Muchos planes y pocas soluciones
El caso de Ana Orantes, de 60 a?os, que muri¨® calcinada en diciembre de 1997 despu¨¦s de que su ex marido, Jos¨¦ P. A., la rociara con gasolina y la prendiera fuego, empuj¨® a pol¨ªticos, jueces y medios de comunicaci¨®n a despertar del sue?o que les sum¨ªa en la ceguera del penoso panorama que viv¨ªan en Espa?a las mujeres maltratadas. Divorciada dos a?os antes, Ana compart¨ªa chal¨¦ con su ex marido, ella en el piso de arriba, ¨¦l en el de abajo, como dictaba la sentencia judicial. Su vida de agresiones f¨ªsicas y ps¨ªquicas culmin¨® en asesinato cuando el ex marido se enter¨® de que Ana le hab¨ªa denunciado en un programa televisivo.
Aquel caso pod¨ªa ser s¨®lo la punta del iceberg y, meses despu¨¦s, el Gobierno encendi¨® el motor para afrontar el grave problema. A comienzos de 1998 promulg¨® un plan de choque contra los malos tratos, pero, a juzgar por los resultados, faltaba combustible: en lo que va de este a?o, 31 mujeres han muerto en Espa?a a manos de su marido, o compa?ero, o novio, o ex novio. Y 19 m¨¢s han sido v¨ªctimas del instinto mortal de alg¨²n allegado. Estas cifras mantienen las estad¨ªsticas de los dos a?os anteriores y superan las de 1998, a?o en que entr¨® en vigor el primer plan de choque, actualizado en 2001. Los n¨²meros cantan por s¨ª solos, y la oposici¨®n parlamentaria y las organizaciones contra la violencia dom¨¦stica no han cesado de denunciar la ineficacia de los programas, en particular, por su car¨¢cter de parcialidad, que se ha centrado en potenciar el est¨ªmulo a la denuncia de las v¨ªctimas y la creaci¨®n de casas de acogida, pero no ha calibrado el riesgo que corren las denunciantes y la necesidad de afinar su protecci¨®n contra la reacci¨®n virulenta de los agresores que no consienten ser delatados.
En la actualidad se da la paradoja de que el agresor puede beneficiarse de un permiso de visitas a los hijos mientras otro tribunal, penal, le impone no acercarse a la familia
Medidas parciales
Ni los 54 millones de euros del primer plan, para tres a?os de aplicaci¨®n, ni el reducido aumento a 78 millones del de 2001, para cuatro a?os (un 6,54% de incremento real), han servido para reducir la violencia de g¨¦nero. El propio ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, parece haber aceptado la ineficacia de las acciones gubernamentales cuando recientemente anunci¨® que est¨¢ preparando un proyecto para que las agredidas puedan sentirse respaldadas econ¨®micamente, a trav¨¦s del sistema de desempleo, en caso de tener que abandonar su hogar, su trabajo y/o su ciudad. Otra medida parcial que, seg¨²n Micaela Navarro, secretaria de Igualdad del PSOE, no sirve 'porque el problema es mucho m¨¢s profundo en una sociedad donde la violencia est¨¢ muy tolerada'.
La novedad comunicada por Zaplana aparece como un punto m¨¢s en el proyecto de Ley integral contra la violencia de g¨¦nero presentado por el PSOE en diciembre pasado y que se debatir¨¢ en el Congreso el pr¨®ximo martes. Un texto global que recoge desde la prevenci¨®n, a trav¨¦s de pol¨ªticas de igualdad en la escuela, hasta la creaci¨®n de juzgados espec¨ªficos que diriman casos civiles y penales de forma coordinada. En la actualidad se da la paradoja de que el agresor puede beneficiarse de un permiso de visitas a los hijos, mientras otro tribunal, penal, le impone no acercarse a la familia. La asistencia especializada, la atenci¨®n sanitaria, las facilidades de empleo y vivienda, y la creaci¨®n de un fondo de garant¨ªa de pago de alimentos forman parte del texto. Todo ello, proponiendo un presupuesto espec¨ªfico y en coordinaci¨®n con autonom¨ªas y ayuntamientos, para que no haya diferencia de trato entre las afectadas.
El n¨²mero de denuncias por malos tratos ha ido creciendo en Espa?a hasta alcanzar la cifra de 24.158 en 2001, a?o en que murieron 31 mujeres, seg¨²n fuentes del Ministerio del Interior. La denuncia ante la polic¨ªa y los juzgados, y los procesos de separaci¨®n y divorcio representan la bicha para el agresor, el 90% de los casos de muerte responden a estas caracter¨ªsticas. El ofendido no s¨®lo no atiende a legalidades, sino que su c¨®lera aumenta cuando el macabro secreto de la tortura del que es protagonista traspasa las puertas del hogar. Veinte denuncias hab¨ªa presentado Alicia Aristregui, de Villava (Navarra), pero de poco le sirvi¨®, muri¨® a manos de su c¨®nyuge el pasado abril cuando estaba en tr¨¢mite de separaci¨®n. La opini¨®n p¨²blica se lleva las manos a la cabeza: ?c¨®mo es posible que los jueces no atiendan estas reiteradas llamadas de socorro? El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Rafael Ruiz de la Cuesta, abri¨® una investigaci¨®n sobre el caso de Villava para depurar responsabilidades. El resultado, una semana despu¨¦s, es que no se hab¨ªa apreciado 'ninguna incorrecci¨®n' porque 'no era f¨¢cil deducir una ulterior acci¨®n violenta como la que desgraciadamente tuvo lugar'.
Denuncias sin garant¨ªas
Para Carmen Olmedo, diputada socialista, alejamiento del agresor y centros de acogida y asistencia letrada han mejorado, pero falta algo definitivo, como intensificar la protecci¨®n de las mujeres que denuncian. 'Est¨¢n fallando los mecanismos de seguridad', afirma. 'Es una irresponsabilidad que desde el Estado se anime a denunciar sin garantizar una m¨ªnima protecci¨®n'.
Centros de cobijo, medidas de alejamiento, incluso la c¨¢rcel no frenan la madera de agresor en medio de un panorama invadido por un peloteo de responsabilidades en el que los jueces piden al Gobierno que defina con precisi¨®n el delito de malos tratos (Consejo General del Poder Judicial, octubre de 1998). Asuntos Sociales critica a los jueces por su escasa protecci¨®n a las mujeres maltratadas al no imponer masivamente la medida de alejamiento del agresor (Concepci¨®n Dancausa, secretaria general de Asuntos Sociales, febrero de 2001). La oposici¨®n parlamentaria y las organizaciones feministas gritan contra la ineficacia de los gobernantes, y el Defensor del Pueblo, Enrique M¨²gica, exige (abril de 2001) al Consejo General del Poder Judicial que proponga al Gobierno la creaci¨®n de ¨®rganos especializados que puedan vigilar toda la materia de malos tratos. Un a?o antes de esta petici¨®n, el PP rechazaba una propuesta socialista sobre la creaci¨®n de fiscal¨ªas de violencia dom¨¦stica porque 'ser¨ªa un despilfarro, dadas las carencias de la justicia, dotar a todas las provincias de fiscales dedicados exclusivamente a esa materia'.
El problema no es patrimonio de Espa?a. Si se atiende a las recientes declaraciones de la comisaria europea para asuntos de Empleo y Asuntos Sociales, Anna Diamontopoulou: 'Una de cada cinco mujeres europeas ha sufrido malos tratos alguna vez en su vida'.
La bofetada a Gilda y la violencia con ra¨ªces
LA BOFETADA QUE GLENN FORD propina a Rita Hayworth en la pel¨ªcula Gilda hizo historia en los a?os cincuenta. Hubo sonrisas de aquiescencia ?Menuda casquivana. Osaba jugar con los sentimientos del duro / sensible / celoso de la pel¨ªcula! ?Respond¨ªa aquella complacencia con el guantazo a unos patrones acordes con el papel de dominio asignado al hombre? Los tiempos han cambiado, pero el f¨®sil de la sonrisa c¨®mplice recobra actualidad cada vez que la pel¨ªcula vuelve las pantallas. Los malos tratos tienen ra¨ªces. Todav¨ªa existen muchos hogares espa?oles en los que hasta ellas consideran normal el exabrupto, la descalificaci¨®n permanente y hasta la bofetada. Y es esta normalidad perversa, en la que no falta cierta capacidad seductora del violento, que, de repente, un d¨ªa aprecia el punto dado a la carne, dispensa una caricia a destiempo o se da golpes de pecho prometiendo enmendarse, la que no permite a muchas de las agredidas ver el asesino que se esconde detr¨¢s de su hombre. Pero hay otros factores que se imponen, como la dependencia econ¨®mica (s¨®lo un 37,3% de las espa?olas trabajan fuera de casa). Con los a?os, la agredida acaba convirti¨¦ndose en un ser amedrentado, anulado e incapaz de comunicar con el exterior, muchas veces, porque los ataques se amparan en los celos. Aislada, termina por sentir verg¨¹enza y creerse culpable, sin atreverse a contarlo a familiares y amigos. Por si no fuera suficiente, el agresor, a veces estimulado por el alcohol y otras drogas, pasa a la amenaza y m¨¢s adelante no le queda m¨¢s remedio que recurrir a la bofetada y el rev¨¦s. Hasta que... una paliza en la que se le va la mano, un lanzamiento por la ventana o una pu?alada acaban con la vida de la que os¨® escapar de la tortura denunci¨¢ndole o separ¨¢ndose de ¨¦l.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.