El Supremo mantiene que s¨®lo Interior tiene la facultad de prohibir las manifestaciones que puedan ser delictivas

El Tribunal Supremo ha cerrado un debate jur¨ªdico abierto en el Tribunal Superior vasco sobre qui¨¦n tiene la potestad de prohibir una manifestaci¨®n en la que puedan producirse un delito o alteraciones del orden p¨²blico. Tras la inclusi¨®n a fines de 2000 en el C¨®digo Penal del delito de enaltecimiento del terrorismo (art¨ªculo 578), el m¨¢ximo tribunal vasco dict¨® el a?o pasado varias sentencias en las que manten¨ªa como criterio que la responsabilidad para prohibir las concentraciones o manifestaciones de recibimientos a presos que habitualmente convocaba la ilegalizada Gestoras Pro Amnist¨ªa era que 'cuando la conducta revista caracteres de delito, ser¨¢ en el seno del proceso penal en el que se acuerde la suspensi¨®n' de la manifestaci¨®n. Es decir, era el juez penal y no Interior quien ten¨ªa la potestad.

Por contra, el criterio mantenido por la consejer¨ªa de Interior era que, en virtud de dos art¨ªculos de la ley org¨¢nica de 1983 relativa al derecho de reuni¨®n y manifestaci¨®n, es la autoridad gubernativa -en Euskadi, la Direcci¨®n de Seguridad Ciudadana de Interior- la responsable de prohibir una marcha.

Una de estas resoluciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Superior, en concreto la prohibici¨®n por Interior de un homenaje a un etarra muerto en febrero de 1984 que se iba a celebrar en febrero pasado en Barakaldo, fue recurrida por la Fiscal¨ªa.

El ministerio p¨²blico present¨® un recurso de casaci¨®n ante el Supremo de inter¨¦s de ley. La Sala Tercera del Supremo, en una sentencia emitida el pasado marzo, de la que fue ponente el magistrado Goded Miranda, da la raz¨®n al fiscal y fija como doctrina legal que s¨®lo la 'autoridad gubernativa tiene la facultad de prohibir una manifestaci¨®n si se estima razonadamente que concurren indicios de que pueda ser constitutiva de delito y, como tal, potencialmente generadora de alteraciones del orden p¨²blico, con peligro para personas y bienes'.

El Supremo agrega que, aunque los art¨ªculos 5 y 10 de la mencionada ley org¨¢nica posibilitan bien la suspensi¨®n previa o la prohibici¨®n de la manifestaci¨®n, respectivamente, lo cierto es que en ambos casos los efectos son los mismos: 'Que la manifestaci¨®n no pueda celebrarse legalmente'.