EE UU tuvo informaci¨®n permanente de los asesinatos y torturas de la dictadura argentina

Casi 27 a?os m¨¢s tarde se confirma lo que ya se sab¨ªa entonces. La Embajada de Estados Unidos en Argentina recog¨ªa informaci¨®n de primera mano durante la dictadura militar entre 1976 y 1982 y la enviaba a Washington. Los funcionarios y agentes se reun¨ªan con altos cargos militares, pol¨ªticos c¨®mplices, sindicalistas venales y periodistas. Gracias a ellos se enteraban de inmediato de los secuestros, las torturas, las ejecuciones sumarias y de las luchas intestinas del poder. En la sede de la embajada se llenaron fichas sobre unos 13.000 ciudadanos 'desaparecidos'.

Nada se hizo para evitar los asesinatos. Entre los 4.677 documentos secretos desclasificados por el Gobierno de EE UU y entregados el martes en Buenos Aires, no hay una sola l¨ªnea en la que alguien diga, al menos, 'denuncien' o 'detengan la matanza' de unas 30.000 personas.

Las ambiciones comerciales y pol¨ªticas de Washington no tienen piedad. A fines de marzo de 1976, tras el golpe de Estado del general Jorge Videla, que inauguraba la m¨¢s sanguinaria y criminal dictadura de la historia argentina, desde la Embajada en Buenos Aires se remit¨ªa a Washington un informe en el que se consignaba con cierta satisfacci¨®n: 'No fuimos acusados de estar detr¨¢s de este golpe y la Embajada espera que contin¨²e siendo as¨ª (...) No ser¨ªa bueno ni para ellos ni para nosotros. Sin embargo, los mejores intereses para la Argentina y para nosotros mismos descansan en el ¨¦xito de este Gobierno moderado que ahora lleva adelante el general Videla (...). Nos prometi¨® resolver r¨¢pidamente varios de nuestros problemas de inversiones (Exxon, Chase Manhattan, Standard Electric y dem¨¢s)'.

Los archivos abarcan toda la dictadura militar -incluida la guerra de las Malvinas- desde 1975, el ¨²ltimo a?o de Gobierno de Mar¨ªa Estela Mart¨ªnez, Isabelita, la viuda de Per¨®n, hasta 1984, un a?o despu¨¦s de asumir el Gobierno constitucional de Ra¨²l Alfons¨ªn. La b¨²squeda se organiz¨® sobre la base de 300 temas presentados al Departamento de Estado por el National Security Archive, una ONG que ya trabaj¨® en la revisi¨®n de documentos vinculados con Chile, El Salvador y Guatemala.

Los defensores de derechos humanos conf¨ªan en que EE UU remita ahora los informes reservados enviados por los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Departamento de Inteligencia de Defensa.

Carmen Aguiar, miembro de la L¨ªnea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, recordaba ayer que 'durante el Gobierno de Carter hab¨ªa un funcionario, Allen Harris, a quien llamaban Tex, que atend¨ªa bien a los familiares de las v¨ªctimas y parec¨ªa preocuparse por la situaci¨®n de las personas secuestradas y desaparecidas'. Hace dos a?os, el 16 de agosto de 2000, la secretaria de Estado de EE UU, Madeleine Albright, se comprometi¨® ante madres y Abuelas de Plaza de Mayo a liberar los documentos clasificados y a reenviarlos a Buenos Aires.

Los textos, a veces manuscritos, incluyen an¨¢lisis pol¨ªticos de la situaci¨®n y revelan tambi¨¦n la trama de c¨®mplices civiles que primero alentaron y apoyaron el golpe de Estado y luego encubrieron la represi¨®n y persecuci¨®n de los opositores pol¨ªticos. El consejero William Hallman comi¨® en un restaurante de Buenos Aires con el dirigente radical Fernando de la R¨²a el 12 de octubre de 1977, seg¨²n consta en el documento desclasificado 80F178. La conclusi¨®n fue la siguiente: 'La actitud c¨ªnica de De la R¨²a sobre 'el derecho a optar' (a irse del pa¨ªs) me interes¨®, porque entre los pol¨ªticos civiles s¨¦ personalmente que De la R¨²a es el m¨¢s abierto defensor de la Junta Militar y creyente que casi todas las acciones tomadas por las fuerzas de seguridad son correctas'. En ese momento ya eran m¨¢s de 15.000 los secuestrados. 20 a?os m¨¢s tarde, De la R¨²a ser¨ªa jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y luego presidente de Argentina entre 1999 y 2001.

Por su parte, 'otro peronista, el ex gobernador de la provincia de La Rioja Carlos Menem, dijo en una reuni¨®n el 24 de julio [1982] que los militares deber¨ªan ser juzgados por sus errores, incluyendo los abusos a los derechos humanos. El l¨ªder del partido radical, Ra¨²l Alfons¨ªn, descart¨® cualquier posibilidad de manto del olvido'. La justicia civil conden¨® en 1984 a Videla y los principales comandantes de las juntas militares a penas de reclusi¨®n perpetua. A fines de los ochenta, Alfons¨ªn impuls¨® las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que liberaron de proceso a los oficiales acusados. A comienzos de los noventa Menem dict¨® el indulto a los militares que cumpl¨ªan penas de c¨¢rcel.

Los informes, que han sido publicados en la p¨¢gina de Internet del Departamento de Estado de EE UU, inclu¨ªan hasta los detalles sobre c¨®mo se torturaba a los prisioneros en campos clandestinos de concentraci¨®n: 'Descargas el¨¦ctricas, el submarino (les ahogan con una bolsa), inyecciones de sodio pentotal, severas golpizas, y el tel¨¦fono (un golpe en ambas orejas con las manos ahuecadas)'. Los documentos servir¨¢n como evidencia en los Juicios por la Verdad, donde se investiga el destino de las v¨ªctimas.