Cuatro responsables de la gesti¨®n del r¨ªo Segura, imputados por su contaminaci¨®n

El grave estado de contaminaci¨®n que sufre el Segura, uno de los r¨ªos m¨¢s degradados de Europa, ha desembocado en los tribunales. Una juez de Orihuela (Alicante) ha decretado la apertura de juicio oral por 'un delito continuado contra el medio ambiente' contra cuatro altos y dos ex altos cargos de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Segura (CHS), entre ellos su actual presidente, Juan C¨¢novas, y contra 12 empresas de la comarca de la Vega Baja, por los vertidos t¨®xicos en el r¨ªo. La juez destaca adem¨¢s sistem¨¢ticas vulneraciones a las directivas comunitarias.

Adem¨¢s de C¨¢novas, se sentar¨¢n en el banquillo su antecesor en el cargo, Antonio Nieto, el actual comisario de aguas, Jos¨¦ Alem¨¢n, y el ex comisario, Luis P¨¦rez Seiquer. Todos ellos podr¨ªan ser declarados responsables de la degradaci¨®n medioambiental que padece el r¨ªo a su paso por la comarca alicantina de la Vega Baja. As¨ª lo estima la magistrada Francesca Mart¨ªnez, titular del juzgado n¨²mero 6 de Orihuela, que ha instruido de oficio el sumario por la contaminaci¨®n del r¨ªo. La juez imputa a cuatro de los seis dirigentes que autorizaron expedientes de vertidos y omitieron su labor de 'control e inspecci¨®n de los mismos'.

Los otros dos responsables, el ex presidente Juan Jos¨¦ C¨¢novas y el ex comisario de aguas Francisco Cabezas, han sido exculpados por la juez, ya que sus presuntas irregularidades administrativas se produjeron, seg¨²n consta en el auto, en un periodo muy corto de vigencia del actual c¨®digo penal. La magistrada tampoco ve indicios de culpabilidad en la actuaci¨®n de los diferentes ayuntamientos que han consentido y realizado vertidos t¨®xicos a cauce p¨²blico, porque todos dispon¨ªan de la preceptiva autorizaci¨®n de la CHS.

Esta instituci¨®n otorg¨® 'con car¨¢cter provisional' 26 licencias de vertidos a distintos consistorios y administraciones de la Vega Baja. Sin embargo, 'las autorizaciones se perpetuaron en el tiempo, sin control ni seguimiento alguno respecto a los componentes cualitativos del vertido', seg¨²n el auto.

Para la juez, resulta evidente que la ¨²nica finalidad que persegu¨ªa la Confederaci¨®n al proceder de este modo era asegurarse 'el cobro del canon' de vertidos, lo que se ratifica por el hecho de que las licencias no fueran 'acompa?adas de anal¨ªtica alguna ni del refrendo del laboratorio'.

A estas dejaciones se suman, seg¨²n el auto judicial, las continuas y sistem¨¢ticas vulneraciones de las directivas comunitarias de protecci¨®n de las aguas.

El 25 de noviembre de 1998 el Tribunal de de Luxemburgo dict¨® una sentencia contra Espa?a por incumplir las obligaciones que marca la normativa europea para reducir las sustancias peligrosas vertidas en el medio acu¨¢tico. El Gobierno espa?ol aleg¨® que la adopci¨®n de programas de calidad para corregir ese error correspond¨ªan al organismo de cuenca. 'La CHS', dice ahora la juez, 'no ha adoptado dichos programas espec¨ªficos'.

El auto de la magistrada resulta clarificador. En 80 p¨¢ginas, desentra?a los problemas m¨¢s dram¨¢ticos que acechan a la cuenca del r¨ªo Segura. La juez inicia su exposici¨®n con un dato cr¨ªtico: 'Se ha de partir de establecer como una evidencia (...) la contaminaci¨®n que sufre el r¨ªo Segura en la Vega Baja'. Y a?ade que el Segura 'geogr¨¢ficamente hablando, no existe como tal r¨ªo'.

El auto detalla por otra parte las investigaciones llevadas a cabo por el juzgado y se aportan las conclusiones de los an¨¢lisis e informes del Seprona, de varios bi¨®logos y de distintas universidades, que sirven para confirmar la presencia de sustancias altamente t¨®xicas en casi todos los puntos del r¨ªo que se sometieron a estudio, as¨ª como la existencia de conductividades (salinidad del agua) que 'pueden tener repercusiones sobre la productividad de los campos regados con este agua'.