Por el ¨®rdago al v¨¦rtigo

Es preciso dominar la emoci¨®n y releer a un gran vasco que se llam¨® Miguel de Unamuno, en especial aquellos art¨ªculos que escribi¨® tan s¨®lo d¨ªas antes de que estallara la Guerra Civil. El panorama que ve¨ªa ante sus ojos inquietaba al escritor profundamente, hasta la tragedia ¨ªntima. No oteaba esperanzas porque ni siquiera en los temblores revolucionarios que otros percib¨ªan en el horizonte ve¨ªa otra cosa que 'teatralidad' y 'representaci¨®n de un cambio', y no renovaci¨®n o recreaci¨®n de un pueblo. Un p¨¢rrafo en el ¨²ltimo texto que sali¨® de su pluma, tan s¨®lo dos semanas antes del inicio de la contienda, no tiene desperdicio. Se refiere, por descontado, no a un sector de los enfrentados en 1936, sino a ambos y a la vez. Dice as¨ª: 'Y no se habla de ideolog¨ªa, que no hay tal. No es sino barbarie, zafiedad, soecidad, malos instintos y, lo que es -para m¨ª, al menos- peor, estupidez, estupidez, estupidez'. Puede parecer demasiado dram¨¢tico, pero la ilegalizaci¨®n de Batasuna parece haber embarcado a la pol¨ªtica vasca -y a la espa?ola en general- en una espiral de ¨®rdagos. Por fortuna, hay en ellos mucho de esa teatralidad que Unamuno cre¨ªa percibir en 1936, pero no debe olvidarse que tambi¨¦n de aquellos gestos (y de la falta de reflexi¨®n que demostraban) deriv¨® el v¨¦rtigo de la confrontaci¨®n civil.

Cada una de las tomas de posici¨®n puede explicarse de modo individual atendiendo a las razones de quien la ha lanzado sobre el tapete. Se comprende la ilegalizaci¨®n de un partido que ha dado tantas pruebas de identificaci¨®n con el terrorismo, por m¨¢s que sea un exceso el calificativo de 'nazis' aplicado a sus miembros por una jerarqu¨ªa de la justicia como el fiscal del Estado. Pero se debe entender tambi¨¦n el hecho real de la distancia existente entre el juicio de la sociedad vasca y el de la espa?ola sobre la cuesti¨®n. Se comprende que un partido ilegalizado no pueda convocar manifestaciones siquiera sea a trav¨¦s de la interposici¨®n de sus dirigentes como particulares. Pero se tiene que entender que un Gobierno que no est¨¦ de acuerdo con la medida de ilegalizaci¨®n, consciente de que tampoco lo est¨¢ la sociedad que le sostiene, act¨²e con prudencia en el momento de disolverla. Se comprende que un partido ilegalizado no pueda disponer de los recursos que le concede la existencia de un grupo parlamentario. Pero se tiene que entender tambi¨¦n que se sienta como una invasi¨®n de la soberan¨ªa popular que la determinaci¨®n de un juez se imponga a un Parlamento. A?¨¢dase a todo ello un galimat¨ªas jur¨ªdico que ni siquiera los expertos parecen capaces de descifrar de manera clara. Y s¨²mense los gestos, repetidos una y otra vez, muecas que pretenden atemorizar y que no logran, en el espejo del rostro adversario, sino multiplicar la teatralidad. El resultado de conjunto es, de nuevo, zafiedad y estupidez. Conocemos el t¨ªtulo de la obra puesta en escena: se llama confrontaci¨®n civil y, a base de representarla, puede ser que acabemos vi¨¦ndola convertirse en realidad definitiva. Se podr¨ªa pensar que tampoco hay tantos motivos de preocupaci¨®n: a fin de cuentas, forma parte esencial de la pol¨ªtica este g¨¦nero de exhibicionismos. Pero a menudo son peores los intelectuales: lo afirmado sobre la 'ikurri?a' por Juaristi, un excelente escritor, es, adem¨¢s de innecesario, una provocaci¨®n intolerable. Por el momento, los ¨²nicos con motivos para el regocijo, en el pre¨¢mbulo de la funci¨®n, son quienes se ubican en el entorno del terrorismo.

?Ser¨¢ preciso, una vez m¨¢s, decir que al v¨¦rtigo de los ¨®rdagos sucesivos le podr¨ªa sustituir el di¨¢logo? Claro est¨¢ que se puede no hablar, ni siquiera entre los pocos dispuestos a ello: as¨ª sucedi¨® en 1936, con las consecuencias conocidas. ?Habr¨¢ que repetir que las cuestiones derivadas de la divergencia pol¨ªtica no se resuelven por procedimientos de t¨¦cnica jur¨ªdica, por sofisticados que pretendan ser? ?Ser¨¢ necesario recordar que, si aumenta el n¨²mero de decibelios en las respuestas, no crece la claridad sino la confusi¨®n? Urge que quienes pueden y est¨¢n obligados a ello por su funci¨®n de pol¨ªticos hagan lo primero que les corresponde: hablar.