os ochenta y de intentos de adaptar la Constituci¨®n y la administraci¨®n del Estado. Y existe una activa sociedad civil constituida por actores no armados, en la que Uribe podr¨ªa apoyarse y a la que la comunidad internacional deber¨ªa apoyar.
Igualmente se teme a la propuesta de Uribe de crear milicias civiles para luchar contra el terrorismo. Esta experiencia ha sido fat¨ªdica en Guatemala, Per¨² o Argelia, y en un pa¨ªs con una fuerte tradici¨®n violenta puede producir todav¨ªa m¨¢s descontrol para el Estado. Con menos garant¨ªas jur¨ªdicas, milicias populares, el apoyo entusiasta de EE UU a la guerra a trav¨¦s del Plan Colombia, y con las alianzas cruzadas que hay entre Fuerzas Armadas y paramilitares y entre guerrillas y narcotraficantes, el pa¨ªs le puede estallar al nuevo presidente entre las manos.
En Colombia se necesita m¨¢s Estado a trav¨¦s de m¨¢s justicia, mejor administraci¨®n, eficaces mecanismos de devoluci¨®n del Estado hacia la sociedad, control democr¨¢tico de las fuerzas de seguridad, nuevas negociaciones, un sistema de verificaci¨®n de los movimientos, inversiones y mecanismos econ¨®micos y financieros del negocio de la violencia y el narcotr¨¢fico. Y, por ¨²ltimo, el uso de esa fuerza si fuese preciso. Todo esto crear¨¢ el marco de negociaci¨®n, y no al rev¨¦s.
Uribe quiere m¨¢s fuerza para que las otras partes negocien. Las FARC y el ELN tienen la misma teor¨ªa tradicional de la guerra. Los paramilitares buscan convertirse en actores leg¨ªtimos de un proceso de paz o dinamitarlo. Una negociaci¨®n de paz puede durar a?os, pero tendr¨ªa que incluir tanto a sectores armados como no armados.
La negociaci¨®n deber¨ªa ser sobre la tierra que produce caf¨¦, coca y que es rica en oro, petr¨®leo, esmeraldas y otros recursos. La fuerza se usa para desplazar grupos de miles de personas y quedarse con su tierra. El narcotr¨¢fico, que se suele se?alar equivocadamente como la causa del conflicto, est¨¢ vinculado a la tierra y la pobreza, y la falta de opciones para decenas de miles de personas que trabajan en todos los escalones del sistema de tr¨¢fico il¨ªcito de poder integrarse en otros trabajos.
El Gobierno Uribe deber¨ªa abandonar la pol¨ªtica de castigo a los productores, promover pactos de erradicaci¨®n y sustituci¨®n gradual. El nuevo Gobierno podr¨ªa tambi¨¦n recordar a EE UU y Europa que hay oferta porque existe una fuerte demanda desde sus sociedades. A partir del 11 de septiembre de 2001 el Gobierno de EE UU ha vinculado la guerra contra las drogas con la lucha a las guerrillas.
Colombia corre un serio peligro si el nuevo presidente orienta su pol¨ªtica solamente hacia la lucha contra el terrorismo y as¨ª confirma que su pa¨ªs debe estar en la lista de los objetivos de la guerra contra el terrorismo global del Gobierno estadounidense. Desde 1998, Colombia est¨¢ recibiendo la mayor ayuda militar de Washington del mundo, con excepci¨®n de Oriente Pr¨®ximo. La pol¨ªtica estadounidense est¨¢ orientada crecientemente al uso de la fuerza y a la presi¨®n antes que a la cooperaci¨®n y las negociaciones. Colombia quedar¨ªa atrapada por la violencia externa e interna. Ante este panorama, Europa y gobiernos de Am¨¦rica Latina deben asistir y sugerir a Uribe que reforme vertical y horizontalmente el Estado; que promocione la sociedad civil y, a la vez, deben servir de contrapeso a la pol¨ªtica de Washington. La fuerza sin un proyecto de Estado puede llevar al nuevo Gobierno al fracaso, y la zona andina de Am¨¦rica, a una fuerte desestabilizaci¨®n.
Mariano Aguirre es director del Centro de Investigaci¨®n para la Paz (CIP), Madrid, y miembro del Transnational Institute (TNI), Amsterdam.
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